Roman, Times, serif»>Editorial
Después del frustrado diálogo, ¿qué?
Desde la firma del acuerdo del 12 de enero corriente entre el Presidente de la República y el líder sandinista Daniel Ortega —al que se adhirió luego el PLC—, se detectaron incongruencias e inclusive ilegalidades en su texto. Sin embargo, la sola firma del acuerdo aplacó, aunque fuera efímeramente, el nerviosismo existente en los círculos que se han preocupado por el enfrentamiento prolongado de los poderes del Estado.
Pero poco después volvió la incertidumbre, al romper la Asamblea Nacional el compromiso de aprobar el artículo transitorio que fue acordado para obligar al consenso en la implementación de todos los artículos del Acuerdo. Y si bien es verdad que al día siguiente el PLC y el FSLN rectificaron, presionados por los testigos, dejaron la impresión de ser unos irresponsables y que esa mala conducta la pudieran repetir en cualquier momento. Y así sucedió cuando ambos partidos desacataron el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), usando de instrumento a la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas de que aquel tribunal regional tiene jurisdicción y competencia para intervenir cuando hay conflicto entre poderes del Estado en el país respectivo.
No obstante, alegando la inquietud que proseguía por el largo impasse entre Gobierno y Asamblea, el Ejecutivo concurrió al diálogo tripartito (con el FSLN y el PLC) sin renunciar por ello a la demanda introducida ante la CCJ. Sin embargo ahora de nuevo el PLC y el FSLN utilizan el diálogo para rechazar de hecho lo que firmaron y como táctica para desanimar a la sociedad y que ésta no siga movilizándose en busca de una solución efectiva a la crisis.
En realidad, como se dice en el artículo ocho del Acuerdo del 12 de enero, todos los nombramientos en las instituciones mencionadas en dicho documento (Corte Suprema, Contraloría, Superintendencia de Servicios Públicos, etc.) deberán ser de común acuerdo entre las tres partes, procedimiento que ahora el FSLN y el PLC rehúsan honrar. De manera que el consultor del PNUD y redactor de ese artículo, el ex senador uruguayo Manuel Flores, debería interpretar ese texto que según el Gobierno encarna el espíritu del Acuerdo, a fin de que el asunto quede aclarado.
Esta situación no debería manejarse como si el interés de los dialogantes fuese únicamente repartirse cuotas de poder en tajadas iguales, ni tampoco como una condescendencia del FSLN y el PLC para tranquilizar al presidente Enrique Bolaños, perdonándole la vida de su período de gobierno. Lo fundamental es que cumplan con su palabra y escojan a personalidades de intachable conducta, capacidad profesional y experiencia, para ocupar magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, Superintendencia de Servicios Públicos, etc., sin importar quien las propone, siempre que sean personas idóneas para la posición respectiva y concurran todos en su aceptación. Incluso en ese diálogo podrían los interlocutores coincidir en reformas a la Ley Electoral y a la propia Constitución de la República, como por ejemplo la no reelección absoluta.
Si fallan y el diálogo tripartito no llega a nada, el destrabe sólo podría lograrse con la “fórmula ucraniana”, que combinó la fuerza de la sociedad movilizada con la mediación internacional, de manera que la opinión pública pudo expresar su voluntad y la crisis de Ucrania se resolvió democráticamente. En el caso de la crisis nicaragüense y de la búsqueda de las soluciones democráticas apropiadas, no se trata de acabar con el PLC ni con el FSLN, lo cual es, además, imposible. El dilema es mucho más importante: ¿queremos seguir gobernados por caudillos o deseamos un Estado de Derecho en el que impere la ley?
Hay quienes dudan de que la sociedad pueda desempeñar ese papel importante. Pero quienes dudan deben convencerse que las expectaciones de las clientelas incondicionales de los caudillos, explicables hace 25 años, son ahora diferentes. Las nuevas fuerzas sociales ya no quieren ser gobernadas por autoridades que actúan discrecionalmente, ni por familiarismo, amiguismo y demás padrinazgos, sino que exigen que los nombramientos de quienes deben ejercer los cargos estatales sean por méritos personales y por medio de concurso o competencia.
Tampoco quieren que los candidatos sean “electos” por dedazo y exigen elecciones primarias. Los casos de Montealegre y Lewites son claramente demostrativos al respecto.