Roman, Times, serif»>
¿Se hará justicia?
Hoy, a las 9:00 a.m. debe llevarse a cabo la audiencia especial en el Juzgado de Distrito de Juigalpa, Chontales, en la que la juez Rosa Inés Osorio debe dictar sentencia en el proceso que se le sigue al individuo Eugenio Hernández González, dirigente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el municipio chontaleño de El Ayote, acusado por el asesinato de la periodista María José Bravo Sánchez.
María José, corresponsal de LA PRENSA y el Diario Hoy en Chontales, fue asesinada el 9 de noviembre del año pasado mediante un balazo que le destrozó el corazón, cuando se encontraba en las afueras del Consejo Departamental Electoral, en Juigalpa, recabando y proporcionando información sobre el escrutinio de la elección municipal en el municipio chontaleño de Santo Tomás.
Cabe recordar que la elección en Santo Tomás, Chontales, había concentrado la atención pública porque según informaciones recabadas y dadas a conocer por María José Bravo y otros periodistas, el FSLN y el PLC —partidos que controlan los organismos electorales— estarían haciendo un fraude para despojar al candidato de la alianza Apre, como en efecto ocurrió finalmente, igual que en Cuapa, Granada y otros lugares del país.
De manera que ese atropello a la voluntad popular mayoritaria expresada en las urnas electorales se consumó sobre la sangre de la joven periodista María José Bravo, quien a pesar de que apenas estaba iniciando su carrera ya atisbaba un futuro prometedor, en tanto que como persona humana era madre soltera de un casi bebé de tres años de edad. De manera que el asesinato de María José Bravo Sánchez fue un triple crimen contra los valores y bienes jurídicos más caros de la sociedad y la humanidad: la libertad de expresión, el derecho a la maternidad y el derecho a la vida.
Ahora, al llegar el día de la audiencia especial en la causa que se le sigue al sujeto que mató a María José Bravo, esperamos que se haga verdadera justicia. Ciertamente, a pesar de la realidad injusta que impera en el país por lo menos una llamita de esperanza se mantiene encendida en los corazones de los familiares, amigos, compañeros de trabajo y de profesión de María José, y seguramente de toda la gente que apoya nuestra demanda de justicia.
No podemos ser muy optimistas, porque la administración de justicia en Nicaragua está pervertida por la política y la corrupción partidista. Y si quien mató a María José es un activista de uno de los dos partidos que controlan el Poder Judicial, partido que tiene en sus antecedentes agresiones contra la libertad de prensa incluyendo atentados físicos contra periodistas, no es mucho lo que se puede esperar de la autoridad judicial.
No podemos ser optimistas porque ha habido señales claras de que al acusado se le quiere imponer sólo una pena mínima, más bien simbólica, inclusive absolverlo. Eso es lo que se deduce del inaudito cuento de que la muerte de María José habría sido accidental, que el revólver se disparó al caer “casualmente” al piso y la bala que la mató resultó ser un proyectil con habilidades circenses, maromero y saltarín, que de rebote en rebote llegó a alojarse mortalmente en el corazón de la víctima.
No podemos ser optimistas porque el Ministerio Público acusó al criminal por homicidio doloso, en vez de asesinato, a pesar de que las declaraciones de los testigos presenciales demostraron que hubo premeditación y alevosía en el atentado mortal contra María José Bravo.
Pero es la juez Osorio la que debe decidir si acepta la petición del acusado, de que se remita el caso a un juzgado local en el que recibiría a lo sumo una pena menor que correccional (de 1 a 3 años de cárcel, con derecho a libertad bajo fianza), o juzgarlo hoy mismo por la acusación de asesinato que presentó la parte acusadora que en este caso representa la conciencia nacional.
Sin duda que la juez Osorio tiene ante sí una enorme responsabilidad histórica. El hecho de que en general el Poder Judicial esté pervertido por la política partidista no excluye que haya jueces capaces de poner la ley, la justicia y su honestidad personal, por encima de intereses y presiones partidistas. Y esperamos que tal sea el caso de esta juez chontaleña. No queremos venganza pero tampoco impunidad, sólo justicia.