El fantasma de la “Navidad Roja”

En aquella ocasión miles de indígenas del Caribe nicaragüense fueron desalojados de sus tierras por el Ejército Popular Sandinista (EPS) , para que no pudieran apoyar a los insurgentes contrarrevolucionarios, y trasladados a campos de concentración que sarcásticamente fueron llamados Tasba Pri, que en la lengua miskita significa tierra prometida .

Según la información publicada este lunes por LA PRENSA, la denuncia fue presentada por dirigentes de las organizaciones indígenas Kisan, Misura y Yatama a principios de los años noventa, pero la CIDH sólo la admitió y luego la archivó. Ahora, según los informantes la CIDH sacó la denuncia de sus archivos, a fines de julio recién pasado, pero no se aclaró por qué la están reactivando 15 años después.

Al respecto un prominente líder sandinista que fue parte del aparato gubernamental de Nicaragua durante la dictadura del FSLN, el diputado Bayardo Arce Castaño, desestimó la noticia sobre la supuesta reactivación de la denuncia del genocidio de la “Navidad Roja” en la CIDH. Arce más bien se burló del asunto , al asegurar que se trata de una “estrategia electoral “y de una “campaña” de LA PRENSA y el Canal 2 de televisión contra el FSLN.

Ante semejante disparate, lo que tenemos que decir es que nosotros consideramos justo y necesario que la CIDH se pronuncie sobre los crímenes contra los derechos humanos que se cometieron en Nicaragua durante la dictadura sandinista, del mismo modo que condenó los crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura somocista. Pero no creemos que la denuncia del caso de la “Navidad Roja” vaya a prosperar. Lo cierto es que la comunidad internacional es implacable cuando se trata de perseguir a los antiguos dictadores derechistas, violadores de derechos humanos, aunque se encuentren ya en estado de decrepitud —como es el caso del general Augusto Pinochet en Chile—, pero cierra los ojos ante iguales crímenes contra los derechos humanos que son cometidos por regímenes y dictadores izquierdistas.

En estos mismos días, el gobierno izquierdista del Uruguay que preside el médico socialista Tabaré Vásquez, quien asumió el poder hace menos de seis meses, inició un juicio contra el ex presidente Juan María Bordaberry que gobernó a sangre y fuego ese país durante los años setenta, y ahora, a la edad de 77 años, vive refugiado en Panamá.

Según los observadores de la política uruguaya, con este juicio el gobierno uruguayo está comenzando una campaña para revocar la amnistía general que perdonó los crímenes de las dictaduras militares —la cual fue promulgada en 1986 y ratificada por un plebiscito popular en 1989—, igual que ha hecho el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina.

También en Nicaragua los crímenes cometidos por el régimen sandinista —y por la Contra— fueron perdonados por varias amnistías dictadas después de la derrota electoral del FSLN en febrero de 1990. Pero los crímenes contra los derechos humanos no prescriben jamás. En base a este criterio sustantivo de derecho universal es que el gobierno uruguayo está procediendo contra el ex presidente Bordaberry, y el gobierno de Argentina revocó las leyes de punto final y amnistía que perdonaron los crímenes cometidos por las dictaduras militares de derecha.

Sin embargo eso es posible hacerlo sólo con antiguos déspotas de derecha, como Augusto Pinochet y Juan María Bordaberry. De hecho no se hace lo mismo con ex dictadores de izquierda, como Daniel Ortega, ni con respecto a crímenes cometidos por los regímenes izquierdistas como el que impuso el Frente Sandinista en Nicaragua entre 1979 y 1990.

Precisamente por eso es que muchos nicaragüenses —en realidad, la mayoría de la población—, temen que si Daniel Ortega volviera a ser Presidente de Nicaragua ocurrirían de nuevo hechos terribles como la “Navidad Roja” de 1983, y otros crímenes contra los derechos humanos que quedaron en la impunidad.