Jorge Loáisiga Mayorga
El diputado sandinista por Jinotega, Leonidas Nicolás Centeno Rivera, sería uno de los seis parlamentarios implicados en el presunto tráfico de madera que denunció el Procurador Ambiental, Lisandro D’León.
LA PRENSA intentó conocer la versión de Centeno, pero en su casa dijeron que no se encontraba. No contestó su teléfono móvil y tampoco devolvió la llamada, pese a que se le dejó un mensaje en el celular explicándole el caso.
D’León denunció ante la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Asamblea Nacional, que al menos seis diputados están involucrados en el tráfico ilegal de madera, además de ex militares, policías, un contralor y delegados del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y del Instituto Nacional Forestal (Inafor).
Centeno ha sido sancionado a través de una resolución administrativa, con multas pecuniarias de hasta 2,500 dólares por la delegación del Instituto Nacional Forestal (Inafor) del municipio de Yalí, departamento de Jinotega, por depredar las riberas del río Monte Cristo, en la comarca El Amparo, municipio San Sebastián de Yalí.
Centeno posee una propiedad en esa localidad y se ha dedicado a la siembra de tomates en las orillas del mencionado río.
Para lograr su tomatera, supuestamente derribó una treintena de árboles de diferentes especies, sin tener el permiso del Inafor, haciendo “tala a ras” en el área y luego habría comercializado la madera que logró de los árboles.
El diputado Centeno introdujo un recurso de revisión de la resolución administrativa, sin embargo, al mismo tiempo el Procurador Ambiental regional del norte, Aristeo Zeledón Rodríguez, introdujo un recurso de revisión alegando que dado el daño ambiental ocasionado por Centeno, la multa impuesta (1,889 dólares) era muy pequeña.
El pasado 15 de marzo, la delegada del Inafor en Yalí, Mayra del Socorro Flores, emitió una resolución en la que resolvió sancionar al diputado Leonidas Centeno Rivera por violar las leyes relacionadas al medio ambiente, y se elevó la multa a 2,500 dólares.
ASAMBLEA YA CONOCE EL CASO
La documentación de este caso estaría ya en manos del Procurador Ambiental, Lisandro D’León y del diputado Jaime Morales Carazo, presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional y de la comisión especial que investiga el otorgamiento de permisos de explotación forestal en la zona de Río San Juan y la Reserva Indio Maíz.
Morales confirmó que tiene en su poder la documentación, pero no quiso hacer comentarios al respecto. “El día de hoy recibí un fax donde se menciona a un diputado como que está cometiendo cosas contra el medio ambiente, pero a mí me gustaría que quien hiciera los comentarios sobre lo que dicen estos documentos, sea el señor Procurador del Ambiente”, dijo el diputado Morales.
“El señor Procurador del Ambiente me la envió como una deferencia y cortesía a esta comisión que está investigando el caso de Río San Juan y que queremos hacer a nivel nacional”, agregó el diputado.
Por su parte D’León confirmó que envió la documentación a Morales, pero no quiso hacer mayores comentarios.
CONTRALOR MOLESTO
“Eso se llama cuentos, cuechos. Si sabe algo, que tenga la hombría y venga a decirlo aquí”, así reaccionó el contralor Guillermo Argüello Poessy, al conocer que el Procurador Ambiental Lisandro D’León dijo que un contralor estaría involucrado en el tráfico ilegal de madera.
Los cinco contralores enviaron una carta a D’León instándolo a que presente una denuncia en la Contraloría “con la documentación que la fundamente, para proceder a efectuar las investigaciones…”
El contralor suplente Francisco Guerra Cardenal, sobrino de la difunta esposa del ex mandatario Arnoldo Alemán, María Dolores Cardenal, fue director del Instituto Nacional Forestal (Inafor) y fue destituido de su cargo por el presidente Enrique Bolaños, luego de que estallara el escándalo del tráfico de madera con permisos forestales otorgados por el Inafor.
El diputado Bladimir Pineda, del departamento Río San Juan, dijo que la denuncia del Procurador Ambiental, Lisandro D’León, sobre el tráfico ilegal de madera, ha desviado la atención sobre una investigación que sobre ese mismo tema está realizando una comisión especial de la Asamblea, en la que aparece involucrada la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
Pineda dijo que la comisión tiene dudas acerca del establecimiento de un puesto de salida de madera creado en la zona del Río San Juan, el cual habría sido autorizado por la DGA sin el consentimiento de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y demás autoridades.
El legislador no descartó que alguna autoridad de la DGA haya actuado de “mala fe” al autorizar un puesto de salida de madera, sin ninguna coordinación, sin embargo se quejó por la denuncia hecha a destiempo por el Procurador Ambiental. “Lo que vino a hacer la denuncia de la Procuraduría (Ambiental) es más bien a entorpecer esas investigaciones”, estimó.
Pineda dijo que para el caso que la comisión investiga, han invitado en un par de ocasiones al titular de la DGA “para que venga a aclarar, pero no ha comparecido”.
“Vamos a esperar que llegue a la tercera invitación, porque si no (llega), se va a desprender que hay una especie de mala fe al no responder al llamado”, advirtió el legislador, quien adelantó que “hay una gran responsabilidad de parte de la DGA”, al autorizar un puesto de salida sin la coordinación debida.
CORRUPCIÓN EN INAFOR
Recientemente la Contraloría estableció presunción de responsabilidad penal contra el ex director del Distrito Sur del Instituto Nacional Forestal (Inafor), Francisco Briceño, por daños al patrimonio del Estado hasta por 1.4 millones de córdobas, en un caso relacionado a las guías y permisos forestales y otros actos de corrupción en el Inafor.
(Con la colaboración de Luis Felipe Palacios).