Pedro Rafael Gutiérrez Doña
La muerte de tres personas en Chinandega, el miércoles de la semana pasada, trae a la vitrina nacional la problemática de la invasión a la propiedad privada. Grupos organizados de personas ubican las propiedades “calientes” para invadirlas y convertirlas a la postre en un rentable negocio.
Por deducción lógica infiero que lejos de ser una problemática generalizada, los precaristas salen de las propiedades donde viven, —en muchos casos las alquilan— para ingresar a las nuevas, levantar un rancho, sembrar algunos árboles frutales y cercar. Luego, asesorados por abogados corruptos, levantan un plano catastral, redactan un documento “legal” y, por estar “de buena fe”, reclaman derechos de posesión o venden en lotes la propiedad a incautos.
Lo más interesante de esta situación es que algunos políticos del país llamados “defensores de los pobres”, unen argumentos para vociferar contra el Gobierno por la carencia de una política para solucionar el problema de la vivienda, con el claro fin politiquero de que pongan los ojos en ellos, como los salvadores de la realidad.
Si bien es cierto que la falta de viviendas en el país es una prioridad a la que hay que meterle mano, el Gobierno debe tener claro que las acciones llevadas a cabo por piratas de la propiedad no deben ser toleradas, con el agravante que si ceden en su modus operandi la propiedad privada quedará al garete, desprotegida.
Por otro lado, las autoridades deben actuar apegadas estrictamente a derecho, respetando hasta el último momento el derecho a la vida que está sobre cualquier demanda por un pedazo de tierra.