Alina Lorío L.CORRESPONSAL/ NUEVA [email protected]
La delegada del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) en Nueva Segovia, Delia Marina Ordóñez, reveló su preocupación por la supuesta actuación “no apegada a Derecho” del Juez Único del municipio San Fernando, en un caso reciente de tráfico ilegal de madera en el área protegida de la cordillera Dipilto-Jalapa.
De acuerdo a las declaraciones de la funcionaria, el juez Gonzalo Calero emitió una sentencia de secuestro preventivo sin haber esperado que la autoridad, en este caso el Marena, le notificara la conclusión del proceso administrativo contra la señora Bertha Jiménez Padilla.
El 28 de abril del 2005, en el puesto de control y vigilancia del Ejército en El Prado, San Fernando, en conjunto con guardaparques del Marena, se retuvo dos camiones cargados con madera propiedad de Jiménez, originaria de Jalapa, por alteración y falsificación de documentos.
“La madera fue cortada en el área protegida en un plan de manejo para el aprovechamiento sostenible, pero en la revisión de las guías (documento legal para el transporte de madera) aparecieron alteraciones que comprobaban que ya habían sido utilizadas un día anterior por la señora Jiménez”, argumentó la delegada.
Añadió que la madera y dos camiones fueron chequeados el día 27 con los siguientes datos, guía 05355, número de trozas 33, para un volumen de 7.919 metros cúbicos con el destino al aserradero Pasmata, en Jalapa. En la revisión del día 28, la misma guía fue utilizada pero con enmendadura de fecha y número de trozas.
Además, la guía no presentaba registro de ingreso al aserradero Pasmata, Jalapa, hacia donde la llevaban. También presentaba alteraciones en el número de trozas, encima del 33 se leía 43, y borrones en la documentación presentada. Uno de los camiones no portaba placas y el otro tenía las placas 269-885 y era conducido por René López, procedente del Plan de Manejo Forestal La Caldera.
Los camiones quedaron en depósito del Ejército de Nicaragua, pero el 13 de junio, en horas de la mañana, la delegación del Marena conoció que éstos habían sido entregados a Jiménez por orden del juez de San Fernando, por medio de un secuestro preventivo.
“Marena abrió de inmediato un proceso administrativo que hasta la fecha continúa, en vista de los alegatos de la defensa de Jiménez y que el juez debió esperar una resolución firme para que las partes pudiesen haber hecho uso de su derecho recurriendo de amparo ante el Poder Judicial”, indicó Marlon Moreno, asesor legal del Marena.
Dijo que los jueces de San Fernando, Jalapa y el Juez de Distrito Civil de Ocotal fueron notificados por escrito, el tres de mayo, de que estaba abierto un proceso administrativo con respecto al caso y se les solicitaba que cualquier tipo de embargo y demanda fueran denegadas. “No podían aducir desconocimiento”, señaló Moreno.
PROCESO INCORRECTO
“El procedimiento utilizado por el juez (Gonzalo Calero) no fue el correcto, porque no solicitó al Marena, mediante oficio, un informe del estado de avance del proceso administrativo”, señaló el Procurador Regional Ambiental, Aristeo Zeledón.