LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD

Hoy se cumplen

14
días

desde que nuestras instalaciones fueron tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann fue detenido.

con las instalaciones tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann detenido.

Leyes incumplidas

Juan José Pérez Sánchez Es el clamor de muchos ciudadanos, que haciendo uso de los derechos que establecen nuestras leyes, acuden ante las instancias correspondientes, presentan sus escritos solicitando las correcciones de algunas medidas o procedimientos que se han efectuado al margen de las leyes mismas, y que a simple vista en honor a la […]

Juan José Pérez Sánchez

Es el clamor de muchos ciudadanos, que haciendo uso de los derechos que establecen nuestras leyes, acuden ante las instancias correspondientes, presentan sus escritos solicitando las correcciones de algunas medidas o procedimientos que se han efectuado al margen de las leyes mismas, y que a simple vista en honor a la verdad, a la ética profesional cualquier funcionario del Poder Judicial, está obligado de oficio corregir los desaciertos, máxime los que son ilegales, ilícitos y por ende inexistentes y que por su naturaleza violentan el Orden Público.

Hoy observamos que ante la Resolución del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, emitida en la ciudad de Juigalpa, a las 11:25 minutos del 16 de febrero del año en curso, relacionado al supuesto secuestro impulsado por la Universidad Nacional Agraria, en perjuicio de los bienes de la Fundación Amigos de la Universidad, con sede en Camoapa, en donde se mandata al señor Luis Guillermo Hernández Maliaños, supuesto depositario de los bienes del ilegal secuestro, regresar los bienes al Statu Quo, bajo apercibimiento de ley, e incluso se le ordena al subcomisionado Julio César Martínez, jefe de la Policía Nacional de Camoapa, mediante oficio para su cumplimiento y demás efectos. Expresa entre otras cosas la resolución notificada el pasado 24 de febrero del presente año.

Sin embargo, es la fecha, ni el señor Hernández ni la Policía Nacional han cumplido con el mandato del Tribunal de Apelaciones, violentando el Artículo 167 de nuestra Constitución Política, que manifiesta “Los fallos y resoluciones de los Tribunales y los jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”.

Con las actitudes de los señores Hernández y Martínez se ha caído al desacato, lo que está tipificado por nuestro Código Penal, en su Artículo 347 numeral 5, sin embargo, ¿quién hace cumplir nuestras leyes, será que existen personas de primera y segunda categoría o es que las autoridades de la Universidad Nacional Agraria están por encima de los Tribunales de Justicia? De ser así que Dios salve a Nicaragua.

Camoapa

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