- La frase fue pronunciada por el presidente guatemalteco Romeo Lucas García, al saber que un grupo de campesinos se había tomado la Embajada de España. A 25 años de aquella masacre, la impunidad continúa
Carlos ArrazolaEFE REPORTAJES
La tragedia es revivida por el cineasta español Lluis Crous, quien presentó el documental sobre estos hechos, Saber quién echó fuego ahí, al conmemorarse 25 años del siniestro.
El filme relata en forma cronológica, con testimonios escritos de testigos y sobrevivientes, uno de los más sanguinarios episodios de la cruenta guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, la cual cobró la vida de más de 200,000 personas, en su mayoría indígenas pobres habitantes de las áreas rurales del país.
El documental de Crous se presentó por primera vez en la jornada de conmemoración de los 25 años del siniestro, que fue impulsada por la Coordinadora 31 de Enero, una coalición de ONG, grupos de derechos humanos y familiares de víctimas de la represión, la cual fue inaugurada el pasado 26 de enero en el Paraninfo universitario, en el Centro Histórico de la capital guatemalteca.
Saber quién echó fuego ahí, según las palabras de su creador, “es un relato sobre el asalto a la Embajada española en Guatemala por parte de los cuerpos de seguridad del presidente Romeo Lucas García en 1980. Un recorrido por un camino lleno de sombras que se saldó con 37 muertos para los que nunca hubo justicia, una reflexión sobre algo tan crucial como la violación del Derecho Internacional”.
A lo largo de los 50 minutos del documental se revive la forma en que el 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos indígenas del departamento de Quiché (noroeste), con el apoyo de estudiantes universitarios, ocuparon la sede de la Embajada de España en la capital guatemalteca, como medida desesperada para presionar al cese de la represión militar en sus comunidades.
Antes de ello, los campesinos habían visitado el Congreso, para pedir a los diputados que intercedieran ante el Ejército, para liberar a siete compañeros suyos secuestrados por un grupo de soldados.
En respuesta a esa petición, los diputados, en su mayoría partidarios del presidente Romeo Lucas García, obligaron a los campesinos a abandonar el palacio legislativo, mientras que el Ejército incrementó las acciones represivas en contra de los indígenas del Quiché.
Según el informe Guatemala, memoria del silencio, presentado en febrero de 1999 por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la cual bajo la dirección de las Naciones Unidas investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra interna, a partir de noviembre de 1979 decenas de pobladores, acusados por el Ejército de pertenecer a los grupos guerrilleros, fueron secuestrados y posteriormente asesinados.
Catequistas, religiosas y sacerdotes españoles que acompañaban a los campesinos en las áreas de conflicto, también se convirtieron en objetivo de la represión militar. Muchos de éstos recibieron amenazas de muerte y coacciones para que abandonaran sus parroquias.
“NO NOS HA QUEDADOOTRA ALTERNATIVA”
El 30 de enero de 1980, el entonces embajador español, Máximo Cajal y López, viajó al Quiché para reunirse con los sacerdotes españoles afectados, “para decirles que si alguno se sentía amenazado, él podría ayudar a sacarlos del país”, según el testimonio dado por uno de esos sacerdotes a la CEH.
Previo a ello, un grupo de representantes de los campesinos afectados realizó una segunda visita a la capital, para denunciar la represión de que eran víctimas. Acudieron a las redacciones de los diarios, a la oficina de la Organización de Estados Americanos, a los partidos políticos de oposición y a la Iglesia Católica.
En los lugares visitados recibieron muestras de solidaridad, pero ninguna acción concreta para apoyarlos en sus denuncias. Sólo un grupo de estudiantes accedieron unirse a ellos para, en una medida extrema, “hacer la denuncia a nivel internacional”, por medio de la toma de la Embajada española.
Doce personas se encontraban dentro de la sede diplomática la mañana en que los campesinos y estudiantes realizaron la toma. El embajador Cajal y López atendía en su despacho al ex canciller guatemalteco Adolfo Molina Orantes, al ex presidente Eduardo Cáceres y al profesor universitario Mario Aguirre, quienes coordinaban con el diplomático un acto académico que sería apoyado por la Embajada.
“No nos ha quedado otra alternativa que permanecer en la Embajada de España, como la única manera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y a los pueblos del mundo”, decía la declaración publica que los campesinos entregaron a Cajal y López.
El embajador ofreció a los campesinos divulgar sus denuncias a nivel internacional, así como pedir a las autoridades de Gobierno que retirarán a los agentes de la Policía Nacional, que para entonces ya rodeaban la sede diplomática, que se retiraran para evitar un enfrentamiento.
Sus peticiones no fueron escuchadas. Un testigo dijo a la CEH, que al haber sido notificado por el entonces ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, el presidente Lucas García le ordenó a éste: “Sáquenlos a como dé lugar”.
En minutos, decenas de agentes de la Policía Nacional y de la desaparecida Policía Judicial, con armas de fuego en mano y un artefacto que se presume era un “lanzallamas”, ingresaron por la fuerza al edificio de la Embajada y atacaron a los ocupantes, incluidos los rehenes.
Previo al inicio del incendio, y en medio de la confusión, el abogado Mario Aguirre logró escapar del lugar. Entre las llamas y ya con varias quemaduras, lo hizo Cajal y López.
“Cuando la puerta se derribó, el sofá y la consola cayeron: todos retrocedimos unos pasos y, súbitamente, se produjo una enorme llamarada en la puerta, después de una leve explosión como una detonación amortiguada. (…) Vi mis manos ardiendo. No lo pensé dos veces. Salté hacia delante por entre el fuego”, declaró el Embajador al desaparecido semanario español Cambio 16.
Los cuerpos de las 37 personas que permanecían dentro de la Embajada, entre ellos los de los españoles Jaime Ruiz del Árbol, secretario de la sede diplomática; Felipe Sáenz Martínez, canciller de la Embajada; y el de María Teresa de Villa, quien había acudido a realizar trámites personales, empezaron a ser consumidos por las llamas, sin que la Policía permitiera el ingreso de los Bomberos.
El campesino Gregorio Yujá Xoná fue el único que sobrevivió al siniestro. Con quemaduras y heridas de gravedad fue trasladado a un hospital privado junto con el embajador Cajal y López. Horas después un grupo de hombres armados, supuestos integrantes de las fuerzas de seguridad, lo secuestraron. Dos días más tarde su cuerpo con señales de tortura fue lanzado frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos.
Para garantizar la seguridad de Cajal y López, éste fue trasladado en calidad de huésped a la casa del entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala.
UN CASO SIN RESPONSABLES
Ese 31 de enero de 1980 se intensificó la represión militar en contra de los indígenas del Quiché. Durante los siguientes tres años, según la CEH, 344 matanzas colectivas se registraron en ese territorio. Los muertos en estos hechos superan los 50,000.
La justicia guatemalteca nunca procesó a los responsables. Esto motivó a la Premio Nobel de la Paz 1992 y líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú –cuyo padre, Vicente Menchú, falleció en el siniestro–, a invocar la justicia universal.
En diciembre de 1999, Menchú presentó una querella penal por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo de Estado ante la Audiencia Nacional de España.
La querella se dirigió contra tres ex jefes de Estado de Guatemala: Romeo Lucas García; José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Óscar Mejía Víctores (1983-1986).
También se incluyó en ella a los ex ministros de Defensa, Benedicto Lucas y Ángel Aníbal Guevara; el ex ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez; el ex jefe de la Policía Nacional, Germán Chupina, y Pedro Arredondo, ex jefe de una unidad de investigaciones de la Policía.
En diciembre pasado, un juez de la Audiencia Nacional de España, solicitó a México la captura de Donaldo Álvarez, quien se supone radica en ese país desde hace 23 años, sin embargo, aún no ha sido detenido. La matanza en la Embajada de España aún continúa en la impunidad.