Eduardo Enríquez
La verdad es que resulta difícil para los maestros aceptar pasivamente que no hay dinero para el aumento que están necesitando cuando el que se los dice llega en una gran camioneta de lujo y vestido con un traje recién salido del “dry cleaner”.
Pero eso tampoco justifica que los diputados aprovechen el hambre del magisterio para que, desde sus butacas italianas y enfundados en sus trajes almidonados decidan hacer y deshacer con el Presupuesto, a sabiendas de que lo único que están creando son problemas.
Los maestros, los trabajadores de la salud y los policías necesitan ganar mejor, y no 700 córdobas más, sino que un salario decente. Y si uno examina la gran cantidad de gastos superfluos en el Estado, no se puede decir que no hay plata, lo que pasa es que la plata la manejan como botín.
Y cuando digo “la manejan” hablo de liberales, sandinistas y del mismo Gobierno.
El ministro de Hacienda dice que para satisfacer las demandas hay que hacer “cambios estructurales”, pero tanto en el Gobierno como en las bancadas esos “cambios” sólo significan más impuestos como los que ya nos pusieron hace dos años.
Ponen impuestos porque la propuesta que solucionaría las cosas es para los políticos que viven del erario como el ajo para Drácula.
Por ejemplo, se pueden eliminar esos 400 mil córdobas que cada diputado recibe para “proyectos sociales”. Eso parece que ya tiene el consenso de los diputados, pues si pueden quitar los fondos a la Primera Dama (19 millones de córdobas), pues igual podrían quitar los fondos a los diputados, que también son para “proyectos sociales” (en total 36 millones), pues “para esos el Gobierno tiene suficientes entidades”, como dijo el diputado Bayardo Arce.
El dinero para los maestros se puede sacar también reduciendo la Asamblea Nacional a 50 diputados; eliminando los suplentes en todos los poderes; reduciendo en el Estado la asignación de 200 galones de gasolina al mes por diputado; reduciendo la Corte a nueve magistrados, el Consejo a tres y la Contraloría a un contralor.
Además, poniendo como tope salarial en el Estado siete mil dólares —estipulándolo sí como una cantidad determinada de salarios mínimos—, cambiando la camionetona de rigor por un carro de cuatro puertas, y eliminando las pensiones vitalicias para presidentes y vicepresidentes.
Con eso llegamos a los 300 millones de los maestros y hasta podemos cubrir la demanda de los trabajadores de la salud, resultarían afectadas menos de 150 personas en todo el país (todos políticos) y no habría más impuestos.
Esa propuesta no se puede esperar de los actuales políticos, pero si alguno de los aspirantes a la Presidencia quiere hacer la diferencia, él y sus candidatos a diputados deben llevar esa oferta como plataforma para el 2006. Pues hay plata, lo que no hay es voluntad.