- Iniciativa de ley de Arce y Gutiérrez propone suprapoderes a Contraloría en manos del PLC y FSLN
- Contralores podrán acusar por la vía penal, cobrar glosas y, según la ley, delitos no prescribirán
Ludwin Loáisiga López
Los diputados sandinistas Bayardo Arce y Wálmaro Gutiérrez presentaron ante el presidente del parlamento, René Núñez Téllez, una iniciativa de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), con el propósito de brindar mayores facultades al ente fiscalizador, controlado por liberales y sandinistas.
Uno de los propósitos de la ley, según Gutiérrez, es facultar a la CGR con la capacidad de iniciar juicios en contra de los funcionarios acusados por delitos contra el Estado.
De llegar a aprobarse la iniciativa, sostuvo Gutiérrez, la CGR acudirá directamente a los Juzgados para “acusar criminalmente” a cualquier funcionario público que estime conveniente.
En la actualidad, la CGR tiene la potestad de realizar auditorías y emitir resoluciones de presunción de responsabilidad penal, civil y administrativa. Es la Fiscalía General de la República la que tiene la potestad de acusar por la vía penal en nombre del Estado.
Pero con el proyecto propuesto por Arce y Gutiérrez, la CGR recibiría facultades parecidas a las de la Fiscalía General de la República.
COBRAR GLOSAS
“De toda resolución de la CGR, uno se puede amparar y lo que manda el Tribunal de Apelaciones es suspender el acto recurrido, por lo tanto allí puede pasar años una resolución que le causó perjuicios patrimoniales al Estado”, explicó Gutiérrez.
Otro propósito de la iniciativa es permitir a la CGR cobrar directamente las glosas —sanciones monetarias— a los funcionarios señalados por faltas civiles y administrativas.
“Actualmente, desde el año 1999-2000 hasta la fecha, ya se llevan 80 millones de córdobas en glosas emitidas por la CGR y que no han sido cobradas, ¿por qué? Porque los funcionarios públicos que están encargados de hacer valer una resolución de la Contraloría, sencillamente no la hacen valer”, dijo el legislador sandinista.
Asimismo, los diputados se proponen declarar cualquier delito en contra del Estado como imprescriptible, conforme a esta nueva legislación.
OTRA REFORMA AL ESTADO
Liberales y sandinistas han ejecutado una reforma profunda al Estado. Han intentado restar atribuciones al Presidente en el nombramiento y destitución del Gabinete y del cuerpo diplomático; crearon el Instituto de la Propiedad y la Superintendencia de Servicios Públicos para reducir funciones al Ejecutivo. Y ahora refuer- zan el poder de la Contraloría, que está en sus manos.