- Magistrados “trabados” en si declaran nulas parcial o total las reformas constitucionales
- Con 14 votos Corte para decretos de Bolaños, incluso el que impedía a la Policía acatar órdenes judiciales
Mirna Velásquez Sevilla yLuis Eduardo Martínez [email protected]
Como se suponía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucionales los decretos promulgados por el presidente Enrique Bolaños, que reconocían la supremacía de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) sobre los tribunales nacionales e impedían a la Policía Nacional acatar las resoluciones judiciales.
La Corte asestó un golpe al Presidente con este fallo, pero el panorama político podría cambiar el jueves cuando se conozca la sentencia sobre las reformas constitucionales, que podrían ser declaradas inconstitucionales parcialmente.
Francisco Rosales, de la Sala Constitucional de la CSJ, informó que con catorce votos a favor los magistrados resolvieron declarar inconstitucionales los decretos presidenciales, que a partir de ayer no pueden ser aplicados.
“Ha lugar al recurso por inconstitucionalidad interpuesto por los doctores Fernando Santamaría Zapata y Denis Castro Cabrera (…) en contra del Presidente de la República, Enrique Bolaños Geyer”, refiere la parte resolutiva de la sentencia.
El primer decreto presidencial resumía la ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada por el tribunal centroamericano, invalidando las reformas a la Constitución.
El segundo ordenaba al primer comisionado Edwin Cordero Ardila, director general de la Policía Nacional, que asegurara la ejecución de la sentencia en cuestión.
El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, expuso durante una visita al departamento de Matagalpa que en virtud de la sentencia la Policía debe continuar acatando las resoluciones del Poder Judicial; pero consideró importante esperar para ver cuál será la actuación de la Policía.
La sentencia carece de la firma de los magistrados liberales Iván Escobar Fornos y Guillermo Vargas Sandino que se encuentra fuera del país.
“Ésos son decretos que violentan todo el sistema porque no se pueden derogar leyes sino que por otras leyes”, declaró Rosales.
“El único que puede ejecutar una resolución que emana del extranjero es la Corte Suprema de Justicia”, continuó Rosales.
CONSENSO EN EL PLENO
El magistrado Rosales prometió que el jueves próximo la Corte en pleno se pronunciará sobre las inconstitucionalidades a las enmiendas. En esa fecha se vence el período para que el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, rinda un informe del caso.
Conforme a lo expresado por el magistrado sandinista, entre los dieciséis magistrados que conforman la Corte plena hay consenso para dictar la sentencia en contra de las reformas en forma parcial.
“Ya existe ese consenso. El problema está ahorita precisamente en si es total o parcial”, adelantó el magistrado Rosales.
“Ya hubo discusión en el pleno de la Corte, nosotros nos reunimos en el pleno y hemos discutido. Lo que no hay es un acuerdo absoluto”, detalló.
La falta de acuerdos entre los funcionarios está en que a criterio de algunos de ellos se cometieron errores de procedimiento y de fondo.
OTRAS PROPUESTAS
El vicepresidente de la Corte, Rafael Solís, declaró que entre las propuestas presentadas está la de declarar que las reformas son válidas únicamente “en lo que respecta a la discusión y aprobación hasta la primera vuelta (legislatura), es decir, hasta diciembre del año pasado, y que se declaren inconstitucionales con relación a lo actuado en la segunda vuelta”.
Otra de las variantes que según Solís estudian los magistrados tiene que ver con la posibilidad de declarar parcialmente inconstitucionales las reformas, eliminando únicamente el complemento de que los nombramientos de ministros tenían que realizarse “por consenso”.
Para el magistrado Solís, esta propuesta “deja vivas las reformas, declara inconstitucional solamente la coletilla del consenso y, aunque no permitiría que se vuelvan a discutir las reformas de una segunda vuelta, sí permitiría que se volvieran a hacer los nombramientos”.
“Se hicieron (los nombramientos) sobre la base de una coletilla que al ser declarada inconstitucional habría que repetirlos. Eso también le deja algún margen de negociación al Gobierno si es el caso”, expresó el funcionario.
Sobre este punto, Rosales aceptó que la “coletilla” de las reformas es uno de los errores de procedimiento porque no se discutió en la primera legislatura, pero consideró que ése es sólo uno de los aspectos.
“Habemos quienes sostenemos que hay problemas de fondo (…). ¿Bastaría quitar la coletilla para resolver y que el Presidente se siente en el diálogo? Yo no lo creo porque precisamente la coletilla sólo se refiere a que es un nombramiento de consenso entre tres partes, lo cual es un solemne disparate catalogar al Ejecutivo como una fuerza política, es un órgano del Estado, es parte de la institucionalidad de este país”, alegó Rosales.
Ernesto Leal, Secretario de la Presidencia de la República, consideró que el Poder Judicial tiene una oportunidad histórica de demostrarle al mundo qué cosas y qué legitimidad tiene el Poder Judicial en Nicaragua, dictando un fallo que declare las reformas inconstitucionales.
“Yo creo que eso podría abrir un campo de negociación amplio y creo que es una oportunidad para todos los nicaragüenses”, afirmó.
CUATRO PROPUESTAS
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estudian cuatro posibilidades para fallar, en los próximos días, sobre los recursos que introdujeron decenas de ciudadanos por inconstitucionalidad de las recientes reformas constitucionales realizadas por la Asamblea Nacional.
El magistrado Rafael Solís, vicepresidente de ese poder del Estado, planteó que dos de esas posibilidades tienen que ver con declarar parcialmente inconstitucionales las reformas que dieron lugar a la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).
Una de las alternativas, según Solís, sería “que se rechace el recurso y se mantengan las reformas con todos los nombramientos a como están. Hay otra, al otro extremo, que es aceptar el recurso tal a como fue presentado y se declaren inconstitucionales de una manera total las reformas”.
(Con la colaboración de María José Uriarte).