Leonel Arana*
La sociedad nicaragüense y su diáspora observan con alarma y preocupación el acontecer político de la Patria.
Las cúpulas de partidos políticos de ideologías opuestas tiran al canasto sus principios y se unen alrededor de ambiciones partidarias y personales en perjuicio del país, atropellando nuestras nacientes instituciones, la voluntad popular y la Constitución.
En un acto insólito y sin precedentes un reo común y el dirigente de un partido político firman un comunicado conjunto en el que buscan reformar el Estado para repartirse nuevas cuotas de poder, haciendo chacota de la dignidad nacional y violando abiertamente la ley y el Artículo 47 de la Constitución.
Las instituciones encargadas de velar por la aplicación de las leyes son las primeras en desconocer la obligatoriedad de los tratados internacionales en vigencia, confirmando otra vez que estamos muy lejos de ser una sociedad responsable.
El desorden amenaza con matar de raíz el débil despegue económico y con apagar la luz de la esperanza para millones de conciudadanos que bregan diariamente por llevar pan a su mesa y por construir una sociedad democrática.
Ante esta situación de caos se hace imperativa una consulta popular o Referendo, tal como lo establece el Artículo 2 de la Constitución, por medio del cual sea el pueblo quien decida los cambios a nuestra Carta Magna y legitime los acuerdos entre los partidos.
Solamente el pueblo a través de una consulta directa debe determinar: las responsabilidades y límites de cada poder del Estado; el número y la forma de elección de los diputados ante la Asamblea Nacional; la forma en que los partidos políticos eligen sus autoridades y candidatos.
* Movimiento Nueva Nicaragua / Miami, EE.UU.