- Auditorías externas revelaron irregularidades administrativas en programa gubernamental millonario
- BID asegura que no ha presionado al Gobierno para ejecutar proyecto, y apoya que se haga otra auditoría
Jorge Loáisiga Mayorga yGustavo Ortega Campos
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Investigarán despilfarro
 | Auditorías externas revelaron irregularidades administrativas en programa gubernamental millonario |
| BID asegura que no ha presionado al Gobierno para ejecutar proyecto, y apoya que se haga otra auditoría |
Jorge Loáisiga Mayorga y
Gustavo Ortega Campos
Un auditor del Gobierno recomendó hacer una auditoría detallada al Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado (Preftec), en que gastaron 12.5 millones de dólares sólo en la contratación de 60 consultores nacionales y extranjeros.
El auditor interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Aarón López Cortés, sugirió que se realizara una auditoría integral al proyecto, según revela una carta con fecha 15 de marzo del 2005, firmada por López y dirigida al ministro de Hacienda, Mario Arana Sevilla, a la cual tuvo acceso LA PRENSA.
LA PRENSA intentó obtener una versión de la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Pública, Haydée Acosta, encargada de administrar el proyecto, pero no fue posible establecer comunicación con ella, pese a que el domingo había prometido ampliar la información sobre el caso.
Tampoco fue posible conocer la versión del ministro de Hacienda, Mario Arana, quien dijo a través de su vocera, Digna Bendaña, que estaban analizando la correspondencia del auditor interno de Hacienda.
En la carta, López reveló que existen dos auditorías externas elaboradas por la firma de auditores Valladares García, que revelan irregularidades administrativas en el millonario programa de eficiencia que está enmarcado en la Estrategia de Reducción de la Pobreza, creada por el Gobierno de Arnoldo Alemán.
“Auditoría interna del MHCP, reafirma y mantiene sus recomendaciones descritas en su informe del 25 de febrero del 2005, y le reitera que es conveniente y oportuno realizar una auditoría integral al Programa Preftec desde su inicio de operaciones, basado en las irregularidades de control interno que su misma auditoría externa les señala”, precisa el último párrafo de la carta.
La carta también indica que “los informes de auditoría de la firma Valladares García no presentan salvedades, sin embargo, en su informe sobre el control interno al Preftec al 31 de diciembre de 2004, refiere a dos condiciones reportables, lo que es igual a deficiencias significativas…”
El documento hace referencia a que esas deficiencias significativas pueden afectar la capacidad del programa en su operatividad y en la presentación de información financiera consistente”.
CGR TRAS DOCUMENTOS
Tras la información publicada ayer por LA PRENSA, sobre el gasto de 12.5 millones de dólares para la ejecución del proyecto estatal que incluyó la contratación de 60 consultores, el presidente y el vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), José Pasos y Guillermo Argüello, anunciaron por separado que el próximo jueves solicitarán se efectúe una auditoría especial al Preftec.
Ambos contralores confirmaron a LA PRENSA que el auditor interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Aarón López Cortés, envió un informe a la CGR sobre los presuntos malos manejos administrativos en el Programa de Eficiencia y Transparencia en las compras del Estado.
“Él no ha dicho que se haya perdido dinero ni nada por el estilo. Lo que dice en su informe es que administrativamente las cosas no se hicieron como las normas establecidas lo ordenan”, explicó Pasos, quien aseguró que el informe contiene entre 300 y 400 páginas, que incluyen un cruce de cartas acusatorias entre el auditor y la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Pública, Haydée Acosta, una persona muy cercana al presidente Enrique Bolaños.
NICARAGUA SANGRADA
“Piensen los nicaragüenses en 60 consultores sangrando al pueblo de Nicaragua para hacer un proyecto de ley de contrataciones, que no lo conocemos. Nadie lo conoce”, opinó Argüello.
“Es evidente que la licenciada (Haydée) Acosta sigue ocupando indebidamente los recursos públicos. Ha gastado en dos campos pagados en los diarios de mayor circulación del país, únicamente para decir que es verdad lo que yo digo, que han ocupado más de 10 millones de dólares para formular un proyecto de ley para regular las contrataciones de bienes y servicios del Estado”, agregó.
BID REACCIONA
El representante del BID en Nicaragua, Eduardo Balcárcel, dijo estar completamente de acuerdo con que la CGR realice una auditoría al Preftec.
Afirmó que la intención del proyecto es mejorar la eficiencia en las compras y contrataciones del Estado, tras los devastadores efectos provocados por el huracán Mitch (octubre 1998).
Sin embargo aclaró que el BID no ha presionado al Gobierno para que se ejecutara el Preftec.
“La decisión del Gobierno anterior era ver cómo resultaría, si vale la pena continuaría, y el actual Gobierno decidió que continuara”, señaló.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las del ministro de Hacienda, Mario Arana, quien el domingo dijo que el Gobierno solicitó que el Preftec se cambiara por “otra cosa, porque creíamos que estaba cargado por el lado de las consultorías” y agregó que los organismos internacionales presionaron “fuertemente” para que continuara.
Balcárcel declaró que el préstamo de 12.5 millones originalmente era para un Preftec de cuatro años y, al final, junto al Gobierno se decidió reducirlo a dos.
Aseguró que el BID no sugiere consultorías sino los gobiernos. “Damos el dinero para que se realicen, somos banco, nosotros pagamos, analizamos las solicitudes muy bien y fiscalizamos la ejecución”.
LOS DETALLES
El monto pagado por el Gobierno a las empresas consultoras KPMG Cárdenas Dosal S.C. y The Louis Berger Group Inc., es de 12.5 millones de dólares.
KPMG realizó el componente «A», Inspectoría de Proyectos del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado (US$6,794,228) y la segunda el componente «B», Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado (US$5,748,724).
El dinero provenía de un préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo a Nicaragua por 22.5 millones de dólares a 40 años plazo, 10 de gracia, y al dos por ciento de interés anual.
El préstamo se acordó en noviembre del año 2000, como condición del BID para que Nicaragua garantizara el manejo adecuado de los fondos que recibiría de la comunidad donante para paliar los daños del huracán Mitch, que azotó el país en 1998.
El contrato de préstamo número 1064/SF-NI fue suscrito por el entonces ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, y ejecutado por el Gobierno de Enrique Bolaños en un plazo de 24 meses; todo en el marco de una «Estrategia Reforzada de Reducción de Pobreza», según los documentos oficiales de la Presidencia.
Ese préstamo serviría para obtener los fondos del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado. La ejecución estaría a cargo de la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
El proyecto lo manejó la Oficina de Ética Pública, con instrucciones del Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República, y bajo la observación del BID.
EL CASO DEL MINSA
Margarita Gurdián, ministra de Salud, dijo que para la ejecución de proyectos que realizan en ese Ministerio, han contratado consultores extranjeros y nacionales, pero indicó que no podía precisar con exactitud cuánto dinero ha sido pagado a estas personas.
“Todo mundo sabe que nosotros contratamos consultores… no es nada escondido”, refirió la ministra Gurdián.
Uno de los proyectos que ha requerido la contratación de consultores ha sido el promocionado Programa de Modernización del Sector Salud (PMSS). Según la propia ministra, en los últimos años —no especificó cuántos— han invertido 82 millones de dólares. El dinero para este proyecto ha salido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y otros organismos donantes.
Gurdián aseguró que estos organismos financieros han realizado una serie de evaluaciones y auditorías, las que han demostrado que el dinero se ha empleado de la manera correcta. También dijo estar anuente a cualquier investigación que quiera realizar la Contraloría General de la República. (LA PRENSA/Roberto Pérez)
SOBRA DINERO
El representante del BID en Nicaragua, Eduardo Balcárcel, dijo que existe un remanente de tres millones de dólares del total de 12.5 millones contratados para el proyecto. “La intención del Gobierno es utilizarlo con fines parecidos con los que tenían… Está sobrando dinero y el Gobierno estudia qué uso le dará”, indicó.