- Spencer y Llanes quieren aprovechar sobreseimientos del juez Altamirano
Mirna Velásquez Sevilla
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“Peces gordos” buscan limpiarse del juicio Banic
 | Spencer y Llanes quieren aprovechar sobreseimientos del juez Altamirano |
Mirna Velásquez Sevilla
Sorpresivamente, el vice superintendente de Bancos, Alfonso Llanes Cardenal, se presentó al Juzgado Noveno de Distrito Penal de Managua para solicitar al juez Edgard Altamirano acepte el nombramiento de un abogado defensor.
Llanes, ex miembro de la Junta Directiva del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), forma parte de la lista de acusados por el fraude a ese Banco. En una sentencia dictada el 18 de marzo, fue sobreseído de los delitos de fraude, defraudación, estafa y asociación para delinquir en menoscabo del Banic y el Estado de Nicaragua.
La sentencia fue apelada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía. El caso pasó a ser analizado por el Tribunal de Apelaciones.
“Por medio del presente escrito nombro como mi abogado defensor a Omar Cortés Ruiz (…) y le solicito le dé la intervención de ley”, señala el documento presentado por Llanes.
De esta manera, el funcionario estaría accediendo a someterse al juicio y aceptaría la sentencia de sobreseimiento definitivo.
Llanes fue citado durante la fase investigativa del juicio a declarar en calidad de procesado, pero no compareció. En su lugar, presentó un recurso de amparo admitido a su favor por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El recurso de amparo fue introducido contra el entonces Superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz, quien solicitó una investigación a fondo sobre la quiebra del mencionado banco.
El juez Altamirano suspendió el juicio producto de esa resolución, pero en noviembre de 2003 decidió continuarlo considerando que esa era una decisión administrativa, había dejado de ser vinculante para el proceso y las investigaciones se seguían de oficio.
SPENCER SERÁ INDAGADO
El próximo martes, el diputado del Parlamento Centroamericano, Donald Spencer, deberá declarar en calidad de procesado ante el juez, luego que pidió someterse al proceso y se despojó del fuero que lo protege.
El Banic quebró a mediados de 2001, dejando aproximadamente 200 millones de dólares en pérdidas al Estado de Nicaragua.