- No respondió a las acusaciones
Mirna Velásquez Sevilla
“Soy inocente de todos los cargos que se me hacen y pido mi sobreseimiento definitivo”. La misma frase se escuchó repetir durante al menos una hora. El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Donald Spencer se negó a responder las preguntas que los representantes de la Fiscalía y Procuraduría General de la República y el Juez tenían preparadas.
Con más de media hora de retraso, el diputado se presentó al Juzgado Noveno de Distrito del Crimen de Managua, para rendir su declaración indagatoria, la que no aportó nada al juicio por la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
“Para que diga el declarante… ¿si él conocía las propiedades que eran del Estado y estaban bajo custodia del Banic?” “¿Usted ordenaba al doctor Ronald Martínez constituir sociedades anónimas?” “¿Las propiedades vendidas por el Estado a las sociedades descritas en el presente juicio, estuvieron en custodia o en cuido del Banic?” La respuesta fue la misma y el fondo del caso no fue abordado.
Spencer fungió como gerente de Crédito del desaparecido banco, y durante dos años evadió la justicia escudándose en el fuero de que goza por su condición de diputado.
Una vez el juez Altamirano dictó una sentencia de sobreseimiento definitivo para todos los acusados, Spencer renunció a su inmunidad y pidió someterse al juicio.
El funcionario es señalado junto a los miembros de la junta directiva, como el responsable de los procedimientos irregulares en los préstamos otorgados por el banco, y que condujeron a su clausura.
En el juicio figuran declaraciones como la de Ruth Obando Martínez, ex gerente de Crédito del Banic, quien aseguró en el 2003 que los créditos fueron dados a diversas sociedades comerciales, algunas de ellas fantasmas y otras pertenecientes a Spencer.
El juez Altamirano dijo que la ley permite al procesado negarse a declarar y su abogado defensor indicó que se amparará en la sentencia a favor de los demás acusados, para pedir lo sobresea del cargo de fraude imputado por el Estado.