Mirna Velásquez [email protected]
La designación de un interventor judicial en la Compañía Nacional Productora de Cemento —propiedad del Estado— no pudo realizarse ayer, como estaba previsto, porque la Procuraduría General de la República (PGR) no se presentó a la audiencia donde se esperaba se pondría de acuerdo con el abogado de la familia Somoza.
Dado que no hubo acuerdo entre las partes será el juez Néstor Castillo quien tendrá que escoger entre las cuatro personas propuestas por Antonio Morgan, abogado de la familia Somoza. La ley señala que el Juez tiene 24 horas para hacerlo.
Morgan propuso a Luis Toruño Coronel, Álvaro Somoza Urcuyo, Roberto José Cuadra y Bayardo Núñez Mejía, para el aseguramiento de los bienes litigiosos.
MEDIDA PREVENTIVA
“El aseguramiento de los bienes litigiosos nada más es una medida preventiva, no quiere decir que se le vaya a entregar al momento a la familia Somoza”, destacó Castillo, Juez Cuarto Civil de Distrito.
El juez decidió tramitar por separado un incidente de nulidad absoluta introducido por el Gobierno, a través del presidente de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), Chéster Noguera, que se opone al nombramiento del interventor.
El juez Castillo había citado para ayer a las partes cumpliendo con una orden del Tribunal de Apelaciones para que se diera el nombramiento del interventor judicial, cuya función será la de administrar los bienes de la Cementera, llevando cuentas detalladas de los ingresos y egresos.
Morgan aseguró que de 192 accionistas, la familia Somoza representa el 17 por ciento. No obstante se supo que entre el resto de accionistas figuran la sociedad Puerto Esperanza Investement Corporation, representada por Jorge Ernesto Ascencio Aguirre y Lilliam Somoza de Sevilla Sacasa, representada por Alejandro Sevilla Somoza.