Thomas Salomón Ríos Escobar
Los funcionarios públicos —altos y medianos— tienen varios años de hacer la pantomima de bajarse el salario. Lo primero que hacen es mucho ruido y todo el mundo comenta que lo más correcto y conveniente es que un país tan pobre no tenga funcionarios tan caros. Incluso algunos hasta proponen cargos honorarios, reconociéndoles solamente sus gastos de movilización y alimentación con la finalidad de servirle a la Patria y no a un partido. Pero a lo que aprenden es a vivir del presupuesto nacional y a las órdenes de sus caudillos, sin interesarles para nada la problemática nacional.
Los diputados generaron un impasse por incrementar los salarios a los funcionarios de menor rango que siempre han sido sacrificados modificando el presupuesto nacional. Al hacer esto, sin contar con estos recursos económicos, jamás pensaron que esta acción se iba a revertir en contra de sus propios intereses. Ahora están hablando de promulgar una ley que regule el salario de todos los funcionarios públicos a largo plazo. No es una mala idea, pero a corto plazo no necesitan ninguna ley solamente la voluntad política de llevarlo a efecto. Duplicando el sentido común a través de un decreto de común acuerdo con todos los poderes, el Ejecutivo puede dictaminar: “todo funcionario público que devenga un salario mayor de mil dólares a partir del 1 de enero del año 2005 devengará un salario menor o igual a un cincuenta por ciento de lo que hasta ahora recibe, y el problema se resuelve a lo inmediato”.
Y que no sigan engañando a la población de manera tan cruel e irresponsable, queriendo hacer de su salario una torre de Babel, salario que siempre ha pagado el pueblo gustosamente con sus impuestos. Nuestra clase política, corrupta y prebendaria, se ha ganado el desprecio del pueblo por unos dólares más, pasando a la historia como verdugos y filibusteros. Eso no debe ser nada agradable. Pero esta vez tienen la oportunidad, como un gesto de nobleza de su parte, de no heredar esta vergüenza a las futuras generaciones.