Tomado de Europa Press
Roman, Times, serif»>
Proponen en Congreso español apoyo a Bolaños
Tomado de Europa Press
El grupo parlamentario popular (PP) presentó ayer ante el Congreso una proposición “no de ley” en la que insta al Gobierno español, a respaldar la “legitimidad” del Gobierno del Presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, en medio de la “grave crisis política e institucional” que vive su país y que amenaza, según el PP, “los avances democráticos alcanzados desde principios de los años noventa”.
El Partido Popular solicita que el Gobierno español “respalde la legitimidad ejecutiva del presidente Bolaños () el orden constitucional nicaragüense y la estricta separación de poderes en el país” ante el proceso de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional nicaragüense y que, según el PP, “aspira a quitar al Presidente de la República, en minoría parlamentaria, gran parte de sus poderes ejecutivos y traspasarlos a la propia Asamblea”.
En su proposición no de ley el grupo parlamentario popular solicita también que las autoridades españolas “apoyen el Acuerdo por el Diálogo Nacional en Nicaragua” que el pasado 13 de enero firmaron Bolaños, el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) “de tal forma que se respete el consenso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para la aplicación de cualquier reforma constitucional”.
“El presidente Enrique Bolaños está siendo amenazado con la destitución. Ésta se llevaría a cabo utilizando un Poder Judicial sometido a claros intereses políticos”, denuncia el PP, pidiendo también al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que fomente en los foros internacionales —particularmente ante la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA)— el interés por la situación política de Nicaragua “para que la comunidad internacional se implique directamente en la búsqueda de soluciones”.
El PP pide al Gobierno “desarrollar su política exterior hacia Nicaragua siguiendo el espíritu de la declaración especial sobre Nicaragua aprobada por el SICA (Países de la Integración Centroamericana) el 15 de diciembre del 2004”, en la que llamó a no alterar el principio de separación de poderes del Estado en Nicaragua.
Asimismo, insta al Gobierno a seguir “la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) del 6 de enero del 2005”.