Néstor Avendaño
El problema de las personas afectadas realmente por el nemagón (DBCP), que es verdaderamente un problema nacional, ha observado un demérito por la exclusiva intervención de abogados particulares que tratan, por supuesto, de obtener jugosas remuneraciones por sus servicios profesionales en detrimento de las indemnizaciones de sus representados, quienes no muestran un nivel escolar superior de tres años de primaria.
El problema de salud de muchos campesinos que realmente fueron asalariados agrícolas en las plantaciones bananeras del departamento de Chinandega y que podrían haber sufrido las consecuencias del uso del nemagón es, efectivamente, un problema social, como lo es, en las zonas rurales, el desempleo, la alta tasa de analfabetismo, la alta tasa de mortalidad materna-infantil y la falta de agua potable o de agua mejorada.
Y con este problema de los jornaleros agrícolas del occidente, en un país como Nicaragua, pobre y aún muy endeudado, no sólo frente a los acreedores externos sino también ahora frente a los acreedores internos, el Estado debería adoptar una posición facilitadora con el propósito de que se aplique correctamente el imperio de la ley, en el marco de nuestra Constitución y de los tratados internacionales, con el fin de evitar no sólo enfoques jurídicos inapropiados en el nuevo marco de la apertura comercial y la globalización, sino también inadecuadas prácticas profesionales entre los que defienden a los afectados por el nemagón.
La Presidencia de la República y la Fiscalía General de la República deben, pues, facilitar una pronta solución y arreglo entre los demandantes y demandados, sobre todo por que los primeros corren el riesgo de ser esquilmados por abogados inescrupulosos, como ya ha sido mencionado en algunos medios de comunicación social del país. Y el Estado de Nicaragua también debe facilitar una correcta aplicación de las leyes nacionales, con el fin de garantizar, por un lado, una solución al problema, por otro lado, propiciar un mejor ambiente inversionista mediante el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad del país.
Las inadecuadas prácticas profesionales en este juicio podrían conducir a un enriquecimiento rápido e ilícito no sólo de personas que no han sido afectadas por el nemagón, sino también entre los defensores de los trabajadores agrícolas que actúan en una forma inapropiada. Ésta es una de las principales razones por las que el Estado de Nicaragua debe facilitar un juicio consistente en términos legales, que no dañe la decisión de las empresas transnacionales demandadas de responder a las demandas y que también no dañe la certidumbre entre los inversionistas nicaragüenses y extranjeros.
Es lógico suponer que la Fiscalía General de la República estaría dispuesta a facilitar una pronta y justa respuesta a la demanda de las personas realmente afectadas por el nemagón y, por supuesto, contribuir a la aplicación efectiva de la ley con el adecuado respeto al marco jurídico nacional e internacional (que lamentablemente nos es el caso de la Ley 364 para tramitar juicios por personas afectadas por el uso del DBCP), con el fin de fortalecer, en general, la confianza de los demandantes, de las empresas transnacionales demandadas y de los inversionistas privados, nicaragüenses y extranjeros. Y también se necesita de la buena ética y de la probidad entre los abogados defensores, entre quienes también radica una gran responsabilidad social, como es la de contribuir en la solución justa y correcta de un sensible problema humano nacional.
El autor es economista