Douglas Carcache
El Banco Mundial (BM) llegó a la conclusión de que los países de América Latina necesitan “invertir más y mejor en las comunidades rurales”, porque el campo puede aportar más al desarrollo económico nacional; pero en países como Nicaragua esto significaría devolverle al sector rural infraestructuras desmanteladas o recursos abandonados.
Recuerdo, por ejemplo, el pesar con que los campesinos de El Sauce han añorado el ferrocarril, el medio de transporte que usaban para trasladar la producción de granos, los cerdos y el ganado vacuno, hacia la ciudad de León y otros poblados del occidente de Nicaragua.
Un día, a principios de los años noventa, el Gobierno nicaragüense decidió acabar con el ferrocarril al considerar que no era rentable, con lo que provocó de inmediato el incremento del costo del transporte de mercancías en ciertas zonas rurales, porque ya se hacía necesaria la entrada de camiones y buses a lugares recónditos por caminos malos.
La investigación del BM, denominada “Más allá de la ciudad: la contribución del campo al desarrollo”, afirma que “la mayoría de los países de la región no ha logrado ofrecer una combinación adecuada de políticas públicas en el campo como sería lo deseable tanto desde una perspectiva de reducción de la pobreza como de crecimiento”.
Esto parece ser lo contrario de las políticas económicas recomendadas a principios de los años noventa, cuando se suponía que países agricultores, como Nicaragua, podían avanzar dedicándose a producir bienes exportables, propios o maquilados, dejando de lado cultivos de consumo interno porque resultaría más barato importar arroz y frijoles que producirlos.
Entonces la economía campesina empezó a decaer, en parte porque los precios de sus productos bajaron y los pequeños agricultores dejaron de recibir créditos bancarios, lo que provocó el aumento de la migración del campo a las ciudades y más allá de las fronteras. Miles de agricultores se fueron a trabajar en industrias maquiladoras o a recoger cosechas a Costa Rica.
Ahora, según la visión del BM, habría que promover el retorno de los migrantes a sus tierras de origen, ya que “por cada uno por ciento de crecimiento del sector de recursos naturales rurales, hay un incremento de 0.22 por ciento en el PIB (Producto Interno Bruto) nacional y un aumento del 0.28 por ciento en los ingresos de las familias más pobres”.
Un problema es que mientras la migración crecía y la agricultura tradicional bajaba a niveles de subsistencia, se aceleraba la desaparición de recursos naturales, como bosques y ríos, al punto de que hay comunidades nicaragüenses donde los humanos ya se disputan el agua con los animales.
“La contribución rural al desarrollo de la región se ha visto entorpecida por una inversión insuficiente en servicios públicos”, advirtieron los economistas del BM. Creo que tienen razón, pero ahora el problema será persuadir a la fuerza laboral campesina migrante de que si retornan tendrán pronto, en sus antiguas comunidades, el mismo bienestar que han conseguido en el exterior.