Jaime Chamorro Cardenal
El Recurso por Inconstitucionalidad de la Ley, interpuesto ante La Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley No. 372 (Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua) sigue sin resolverse.
Las dos asociaciones gremiales de periodistas (UPN y APN) se pusieron de acuerdo para levantar el registro de miembros y celebrar el congreso constitutivo del Colegio, que manda la Ley 372. Este se instaló el 27 de noviembre de 2004 y tuvo un desenvolvimiento accidentado, debido a diferencias de interpretación acerca de quiénes tenían derecho a votar: sólo los miembros de las dos asociaciones que llenaran los requisitos establecidos en la Ley, o todos los periodistas presentes. Al final votaron todos y fue electo como presidente del Colegio el ex decano de la escuela de periodismo, Mario Fulvio Espinosa, de 71 años de edad, y Justo Rufino Meneses como vicepresidente.
Por otro lado, el periodismo de Nicaragua está de luto nuevamente. No había cumplido un año el asesinato del periodista Carlos José Guadamuz cuando María José Bravo (26), corresponsal de LA PRENSA y el Diario Hoy en Santo Tomás, departamento de Chontales, resultó mortalmente herida en el pecho el 9 de noviembre de 2004, frente al Consejo Departamental Electoral, en la ciudad de Juigalpa, 138 kilómetros al este de Managua, mientras cubría una protesta de los resultados de las elecciones municipales en el municipio de Santo Tomás.
El asesino fue Eugenio Hernández González, ex alcalde por el Partido Liberal del pequeño municipio de El Ayote. Según relataron algunos testigos, justo antes de disparar el asesino acusó a los periodistas y los medios de comunicación como causantes de la debacle electoral del Partido Liberal Constitucionalista en esas elecciones. Hernández, quien fue apresado momentos después, llevaba un revolver marca Astra calibre 38 dentro de un bolso, en el que además llevaba ropa para cambiarse, Hernández después de preguntar quién era María José, se puso en cuclillas y disparó su revolver con la mano izquierda, que tenía envuelto en el pantalón adicional que llevaba, supuestamente para aminorar el ruido del disparo. Después de disparar dejó caer el bolso, para posteriormente alegar que el revolver se disparó accidentalmente al caer el bolso al suelo .
En el informe enviado por la Policía Nacional al Ministerio Público se afirma que Eugenio Hernández González, también ex miembro de la Contra, fue el autor del disparo que terminó con la vida de la periodista María José Bravo Sánchez. El informe de la investigación policial se basa en declaraciones de 11 testigos y en el resultado técnico del laboratorio de criminalística de la Policía Nacional, el cual establece que el peritaje químico de parafina realizado a Hernández González confirma que éste «presenta residuos de productos nitrados en el dorso de la mano izquierda», además dice el informe policial que el revolver fue accionado por la «fuerza física humana» ya que ese tipo de revolver no es posible que al caer se dispare.
La Fiscalía General de la República, controlada por el Partido Liberal Constitucionalista, interpuso una acusación por homicidio doloso contra Hernández, delito que tiene una pena de 6 a 14 años de cárcel y no una acusación por asesinato como correspondía, la que tiene una pena de 15 a 30 años de presidio. Según la Fiscalía el asesinato requiere algunas circunstancias adicionales al de quitarle la vida a alguien intencionalmente como son la alevosía, por precio o promesa remuneratoria (por encargo), con premeditación conocida, con ensañamiento y otras. Sin embargo el abogado acusador por parte de LA PRENSA y de la familia de María José Bravo, Mario Scott, en una acusación independiente acusó a Hernández de asesinato ya que a su juicio el crimen fue cometido con premeditación y alevosía.
Temiendo que la justicia se inclinara a favor del asesino, las organizaciones periodísticas del país, junto con organismos de derechos humanos y otros sectores de la sociedad, se unieron en jornadas de reclamo de justicia, actos culturales y demás formas de protesta pacífica para que el sistema judicial se encausara con transparencia y conforme a derecho. El resultado de las protestas de los periodistas y el excelente trabajo de los abogados de la víctima, más las abrumadoras pruebas presentadas por la Policía y los abogados acusadores, dieron como resultado que el 28 de enero de 2005, la Juez de Distrito Penal de Juigalpa condenara a Hernández por asesinato y lo sentenciara a 25 años de prisión.
En el mismo contexto de las protestas por irregularidades en las elecciones municipales, apenas unos días antes, en Managua la reportera gráfica de LA PRENSA, Mayerlin García, fue víctima de una pedrada que le impactó en su cabeza sufriendo lesiones a causa del impacto que ameritaron ocho puntadas para cerrarle la herida.
En otro orden, el 30 de noviembre de 2004, el diputado sandinista Bayardo Arce sometió una iniciativa de reforma constitucional, con motivaciones obviamente políticas, para modificar el artículo No. 68 de la Constitución. La motivación política está clara en la misma exposición de motivos de la propuesta, que dice textualmente: «La exoneración de impuestos otorgado por el Estado para promover el derecho de información veraz, que tienen derecho los nicaragüenses, incentivando a todos los medios de comunicación, para mantener un pluralismo informativo, se ha desnaturalizado haciéndose extensiva a actividades extra informativas, en las que actúan sin ningún fin social, como empresas eminentemente lucrativas, a las cuales el Estado como administrador del dinero de los contribuyentes, no puede seguir exonerándolos, porque tal exoneración, reduce los ingresos tributarios y por lo tanto el techo presupuestario disponible para gastos sociales «.
La reforma afecta la exoneración existente sobre la importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como los impuestos municipales, regionales y fiscales. Lo último implica que el diario escrito estaría tasado con los impuestos sobre ventas (15 por ciento) sobre cada ejemplar, lo que afectaría seriamente su circulación. Actualmente los medios de comunicación pagan impuesto sobre la renta, el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de venta por publicidad.
Esta reforma debe ser aprobada en dos legislaturas. Ya fue aprobada de manera inconsulta y apresurada en la primera legislatura y no se prevé que haya problemas para ser aprobada en la segunda legislatura. Los dueños de medios y periodistas consideran esta medida como una nueva agresión contra la libertad de expresión en Nicaragua que afectará a muchos medios de comunicación. Al respecto el artículo 7 de la Declaración de Chapultepec establece que las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deberán aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. En este caso, la medida es claramente un castigo para los principales medios de comunicación que han criticado el arreglo político entre los liberales de Arnoldo Alemán y los sandinistas de Daniel Ortega, partidos que controlan los votos necesarios para reformar la Constitución.
Los dos partidos aliados del Frente Sandinista, el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y la Unión Demócrata Cristiana (UDC) se pronunciaron en contra de las reformas.
En otro orden, el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, acusó al Presidente de la República, al Ministro de Gobernación y al Diario LA PRENSA de ser parte de un plan criminal. Afirmó que el Presidente y su Ministro de Gobernación ordenaron desde Managua que miembros de la Policía dispararan contra precaristas que habían invadido una propiedad privada en la ciudad de Chinandega, 130 kilómetros al noroeste de Managua. En el tiroteo murieron tres civiles y resultaron decenas de heridos. Ortega también dijo, en el funeral de las víctimas mortales del incidente, que la justificación del plan para ordenar desde Managua que se disparara contra los precaristas, había sido una publicación de LA PRENSA en que se informaba que el FSLN alentaba las tomas de tierra.
El director de la Policía llamó a Ortega falso e irresponsable y dijo que nadie había ordenado disparar, que los policías dispararon cuando se sintieron agredidos. Como consecuencia de las falsas acusaciones de Ortega, la corresponsal de LA PRENSA en Chinandega, Carol Munguía, recibió amenazas de muerte y la policía prometió darle protección.
Siete periodistas de distintos medios fueron citados por la fiscalía electoral después que informaron de actividades oficiales en la que el Presidente de la República habría hecho proselitismo político a favor de la Alianza por la República (APRE). Los periodistas se negaron a declarar.
En noviembre de 2004, en la ciudad de Juigalpa, el periodista Jerry Hernández denunció que el canal 14 de televisión por cable que rentaba a la empresa Ameri-cable, fue suspendido supuestamente por presiones del jefe de policía de ese departamento. Según el denunciante la policía no quería que informara sobre el asesinato de María José Bravo, corresponsal de LA PRENSA, y sobre otro incidente que tuvo Hernández con el jefe de policía de Managua. Las denuncias no pudieron ser confirmadas.
La comisión parlamentaria de Educación y Medios de Comunicación recomendó a los propietarios de televisoras del país, asumir un compromiso de autorregularse y ajustar los horarios de sus programas de «noticias rojas» con el fin de disminuir la violencia que supuestamente promueve la televisión. Los parlamentarios aseguraron que la cita con los dueños de medios televisados era un llamado a la reflexión. La solución está en los dueños y no en una ley que regule declaró Fidel Moreno, presidente de esa comisión.
Finalmente, el 23 de febrero la oficina de Comunicación Social de la Asamblea Nacional informó que la Comisión de Justicia dictaminará en los próximos días el anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El autor es director de LA PRENSA. Texto de su informe sobre el estado de la libertad de prensa en Nicaragua, presentado hoy en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra del 11 al 14 de marzo corriente, en Ciudad de Panamá.
La libertad de prensa de Nicaragua, nuevamente se ve gravemente amenazada. Sucesos acaecidos desde finales del año pasado e inicios del presente lo demuestran. Primero el asesinato de la periodista del Diario LA PRENSA y el diario Hoy en Santo Tomás, Chontales. Caso que fue justamente castigado, no sin antes librar una gran batalla con los intereses políticos que había de por medio. Poco después, un diputado sandinista promueve la reforma al artículo 68 constitucional. Además está la amenaza contra la periodista Carol Munguía…