Richard A. Estrada Solórzano
El 13 de julio este diario publicó un artículo titulado Lluvia de amparos contra bajón salarial. A esa fecha ya sumaban 270 los recursos de amparo contra la ley para regular los salarios de los altos funcionarios públicos y, además, “saltaron” otros que ganan a través de proyectos y cooperación externa. Ahora probablemente esa cantidad de “pobrecitos mal pagados” por sus extenuantes labores gubernamentales y políticas y “mal agradecidos por su ingrato pueblo” se haya elevado en un buen porcentaje.
El colmo llegó cuando también en este diario el día 15 de julio publica otro artículo en donde informa que la CSJ oficializó el día anterior la decisión “unánime” de declarar inconstitucional la ley que regula los “megasalarios” basado en argumentos solamente lógicos para su mentalidad ya por todos conocida.
Esta ley fue introducida por el sector sandinista en la Asamblea Nacional y por lo menos en cuanto a mí se refiere, creí que fue una idea muy bien pensada y noble la de nivelar los megasalarios a un nivel aceptable, basándonos en nuestra paupérrima economía que realmente no da cabida para semejante corrupción.
La sorpresa fue que tantos “eruditos” políticos inmediatamente se “abalanzaran” a buscar amparos para salvarse del bajonazo en sus megasalarios. Comenzando por los liberales —que tanto he leído que comentan que en la empresa privada ganarían mucho más pues sus conocimientos educacionales son de alta envergadura que ni siquiera considerarían trabajar para el gobierno de Nicaragua por algo menos que lo que están ganando— fueron los primeros en buscar refugio en el amparo. Sin temor a equivocarme, vi en un noticiario de TV en ese momento a un gran profesional y presidente del BCN como uno de los primeros en buscar ese amparo.
He leído en muchas ocasiones en “Cartas al Director” y en otras secciones de este y otros diarios, el desafío que le ha hecho el pueblo a estos empleados de envergadura, acerca de que “si no les parece adaptarse a un sueldo de acuerdo a las posibilidades de nuestro pueblo, que entonces dimitan de su cargo y “prueben” que pueden ganar mejor fuera de sus puestos políticos o gubernamentales. Este reto vengo leyéndolo desde hace un buen tiempo y hasta la fecha no he oído o leído de ninguno de estos “sacrificados” de la patria que lo haya aceptado y se fuera a la empresa privada a probar que pueden ganar mucho más que el “mísero” megasalario que le paga el pueblo.
Tan es así que últimamente, un alto puesto que estaba por llenarse en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) suscitó el interés del primer valiente en tomar el reto o desafío del pueblo, y fue nada menos que el presidente de nuestro BCN. Otra sorpresa: ni siquiera fue tomado en consideración pues otros aspirantes o contendientes tenían superiores calificaciones según las noticias en este mismo diario con fecha de jueves 21 de julio 2005. Entonces ya pudimos ver que en el primer arranque de querer probar que “ellos” pueden ganar más y mejor afuera de lo nuestro, no llegó a ningún lado y viene a comprobar que los puestos políticos o gubernamentales son “arrebatados” por sus respectivos aspirantes basados en la jugosa rapacidad por lo que se paga y no por sus deseos de servir a nuestro pueblo con metas nobles y sanas.
Si los “mal pagados” políticos siguen esquilmando nuestro mísero erario, es una de la razones del porqué Ortega tiene razón pues estos “amparados” se están encargando de hacer que nuestro mismo pueblo se asquee de tanta sinvergüenzada y prefiera no ir a votar con las consecuencias que todos ya sabemos que vendrán.
El autor es inversionista retirado.