LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD

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desde que nuestras instalaciones fueron tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann fue detenido.

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¿Naufraga el “diálogo nacional”?

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¿Naufraga el “diálogo nacional”?





En LA PRENSA del sábado recién pasado se informó que “el secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, advirtió que el diálogo entre las tres fuerzas políticas del país, como lo son el Ejecutivo, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), puede naufragar».

Pero, ¿a quién, aparte de las cúpulas del Gobierno, el FSLN y el PLC, le importa que naufrague o no ese “diálogo nacional”, en el que la nación no participa de ninguna manera y es sólo una instancia para buscar el entendimiento entre cúpulas que luchan por el poder? Además, ¿cómo va a resolver los problemas de Nicaragua este diálogo del Gobierno con las cúpulas del FSLN y el PLC, si éstos son precisamente el problema y no la solución? Son un problema hasta para sus mismos partidos, como lo demuestran las exclusiones de Herty Lewites y Eduardo Montealegre.

Desde que se dio a conocer y se firmó en Casa Presidencial el Acuerdo por el Diálogo Nacional, el 12 de enero, se tuvo la percepción de que el presidente Bolaños había claudicado ante el caudillo sandinista, pues aceptó las reformas constitucionales que había rechazado inclusive en instancias internacionales, porque si se ejecutan alterarán el balance de poderes en el que se funda el sistema democrático de gobierno.

De manera que la percepción que ha quedado en la ciudadanía con este entendimiento de cúpulas es que al presidente Enrique Bolaños y su equipo de gobierno, lo único o lo que más les interesaba, realmente, era que los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán les “perdonaran la vida”, o sea que los dejaran seguir gobernando —aunque sea con las atribuciones presidenciales cercenadas— hasta terminar su período en enero del 2007.

Acerca de las razones que tuvo el presidente Bolaños para aceptar las reformas constitucionales, circulan distintas versiones, a falta de una información oficial clara y veraz sobre lo que en realidad pasó y por qué ocurrió. Se dice, por ejemplo, que los negociadores del Gobierno no tuvieron la capacidad y astucia política que se requieren en estos casos; que la OEA advirtió al Gobierno que no daría un paso más en su defensa; que los mandos militares y policiales no le dieron el respaldo necesario para enfrentar una situación de emergencia; que los representantes de los organismos internacionales lo persuadieron de que debía ceder ante el FSLN y el PLC a cambio del compromiso de respetar su período constitucional; y que los empresarios privados también le zafaron el hombro, horrorizados ante la posibilidad de un mayor agravamiento de la crisis política.

Como sea, el hecho inobjetable es que las reformas constitucionales ya están aprobadas y que se ha fortalecido la dictadura corrupta y bicéfala, sandinista-liberal, que manda desde la Asamblea Nacional.

No podemos dejar de señalar que el Gobierno ni siquiera fue capaz de introducir en ese diálogo la exigencia de anular la reforma del Artículo 68 de la Constitución, que atenta contra la libertad de expresión, a pesar de que esta reforma se puede revertir sin problemas porque todavía no ha sido aprobada en segunda legislatura. Lo único que consiguió el presidente Bolaños, aparte del compromiso de los caudillos sandinista y liberal de que van a respetar su período constitucional de gobierno, fue la posibilidad de discutir —pero sólo de discutir— algunos temas de interés nacional que él ha planteado para la reforma democrática del Estado, como por ejemplo la no reelección presidencial, el sistema de elección directa de los diputados y la profesionalización de la administración de justicia. Sin embargo ni siquiera la discusión de esos puntos es segura, pues como el mismo secretario de la Presidencia se ha quejado, el llamado diálogo nacional podría naufragar en cualquier momento.

Sin embargo la ciudadanía y los movimientos cívicos tienen que seguir luchando por la celebración de un referendo revocatorio de las reformas constitucionales. O por una Asamblea Constituyente, para tener la posibilidad de llevar a los poderes del Estado a personas que sean verdaderamente capaces, profesionales y honorables, que las hay, y muchas, sin dudas de ninguna clase.

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