- Veinte solicitudes de allanamiento fueron bloqueadas en un día
Mirna Velásquez yJosé Adán [email protected]
El paro que los funcionarios judiciales han mantenido desde la semana pasada, terminaría cuando la Policía Nacional presente el informe de la investigación sobre el desalojo de dos jueces de las instalaciones de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), advirtió el Juez Noveno de Distrito del Crimen, Edgard Altamirano.
El juez no pudo precisar qué cantidad de solicitudes de allanamiento no han sido ejecutadas, pero datos extraoficiales reflejan que en los cinco juzgados de audiencia existentes en Managua, unas 20 solicitudes de allanamientos no fueron tramitadas el lunes pasado.
El comisionado Julio González, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, dijo que desconoce ese dato y que para calcularlo tendría que preguntar a cada una de las 48 delegaciones policiales que atienden las denuncias ciudadanas en todo el país.
La Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic) anunció que no está recibiendo las solicitudes de allanamientos que la Policía Nacional presenta en los despachos judiciales del país, hasta que la Policía dé a conocer los resultados de la investigación que sus altos mandos prometieron hacer.
El martes 14 de junio, los jueces David Rojas y María Concepción Ugarte fueron golpeados y desalojados de Telcor, cuando realizaban diligencias prejudiciales para poner en posesión del cargo de interventor judicial a Freddy Carrión, asegura Ajumanic.
El acuerdo fue anunciado durante una reunión entre los jueces y los altos mandos policiales, realizada el lunes pasado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Cariño quiere cariñito, decía mi abuelo. Cuando uno da cariño también espera recibir cariño; entonces nosotros siempre hemos estado anuentes al diálogo con la Policía y que nos podamos entender. También esperamos que ellos nos entiendan a nosotros que tenemos que hacer cumplir las resoluciones judiciales (…)”, expresó ayer el juez Altamirano.
“Nosotros seguimos en sesión permanente, las tardes se ocuparán para realizar asambleas con los jueces y secretarios y funcionarios judiciales para analizar la situación y tomar futuras acciones. Daremos un plazo de dos a tres días para ver qué hace la Policía en el cumplimiento de ese acuerdo”, declaró la magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, Martha Quezada, según una nota de prensa emitida por la Dirección de Prensa del Complejo Judicial Nejapa.
QUIEREN SU PROPIA POLICÍA
La decisión de no atender las órdenes de captura que les solicite la Policía, así como los allanamientos, está vinculada a la presión de los jueces por obtener un respaldo de la Asamblea Nacional, para la creación de una Policía Judicial que obedezca de manera exclusiva al Poder Judicial.
Así lo manifestaron la semana pasada los miembros de Ajumanic, quienes anunciaron mediante comunicados públicos, que paralizarían sus labores a nivel nacional hasta el mediodía, y que el resto de la tarde lo usarían para cabildear en la búsqueda de respaldo de la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, para obtener una ley creadora de la policía judicial.
La repentina intención de los jueces de tener su propio brazo policial, se dio luego que dos jueces y un secretario judicial fueran desalojados y supuestamente irrespetados por agentes del orden que custodian el edificio de Telcor, quienes desconocieron las acciones de la juez Ugarte y la sacaron de la institución.
Los jueces pusieron la denuncia ante el Ministerio Público, y a esa institución han sido citados los principales mandos de la Policía Nacional, en una investigación que incluye al ministro de Gobernación, Julio Vega y al Presidente de la República, Enrique Bolaños.
IGNORARON ADVERTENCIAS
Uno de los jefes policiales citados a la Fiscalía, Julio González, dijo que ellos advirtieron a los jueces que no había suficientes medidas se seguridad para ejecutar la orden de intervención, ya que en las afueras del edificio se congregaban grupos de simpatizantes del Gobierno, empleados públicos y personas afines al sandinismo y liberalismo, que intentaban abrir con barras de acero los portones del polémico edificio de Telcor, que los jueces intentaban intervenir.
El otro jefe policial citado, comisionado mayor Carlos Bendaña, dijo que él sólo recibió órdenes de desalojar a los jueces, quienes, según su versión, intentaron ejecutar sus acciones en dos ocasiones sin la presencia de los agentes de la Dirección de Auxilio Judicial.
La investigación de la Fiscalía también incluye al Director General de la Policía Nacional, Edwin Cordero, quien sería citado esta semana ante el fiscal auxiliar que lleva el caso, Armando Juárez.
Igualmente la Fiscalía entrevistará hoy al ministro de Gobernación, Julio Vega, y no descarta citar al presidente Enrique Bolaños, de quien los jueces presumen que como jefe directo de la Policía Nacional, dio la orden de desconocer las acciones judiciales que intentaban poner en funciones como interventor de Telcor, al intendente de Telecomunicaciones, Freddy Carrión.
El presidente Bolaños y su Gobierno desconocen la elección de Carrión y otros funcionarios públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos, luego que los mismos fueran electos por los diputados sandinistas y liberales, mediante reformas constitucionales que el Gobierno se niega a aceptar.
FISCALÍA AFECTADA
La decisión de los jueces de no acatar las solicitudes de allamiento y órdenes de captura que la Policía Nacional les remite, también está afectando a la Fiscalía, que necesita de la labor investigativa de la Policía para poder acusar.
Tal era el estado de incertidumbre del Ministerio Público, que el Fiscal General de la República, Julio Centeno, tuvo que pedirle apoyo al presidente de la CSJ, Manuel Martínez.
“Sí, nos ha afectado (la actitud de los jueces), pero es oportuno anunciar que ayer hablé con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien dio instrucciones a los jueces de la república, que no le pusieran dificultades al trabajo del Ministerio Público, que el Ministerio Público tuviera la más amplia aceptación en el sistema judicial, para hacer sus labores”, anunció Centeno.
“Los allanamientos afectan enormemente y ésta es una crisis muy seria, porque se obstruye el procedimiento de investigación y la persecución en la lucha contra el crimen organizado, pero esa es una cuestión que escapa a la vida misma del Ministerio Público, y en realidad quien más pierde en su accionar es la Policía, que es quien por antonomasia está obligada a la investigación criminal”, dijo el fiscal general.
“Los allanamientos y las órdenes de captura son parte del proceso de investigación, de los que la Policía toma elementos para remitir a la Fiscalía y ésta, con sus investigaciones, luego acusa. Si no tenemos posibilidad de investigar, ¿qué vamos a hacer?”, se preguntó Centeno.