- Le sugieren su destitución al presidente Enrique Bolaños
Jorge Loáisiga Mayorga
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Contraloría sanciona al procurador Alberto Novoa
 | Le sugieren su destitución al presidente Enrique Bolaños |
Jorge Loáisiga Mayorga
La Contraloría General de la República (CGR) emitió ayer una resolución en la que ordenó una sanción administrativa y una multa de 42,000 córdobas contra el Procurador General de la República, Alberto Novoa, revelaron fuentes de la CGR.
La resolución será enviada al Presidente de la República, Enrique Bolaños, para que aplique las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de la CGR.
LA PRENSA intentó conocer una versión de Novoa, pero no fue posible localizarlo.
Según la resolución del Consejo Superior de la CGR, integrado por cinco contralores, de los cuales dos son sandinistas y tres liberales, Novoa devengaba dos salarios en el Estado cuando era Procurador Especial del caso de Canal 6.
EN MANOS DE BOLAÑOS
Los contralores aprobaron de forma unánime las sanciones contra Novoa, que incluyen una multa de uno a seis meses de salario y hasta una recomendación de destitución de acuerdo con el Artículo 171 de la Ley Orgánica de la entidad fiscalizadora. Pero esa decisión la debe tomar el presidente Bolaños.
La entidad fiscalizadora determinó que Novoa, al mismo tiempo que recibía el salario como Procurador Especial, recibía otro pago por un contrato de asesoría legal que había suscrito con la Empresa Generadora Central Sociedad Anónima (Gecsa).
Novoa fue contratado por Gecsa como asesor legal en el 2000, mediante una licitación, para asesorar la venta de la empresa del Estado.
El caso del Procurador fue remitido desde hace unos dos años a la Contraloría. En noviembre pasado, tres funcionarios de la CGR se presentaron a las oficinas de Novoa, a presentarle las credenciales para una auditoría que el órgano fiscalizador realizaría en dicha institución sobre el mismo caso. Novoa fue notificado de los hallazgos y supuestamente no pudo desvanecerlos.
Novoa ha dicho en anteriores ocasiones que las investigaciones que la CGR realiza en su contra, por el caso de supuestos dobles salarios en el Estado, son “un acoso político, para enlodarlo e inhibirlo”.