- No podrán vender a más de 6.5 centavos el kilovatio hora
Ludwin Loáisiga
El parlamento nicaragüense aprobó la Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables y, además, reformó la Ley de Promoción al Subsector Hidroeléctrico, para que Nicaragua eventualmente supere su dependencia del petróleo como principal fuente de energía, que se calcula varía entre el 75 y 80 por ciento de la demanda total en el país.
Nicaragua, igual que otros países de la región, ha sido afectada severamente en los últimos meses por el alza internacional del precio del crudo.
La Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables establece que todos los proyectos deberán respetar la política energética nacional y diversificar la oferta energética en el país.
Además estipuló un período de diez años, a partir de la publicación de la ley de beneficios tributarios a las empresas inversoras.
Entre los incentivos está la exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta por un período de siete años, a partir de la entrada en operación comercial del proyecto. También el perdón del Impuesto al Valor Agregado sobre algunos equipos y maquinaria.
Asimismo, exonerará el pago de los impuestos municipales en algunos bienes inmuebles por un período de diez años, a las empresas inversoras.
Para el diputado Agustín Jarquín Anaya, las exoneraciones que facilita la ley permitirán un ahorro que oscilará entre el 15 y el 20 por ciento en los costos de inversión inicial.
“Nosotros no deberíamos de ser dependientes del petróleo en nada, el potencial que está instalado en Nicaragua es poco menos de 400 megavatios, solamente en hidroeléctrica, el potencial ya certificado estamos hablando de más de 1,200 megavatios, con sólo que se invierta en hidroeléctricas; por ejemplo, si se logra desarrollar plantas grandes, logrando los acuerdos con la ciudadanía. Estamos hablando de una generación de casi 300 megavatios”, explicó Jarquín Anaya.
Otra de las ventajas de la ley, a criterio de Jarquín, es que la energía que se genera con fuentes renovables no puede ser vendida a un costo mayor de 6.5 centavos el kilovatio hora, lo que provocará una reducción en la tarifa del servicio eléctrico. Tampoco podrá ser vendida a otras naciones mientras no se cubra la demanda del país.
SECTOR HIDROELÉCTRICO
La reforma a la Ley de Promoción al Subsector Hidroeléctrico, brindó al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) la potestad de otorgar permisos de aprovechamiento de agua para generar energía hidráulica de más de un megavatio, hasta un máximo de 30.
El diputado sandinista Roberto González destacó que en parte de la zona norte del país y en Zelaya Central, Región Autónoma Atlántico Norte, no se permitirá la construcción de infraestructuras para la generación de energía hidroeléctrica.
“Allí el Estado tiene un potencial —natural— que nosotros creemos es importante preservar, como garantía y control de los recursos hídricos”, explicó González.
Añadió que la aprobación de las dos leyes que impulsan la generación de energía con fuentes alternas al petróleo, beneficiará a los sectores productivo y domiciliar, porque el costo de la energía se reducirá considerablemente.
“Estaríamos poniendo al país en una posición más competitiva en términos productivos, recordá que estamos en el marco de la implementación de un Tratado de Libre Comercio”, señaló el diputado.
“La concesión de uso de agua para generación hidroeléctrica, de las cuencas Asturias, Apanás y río Viejo, son de uso y explotación exclusiva del Estado para la generación hidroeléctrica”, dice el texto de la ley reformada.
RED CRITICA LEYES
La Red Nacional de Defensa al Consumidor hizo un llamado para que las discusiones sobre lo que serán las reformas a la Ley de Promoción del Subsector Hidroeléctrico, y la nueva Ley para la Promoción de la Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, sean serias y prudentes, acordes a la situación de crisis energética que atraviesa el país.
En ese sentido, un informe de la Red menciona que las actuales propuestas de leyes están enfocadas principalmente en fomentar la inversión privada en ese rubro, y no se establecen los lineamientos necesarios para que el Estado se convierta en un actor vital en este proceso de desarrollo de las energías renovables.
“El Estado debe planificar la preservación, uso y desarrollo de cada una de las fuentes de energía renovable, definir plazos y prioridades, y a partir de ello convocar a los inversionistas privados a convertir, o invertir bajo disposiciones legales y económicas transparentes”, cita el informe de la Red.
El organismo civil señala que la implementación de las propuestas legislativas debe ser planificada de forma responsable, especialmente en el caso de las concesiones para explotaciones hidroeléctricas, dado que en este caso se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Ley General de Aguas, para el uso de cada una de las principales fuentes hídricas del país.
VENTAJAS
Las leyes aprobadas ayer promueven la inversión extranjera, a través de incentivos fiscales, económicos y financieros, para la explotación de fuentes de energía renovable, como la eólica, hídrica, de biogás y geotérmica.
(Con la colaboración de María José Uriarte y Moisés Martínez).