- Pero las autoridades aún noordenan la captura de lostraficantes de maderas preciosas
José Adán Silva
El castigo que piden no es por el lucro obtenido del tráfico ilegal de maderas preciosas, sino por la destrucción de una de la últimas reservas naturales del continente: Bosawas.
La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente acusó a cuatro hombres a quienes la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua les decomisó varios camiones cargados con árboles de madera preciosa que, según las investigaciones, fueron cortados ilegalmente en la reserva de Biosfera de Bosawas.
Según el procurador ambiental Lisandro de León Mairena, el Estado acusó a cuatro hombres en los juzgados del municipio de Siuna, en el Triángulo Minero ubicado en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
DESTRUCCIÓN CLANDESTINA
Los acusados son Sergio Manuel Vega, Ángel Martínez, Guillermo Martínez y Rufino Barro Barcios.
Al primero le capturaron el 26 de enero, mediante un operativo conjunto de la Policía y el Ejército, varios camiones con 5,406 pie tablares de madera extraída de la zona núcleo de Bosawas.
A los otros dos de apellidos Martínez las autoridades, auxiliadas con guardabosques y personal de las alcaldías locales les capturaron el pasado 29 de enero un cargamento de 22,810 pie tablares de madera, que también fue sacada de la zona núcleo de la reserva.
Asimismo el pasado 4 de febrero la Policía y los inspectores forestales, detuvieron a Rufino Barro Barcios, a quien le encontraron un cargamento de 948 pie tablares de árboles de madera preciosa que fueron cortados de manera clandestina en la comunidad indígena de Sikilta, ubicada en los alrededores de la zona núcleo de Bosawas.
Según el Procurador Ambiental, ninguna de estas personas tenía permiso para el corte y tráfico de madera, y mucho menos para sacarlas de la reserva de Bosawas, de la cual por ley no se puede extraer madera porque es área protegida por el Estado, en base a acuerdos internacionales.
De acuerdo al procurador De León Mairena, los daños económicos causados al Estado por la evasión de impuestos y burla de los controles y permisos para el tráfico de madera ascienden a casi medio millón de córdobas.
Pero a juicio del procurador, lo más grave es el daño ecológico causado en la reserva, donde para extraer esa madera arrasaron con unas 30 hectáreas de bosques vírgenes de la zona núcleo.
ACUSACIONES CIVILES Y CRIMINALES
La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente acusó a los traficantes de madera tanto por la vía civil, porque evadieron controles forestales y penetraron sin permiso a zonas bajo resguardo estatal; y por la vía penal porque usurparon el dominio público, dañaron el patrimonio del Estado, además de la acusación de hurto con merodeo y asociación e instigación para delinquir.
El juicio lo llevará el procurador del Triángulo Minero, Julio César Rodríguez, quien tiene orientaciones de pedir la captura de los acusados, solicitar el decomiso a favor del Estado de los vehículos y resguardar la madera preciosa.
La Procuraduría Ambiental denunció que los traficantes de maderas preciosas depredan de manera “alarmante y desenfrenada” los últimos bosques que le quedan a Nicaragua.