- Unos 200 somoteños le entregaron dinero con la esperanza de tener una vivienda
William Aragón RodríguezCORRESPONSAL/ MADRIZ
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Enjuiciarán a supuesto abogado acusado de estafa
 | Unos 200 somoteños le entregaron dinero con la esperanza de tener una vivienda |
William Aragón Rodríguez
CORRESPONSAL/ MADRIZ
El Juez de Distrito Penal de Juicio de Somoto, Sabino Hernández Medina, programó para el próximo 23 de febrero el juicio oral y público contra el señor Roberto Aníbal Díaz, acusado del presunto delito de estafa en contra de más de 200 personas.
A Roberto Díaz, de 64 años, se le acusa de haber ofrecido un proyecto de construcción de viviendas en varios municipios del departamento de Madriz, hace más de un año, y haber solicitado dinero a familias pobres, sin que hasta la fecha se edificara una sola casa.
82 DENUNCIAS
En la Fiscalía departamental de la ciudad de Somoto, rola un voluminoso expediente, conteniendo unas 82 denuncias por el supuesto delito de estafa interpuestas ante ese Ministerio Público por igual número de personas afectadas.
El fiscal auxiliar Marvin Antonio Delgadillo Salgado, dijo que aunque sólo se tiene esa cantidad de denuncias, esto no significa que no existan más personas estafadas por Roberto Aníbal Díaz, a quien se le señala de hacerse pasar como abogado, sin estar autorizado por la Corte Suprema de Justicia.
El funcionario público presume que más de 200 personas fueron estafadas por Díaz, a quien le entregaban entre 1,500 y 2,000 córdobas, con el cuento de que construiría las casas de manera gratuita, por lo que se calcula haya recibido unos 200 mil córdobas.
Este caso inició en el mes de mayo del 2004, cuando se interpusieron las primeras denuncias en contra de Díaz, ante la juez de Audiencia, Dolores Ubau. Y en el mes de diciembre, la juez suplente de Audiencia, Nerida Moreno, determinó basándose en el Artículo 167 del Código Procesal Penal, aplicar las medidas cautelares, al no permitirle al acusado salir del municipio de Somoto.
SE DEFIENDE
Roberto Díaz, en declaraciones a LA PRENSA, dijo que en Somoto él está a cargo de impulsar el proyecto denominado Una vivienda digna, para un nicaragüense pobre, mientras señaló que el organismo tiene su sede en Managua, y su representante es un ingeniero de nombre Vladimir Largaespada.
Refirió que fue en la capital que se iniciaron las pláticas con varias personas, incluyendo al ingeniero a quien conoció en un restaurante llamado La Botija. “Me ofrecieron impulsar el proyecto de unas 164 viviendas, posteriormente nos reunimos aquí (Somoto), donde me dieron el nombramiento ante tres notarios públicos”, explicó.
Agregó que pidió a los beneficiados una aportación voluntaria para el traslado del material de construcción al terreno donde se les harían las viviendas. “Yo le entregué a cada uno un recibo por lo aportado, además, les dije que si tenían intención de retirarse debían redactar una cartita para la devolución de su dinero”, manifestó.
Prometió entregar antes del 23 de febrero, día en que se celebra el juicio oral y público, todo el dinero a los afectados, y únicamente se quedará con las personas que deseen continuar con el proyecto y que confían en él.
DICE SER MAESTRO Y ABOGADO
Varios de los afectados han solicitado que la delegación municipal y departamental del Ministerio de Educación (MECD) se pronuncie sobre el caso, ya que el acusado lleva 11 años siendo director vespertino y nocturno del Centro de Educación de Adultos (CEDA), de Somoto, a pesar del proceso en su contra. Roberto Díaz afirma tener 32 años de ser docente normalista.
También se conoció que había ofrecido a cuatro personas conseguirles visas norteamericanas, asegurando que tenía amistad con el cónsul americano. Entre estos casos se encuentra el de una joven que le habría entregado la suma de 800 dólares, a cambio de que el procesado le entregara una visa para viajar a Estados Unidos.
Al respecto, el hijo de Roberto Aníbal Díaz, quien es abogado en Nueva Segovia, le entregó 500 dólares, quedando pendiente de cancelarle la totalidad en los últimos días de enero. El caso es del conocimiento del Ministerio Público y del Juzgado donde se ventila la acusación, al igual que en la Policía, donde interpuso la denuncia la afectada.