Ludwin Loáisiga LópezMaría José Uriarte yArlen Pérez
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Sisep pondrá aprueba fallosde las Cortes
Ludwin Loáisiga López
María José Uriarte y
Arlen Pérez
Liberales y sandinistas informaron que el Gobierno podría ser excluido al momento de escogerse a los directores de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) e Instituto de la Propiedad, en caso de que no reconozca las leyes creadoras de ambas instituciones.
De acuerdo al legislador sandinista René Núñez, el Ejecutivo aceptó desde el 12 de enero, mediante el llamado acuerdo por el diálogo nacional, que firmó el presidente Enrique Bolaños con Daniel Ortega, la vigencia de las leyes 511 (creadora de la Sisep) y 512 (del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural), por lo que no puede ahora desconocerlas.
Mientras, el vocero presidencial Lindolfo Monjarretz explicó que mediante la resolución definitiva de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que declaró “inaplicables” las reformas a la Constitución, el Gobierno tiene facultad exclusiva para nombrar a los directores de la Sisep e Instituto de la Propiedad.
“La ley existe —512—, todo el mundo reconoce que existe, trabajamos en consenso, si una parte dice que desconoce la ley, de forma ilegal, y rompe la Constitución, no podés hacer consenso” para escoger a los directores, aseguró el diputado sandinista René Núñez, presidente del parlamento.
Por otro lado, en la reunión que ayer sostuvieron los liberales en la hacienda El Chile, propiedad del ex presidente y reo Arnoldo Alemán, decidieron dar marcha a la escogencia de directivos de la Sisep e Intendencia de la Propiedad.
“Vamos a nombrar a los funcionarios, y si se desobedece y se desacata la Constitución, pues que se haga uso de los mecanismos legales para hacer cumplir a los funcionarios del Gobierno que no quieran cumplir las disposiciones que están contempladas en la Constitución”, explicó el diputado liberal Wilfredo Navarro.
Mencionó que en la siguiente reunión del diálogo nacional, prevista para el próximo miércoles, el Partido Liberal Constitucionalista (PCL) planteará al Frente Sandinista (FSLN) “la necesidad de la implementación de las reformas y de la Ley de la Sisep y de la Intendencia de la Propiedad”.
Monjarretz refutó las intenciones de liberales y sandinistas.
“Al ser las reformas constitucionales jurídicamente inaplicables, la Asamblea no tiene facultad para nombrar a nadie en esas instituciones, ya lo ha resuelto la CCJ en su resolución y ese es un tema acabado, es una resolución lapidaria, contundente, clara”, señaló por su parte Monjarretz.
A criterio del vocero presidencial, la solución al conflicto sería que se deroguen formalmente las Leyes 511 y 512 y “se construya una nueva ley de la propiedad y del servicio público, que no rompa el equilibrio entre los poderes del Estado”, con base en el consenso alcanzado por las tres partes en distintos artículos de ambas leyes.
El secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, señaló que el Gobierno desconocerá cualquier elección que realice la Asamblea Nacional para ocupar cargos en la Sisep y el Instituto de la Propiedad, al existir un acuerdo de parte de Ortega para “congelar” ese proceso mientras no se establezca un acuerdo con el Ejecutivo.
“No pueden ellos escoger ningún candidato para la Sisep ni para el Instituto de la Propiedad, porque, en primer lugar, las leyes no son válidas y, en segundo lugar, las reformas constitucionales no son válidas, y aún cuando la reforma constitucional tuviera validez, hay una coletilla, un párrafo al final que dice que tienen que elegirse en consenso, así que por todos lados no pueden proceder”, expresó Leal.
GENERADORAS EXIGEN ELECCIÓN DE DIRECTORES
Las empresas generadoras de energía se reunieron para definir las acciones que tomarán ante la crisis energética del país, ocasionada por el alza internacional en el precio del petróleo.
César Zamora, gerente general de la Empresa Energética Corinto, señaló que durante el encuentro llegaron a dos acuerdos fundamentales.
En el primero, consideraron que es urgente nombrar a las nuevas autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos.
“En segundo lugar, es importante que se reconozca y se respete la ley que manda que si hay incrementos del combustible del diez por ciento, se haga revisión de la tarifa que Unión Fenosa le cobra a los usuarios. Ya sucedió eso y el Instituto Nicaragüense de Energía ha decidido no hacer caso a la ley”, añadió.