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Cara transparencia
En su edición de ayer LA PRENSA publicó una amplia información sobre dos costosas consultorías, por valor de 12 millones de dólares, que pagó el Gobierno como parte de un programa para fortalecer la transparencia gubernamental mediante la creación de nuevas normas de contratación y adquisición de servicios estatales.
La publicación de ayer fue el resultado de una investigación que hizo LA PRENSA a partir de que el contralor Guillermo Argüello Poessy denunciara públicamente, el viernes 18 de marzo, que ese fue un gasto excesivo e innecesario pues el mismo trabajo lo pudo haber hecho, gratis, la Contraloría General de la República. La información sobre la denuncia del contralor Arguello la publicamos el sábado 19 de marzo, y el martes 22 la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Pública de la Presidencia de la República, señora Haydée Acosta, aclaró en un campo pagado que las contrataciones de las mencionadas consultorías se originaron en el Gobierno anterior, pero que fueron correctas y gracias a ellas hay ahora “mayor transparencia y eficiencia al realizarse las licitaciones en sus distintas modalidades” (así como) “ahorros sustanciales a las instituciones y mayor grado de confianza en los proveedores, lo cual puede medirse en la reducción real de las impugnaciones”.
En realidad, el costo económico de hacer transparente la actividad gubernamental —en todos los niveles, incluyendo entes descentralizados y gobiernos municipales—, más que un gasto significa una inversión que casi de inmediato produce magníficos dividendos para el país que la implementa y hace de ella una forma de gobernar y de vivir.
No es por casualidad que los países que ocupan los lugares más altos en transparencia, como por ejemplo Finlandia, también son los que tienen índices superiores de desarrollo material y bienestar social. Y por el contrario, las naciones en las que hay menos transparencia —como es el caso de Nicaragua— se caracterizan por tener un bajo nivel de desarrollo y una amplia diseminación de la pobreza.
Según la definición que hacen al respecto los organismos internacionales que luchan contra la corrupción, la transparencia significa que en el ejercicio gubernamental no existen caminos ocultos ni procedimientos discrecionales para adoptar e implementar decisiones financieras, que no hay contabilidades paralelas, partidas presupuestarias secretas ni pagos por debajo de la mesa de sueldos ni de ninguna otra remuneración o gasto. Para lo cual los ciudadanos deben tener acceso, directamente o por los medios de comunicación social, a toda la información que sea de interés público.
Pero en Nicaragua no existe todavía una ley de acceso a la información pública, a pesar de que desde hace varios años fue propuesta por periodistas independientes y no obstante que el mismo Gobierno preparó una iniciativa de ley que espera turno en la Asamblea Nacional; ley que es indispensable para que se pueda cumplir el precepto constitucional (artículo 131) de que todos los funcionarios del Estado responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones.
Sin embargo, aunque no exista todavía una ley de acceso a la información pública los medios de comunicación independientes pueden y deben escrutar la función pública y velar por el buen uso de lo recursos económicos y materiales que administran los funcionarios del Estado.
Al respecto cabe señalar que independientemente de las motivaciones políticas que podría tener el contralor liberal que denunció las consultorías de 12 millones de dólares para establecer un sistema transparente en las contrataciones y compras estatales, se trata de una suma extremadamente exagerada y el Gobierno debe dar una adecuada explicación. Como también debe informar de manera detallada acerca del considerable gasto en tantas consultorías y consultores pagados con fondos públicos que hay en el país.
La verdad es que no se puede comprender por qué gastando tanto dinero en consultores nacionales y extranjeros para establecer la transparencia y para mejorar la administración pública en todos sus escalones y funciones, hay tanta ineficiencia visible y Transparencia Internacional ha ubicado a Nicaragua como el segundo país menos transparente de América Latina.