Marcela Sánchezwashingtonpost.com
En un día normal uno puede llegar de la capital boliviana, La Paz, a su Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en 35 minutos. En un día menos normal —de los cuales ha habido muchos últimamente— tal vez no llegue nunca.
Entre La Paz y el aeropuerto está El Alto, la ciudad del altiplano andino con un descontrolado crecimiento de población que supera los 800,000 habitantes, en su mayoría pobres. El Alto es un caldero de aflicción y desconfianza, simbólico de la frustración que parece encontrarse en casi toda Bolivia. Y cuando esas frustraciones bullen, los alteños forman barricadas de piedras y neumáticos encendidos en la vía que conduce al aeropuerto, aislando de ese modo a la capital del resto del mundo.
En medio de todo esto se encuentra José Luis Paredes, el alcalde de El Alto, recientemente reelegido y en su momento también agitador de multitudes. Esta semana estuvo en Washington con la misión de buscar inversión y apoyo para su ciudad, donde tres de cada cuatro residentes en edad de trabajar no tienen un trabajo formal. A pequeña escala, Paredes está tratando de hacer lo que todo su país necesita: tender un puente entre la necesidad indudable de dinero extranjero y las demandas y preocupaciones básicas de los bolivianos.
No es precisamente un trabajo fácil, ni siquiera en un tema tan esencial como el agua. A comienzos de los noventa, Bolivia tenía el peor servicio de agua y alcantarillado de América Latina. La compañía de agua municipal de La Paz, encargada de suministrar el servicio a El Alto, era el ejemplo perfecto de “una empresa de servicio público politizada, con personal excesivo e incompetente”, según el Banco Mundial.
En 1997, cuando Bolivia estaba convirtiéndose en el modelo de las reformas neoliberales en América Latina, el Gobierno privatizó la empresa y otorgó un contrato por 30 años a Aguas del Illimani, una compañía controlada por Suez Lyonnaise des Eaux de Francia. Aguas del Illimani se comprometió a lograr la mayor expansión de la red de agua en El Alto y por varios años la inversión creció y el servicio de agua mejoró.
El mes pasado, manifestantes en El Alto, cerraron nuevamente la vía al aeropuerto. Según Paredes, la gente de El Alto estaba hastiada con los elevados costos de conexión (460 dólares en una ciudad donde el ingreso anual promedio es 600 dólares), el incumplimiento en la expansión del servicio y el rechazo a hacer mayores inversiones en infraestructura. La protesta forzó al presidente Carlos Mesa a cancelar el contrato.
La privatización promete mayor eficiencia y reduce costos. En ese sentido, Aguas del Illimani tuvo bastante éxito. Pero para los líderes nacionalistas e indígenas que celebraron la revocación del contrato, la posibilidad de que el servicio de agua empeore en el futuro no es nada comparado con lo que perciben como una continua renuncia a más poder —y a más recursos naturales— para dárselos a otros, particularmente extranjeros.
Hace apenas 15 meses, los manifestantes de El Alto forzaron al predecesor de Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada, a renunciar. Sánchez de Lozada veía correctamente los inmensos beneficios que obtendría Bolivia si exportara gas natural a México y Estados Unidos. Pero cometió los tres pecados bolivianos: escogió exportarlo por Chile —el enemigo acérrimo de Bolivia—, negoció con multinacionales y fracasó en convencer a la mayoría en su país de que tenían más que ganar que perder.
El Alto no tiene gas natural, pero Paredes está enfrentando las mismas fuerzas sociales que Sánchez de Lozada no pudo manejar. Está plenamente consciente de que sus esperanzas de volver a ver un inversionista extranjero en su ciudad dependerá de una resolución “decorosa” al tema del agua. Puede terminar repitiendo algunos de los errores que cometió Sánchez de Lozada o puede considerar un modelo que ya funcionó bien en su país.
Hace 25 años, los residentes de la ahora rica ciudad de Santa Cruz cambiaron la empresa de agua pública por una cooperativa de agua que debía ser manejada con la eficiencia de una empresa privada pero con la meta de servir en vez de producir ganancias. Hoy la compañía, cuyos dueños son los mismos usuarios, se enorgullece de tener una de las mejores manejadas empresas de servicio público de América Latina.
La comunidad que representa Paredes tiene las mismas necesidades pero no los mismos recursos económicos. Paredes vino a Washington para buscar apoyo de quienes sí los tienen —la administración Bush, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La pregunta es si la administración y las instituciones financieras están listas para aceptar que la privatización agresiva —el modelo que ha sido la doctrina de Washington— no ha sido una panacea en Bolivia y, de hecho, ha fracasado.
En busca de apoyo La comunidad que representa el alcalde Paredes, El Alto, tiene las mismas necesidades pero no los mismos recursos económicos de la rica Santa Cruz. Paredes vino a Washington para buscar apoyo de quienes sí los tienen, la administración Bush, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La pregunta es si la administración y las instituciones financieras están listas para aceptar que la privatización agresiva —el modelo que ha sido la doctrina de Washington— no ha sido una panacea en Bolivia y, de hecho, ha fracasado.