- Personas armadas toman otra propiedad en Chinandega y la empiezan a “lotificar”
- Productores alarmadospiden seguridad jurídica
Carol Munguía y Mirna Velásquez SevillaCHINANDEGA
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Invaden más tierras
 | Personas armadas toman otra propiedad en Chinandega y la empiezan a “lotificar” |
| Productores alarmadospiden seguridad jurídica |
Carol Munguía y Mirna Velásquez Sevilla
CHINANDEGA
Un grupo de 20 personas armadas de picos, palas y piochas irrumpió ayer en un plantío agrícola de cinco manzanas, colindante al sur con las 16 manzanas de tierra que desde el 2 de febrero están en poder de pobladores que demandan un lote para vivir.
La toma ocurrió en un lote que está sembrado de caña de azúcar, cultivo con al menos un metro de altura y cuya producción está bajo contrato con el Ingenio San Antonio; pero los desconocidos empezaron a medir y colocar mojones en señal de que ahora está lotificado.
César Castillo, representante de estas tierras que pertenecen, igual que la parcela La Pan Brand, a su hermano Milton Castillo, dijo que presentaría una denuncia ante la Policía de Chinandega para que saque de esas propiedades “legítimamente adquiridas, a los demandantes oxigenados por Daniel Ortega”.
El caso se complicó al conocerse que la Juez Primero de Distrito Civil y Laboral, Sara Núñez, revocó las medidas cautelares dictadas el 24 de febrero contra Pedro José Madrigal, Pedro Pablo Miranda, Bismarck Alvarado y otras seis personas.
Las medidas los conminaba a abstenerse de lotificar, construir champas, cercar y cualquier otro acto que conlleve a la perturbación de la posesión, mientras penda el juicio. Pero el cambio en la decisión de la juez coincide con la visita que hizo a Chinandega el líder del Frente Sandinista (FSLN), Daniel Ortega, la semana pasada.
La comisionada policial Aminta Granera anunció que hoy lunes entrevistará a productores, autoridades y familiares de los tres civiles muertos en el desalojo de los invasores de tierras, el jueves 24 de febrero, para buscar una aclaración justa a los sucesos.
Indicó que la Policía continuará atendiendo las denuncias de la población que se considere afectada por cualquier delito.
Mantas que indican que el conflicto continúa en el sector del desalojo violento. Una pinta reza que en las tierras tomadas se levanta el asentamiento “víctimas de la masacre de la familia Castillo y la Policía Nacional”.
En cambio, en la entrada de la ciudad de Chinandega los productores privados exigen, en otra manta, respeto a la seguridad de la propiedad privada.
Reyna Isabel Espinoza espera que la Policía desaloje de su parcela de tres manzanas, a unos 150 precaristas que la invadieron hace tres semanas.
SITUACIÓN DIFÍCIL
Reyna Espinoza, dueña de una parcela de tierra ubicada al suroeste de la ciudad de Chinandega, es viuda, tiene tres hijas y su única propiedad está invadida.
“Ellos dicen que se tomaron las tierras porque las vieron abandonadas y me enviaron a hablar con el alcalde Julio Velásquez para que negociara con él la venta de mi parcela”, explicó.
“Mi propiedad no está en venta, ni tengo por qué ofrecerlas al alcalde de Chinandega, es el único bien que poseo y con el que he decidido enfrentar mi vida con mis hijas”, añadió.
La viuda dijo haberse comunicado con el vicealcalde Isaack Travers, y éste le manifestó que la Alcaldía no tenía nada que ver con esa toma.
Travers indicó después que hay dos grupos de tomatierras, uno que en efecto necesita un lote para construir su vivienda y otro que utiliza el momento para hacer negocio.
“La municipalidad está al margen de estos movimientos y en la presente semana estaremos escuchando el ofrecimiento oficial de 100 manzanas que dona el productor Piero Coen, para paliar y pacificar la coyuntura que vivimos en Chinandega”, indicó.
DENUNCIAN INJERENCISMO
La influencia de los sandinistas en las decisiones judiciales quedó en evidencia en una resolución de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), firmada por cuatro magistrados de tendencia sandinista y un liberal, en la que se anula un juicio en que la señora María Julieta Choiseul Burgos, representante de la sociedad Amanda Burgos Inversiones, S.A., reclama la hacienda La Pitahaya, confiscada por el gobierno sandinista en los años ochenta.
Choiseul denunció que la resolución no contó con la aprobación de todos los miembros de la Sala, ya que el magistrado Iván Escobar Fornos disintió argumentando que ya el juicio había fenecido y no podía ser reabierto.
Justo Rocha, esposo de la demandante, consideró que los magistrados firmantes de la sentencia “reciben órdenes porque están violentando el Derecho, al ir contra ley expresa”.
Según la tesis de los magistrados firmantes, las resoluciones que favorecieron a Choiseul Burgos no fueron notificadas a la parte demandada, en este caso las 92 personas que mantienen ocupada la propiedad. Esa tesis fue objetada por Choiseul.
“Ellos (los demandados) confiesan que pidieron fotocopias de todo el expediente y no se personaron, o sea que ellos tenían conocimiento del juicio”, indicó Rocha.
La propiedad, con 691 hectáreas y ubicada en el departamento de Chontales, está valorada en 12 millones de dólares.
El 3 de septiembre del 2003 un tribunal de Managua falló contra el Estado ordenando que se le entregara un finiquito de cancelación de deuda con el extinto Banco Nacional de Desarrollo (Banades), hasta por 11.8 millones de córdobas.
La Procuraduría, sin embargo, apeló de esa decisión un mes más tarde, es decir fuera del período establecido en la ley, por lo que un tribunal de Juigalpa lo declaró improcedente.
ORTEGA AMENAZANTE
Choiseul Burgos citó un discurso de Daniel Ortega, quien el 19 de julio de 1998 advirtió que los campesinos no podrían ser desalojados de las propiedades, porque habría otra guerra.
“No nos oponemos a que venga cualquier nicaragüense, aún cuando haya estado vinculado con la dictadura de Somoza en nuestro país, tienen derecho a regresar pero no tienen derecho a venir a arrebatarle las tierras a los campesinos, los lotes, porque están desalojando a la gente. Y esto, el Frente Sandinista no lo puede permitir (…) y por mucho que digan algunos que la revolución armada ya está descartada, (…) que se olviden, que el pueblo de Nicaragua y el Frente Sandinista están dispuestos a tomar las armas cuando sea necesario”, sentenció Ortega en aquella ocasión.
PREOCUPADOS
Asociaciones que aglutinan a ganaderos y productores, algunos de tendencia sandinista, expresaron su preocupación por la inseguridad jurídica ocasionada por la invasión de propiedades privadas.
Un comunicado emitido por ocho organizaciones exige al Ejecutivo, Policía, partidos políticos y Corte Suprema de Justicia detener las invasiones fuera de la ley.
“El problema de la propiedad hay que resolverlo en un amplio diálogo nacional”, propusieron.
SIETE DETENIDOS
El Juez Suplente de Distrito de lo Penal de Audiencia en Chinandega, Marco Tulio Ordóñez, ordenó la detención inmediata de siete ciudadanos que por el delito de desacato a la autoridad y usurpación del dominio privado, fueron señalados. Todos son responsables de la toma de tierras, propiedad de Reyna Espinoza.