- Diputados todavía están esperando que el Ejecutivo mande la propuesta de reforma al Presupuesto del 2005
- Reforma será discutida después del receso parlamentario que concluye en septiembre
Luis Núñez Salmerón yLuis Felipe [email protected]
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, demandó ayer al Ejecutivo a enviar cuanto antes la iniciativa de reforma a la Ley Anual del Presupuesto 2005, para no poner en peligro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El parlamento terminó de aprobar la ley de reforma a la Ley 316, Ley de la Superintenencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
Antes había aprobado la nueva Ley del Fondo de Garantía de Depósitos, la reforma a la Ley de Superintendencia de Bancos y una nueva Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario, sin embargo, a juicio de Gutiérrez, aún falta la reforma presupuestaria.
“La quinta ley, que es la Ley de Reforma al Presupuesto General de la República 2005, el Poder Ejecutivo seguramente de manera dolosa y mal intencionada sencillamente no la manda a la Asamblea y está poniendo en peligro un programa económico con los organismos internacionales”, señaló.
Advirtió que el parlamento no le dará trámite de urgencia a la iniciativa de reforma presupuestaria, porque tienen que “tomarse su tiempo” para dictaminar ese anteproyecto de ley.
“El Ejecutivo está pretendiendo evitar que la Asamblea Nacional cumpla con su papel de fiscalización, mandando una iniciativa para que sea aprobada de manera atropellada, sin tener análisis, y eso no lo vamos a permitir”, sostuvo.
Gutiérrez dijo tener conocimiento de que existen captaciones tributarias en exceso a lo presupuestado inicialmente y también una serie de subejecuciones, “que quedarían claras al momento de una revisión para la aprobación de una reforma presupuestaria”.
Agregó que la reforma al Presupuesto debe incluir el incremento salarial al sector magisterial y al sector salud, así como una serie de partidas adicionales asignadas a “instituciones benéficas y sociales”.
El legislador sandinista no descartó que se pueda reducir el receso parlamentario de tres semanas, a menos, para poder discutir y aprobar la reforma presupuestaria en caso que el Ejecutivo envíe la iniciativa de ley “en estos días”.
Caso contrario, dijo Gutiérrez, “va a ser revisada hasta en septiembre, entonces se pone en riesgo el programa de Nicaragua con los organismos financieros y va a ser responsabilidad del Poder Ejecutivo, no de la Asamblea Nacional”.
FALTA CONSENSO
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, respondió que será hasta la próxima semana que enviarán el proyecto de ley de reformas al Presupuesto del 2005, debido a que todavía hace falta definir cómo va a quedar la situación del transporte y de energía, que han demandado una respuesta ante el incremento de los precios internacionales del petróleo, que este miércoles registró otro incremento, cerrando en 61.38 dólares.
Según Arana, será hasta después de una ronda de conversaciones con estos sectores en las que se definan “las necesidades reales”, que se presente una propuesta de consenso de reforma presupuestaria.
En tal sentido aseguró que lo que se quiere es que la reforma que se lleve a la Asamblea cuente con todo el consenso para evitar que una vez que llegue al parlamento se apruebe sin problemas y no pase nuevamente lo que en otras ocasiones cuando los diputados cambian todo.
LEY DE BANCOS
Por otro lado, el parlamento inició la discusión en lo particular de la nueva Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no bancarias y grupos financieros, la cual fue aprobada en lo general con 53 votos, ninguno en contra. Otros 14 diputados estaban presentes pero no ejercieron su derecho al voto.
La ley logró ser aprobada en lo particular hasta el artículo 43, quedando claro que es una “ley de orden público”.
El Superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, calificó esta ley como de mucha trascendencia, ya que viene a modernizar el Sistema Financiero Nacional y ajustarse a los principios de Basilea II, que establecen nuevos requisitos en cuanto al funcionamiento de estas instituciones financieras.
Según Urcuyo, con esta nueva ley se mejora y fortalece el trabajo preventivo y fiscalizador de la Superintendencia de Bancos.
Además, mejora y hace más eficiente el proceso de intervención y liquidación de bancos y entidades financieras cuando estas acciones sean indispensables.
También permitirá la fluidez en la información de los bancos hacia la SIB, “trata de quitar la imagen de que esta institución tiene un papel coercitivo” afirma el diputado Wilfredo Navarro.
La ley contemplará nuevos requisitos basados en la idoneidad de las personas que pretendan abrir nuevos bancos, de la capacidad financiera para hacerlo, así como las relaciones de los bancos nacionales con sus partes relacionadas.
La nueva ley define como capital social mínimo 200 millones de córdobas divididos en acciones nominativas e inconvertibles al portador.
Según los diputados de la Asamblea Nacional, esta ley cuenta con todo el consenso de las partes.
LA NUEVA LEY DE BANCOS
La nueva ley establece que para abrir un nuevo banco se tiene que cumplir con una serie de requisitos.
Capital social mínimo pagado en dinero en efectivo.
El 80 por ciento de éste, a la vista del Banco Central.
Testimonio de la escritura social y sus estatutos con las correspondientes razones de inscripción en el Registro Público, con su balance general de apertura.
Certificación de los nombramientos de los directores para el primer período, del gerente o principal ejecutivo del banco, y del auditor interno.
Verificación por parte del Superintendente, de que el banco cuenta, entre otras, con las instalaciones físicas y plataforma tecnológica adecuadas, así como los contratos, seguros, manuales y reglamentos necesarios. Todo lo anterior, conforme a las normas que a este efecto dicte el consejo directivo de la Superintendencia.
Por otro lado, según esta ley, los bancos deberán publicar sus estados financieros al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de cada año.
La junta de accionistas, una vez discutidos, deberá remitir a la Superintendencia, certificación de los mismos y mandarlos a publicar en La Gaceta, diario oficial y en un medio escrito de amplia circulación en el territorio nacional, cumpliendo con las normas establecidas por el consejo directivo de la Superintendencia.
Constituye el gobierno corporativo de las instituciones financieras, las directrices que regulan las relaciones internas de la junta general de accionistas, la junta directiva, la gerencia, funcionarios y empleados; así como entre la institución, el ente supervisor y el público.
PASO ACELERADO
El parlamento ha apurado el paso en la aprobación de las leyes financieras que conforman el paquete que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, un tropiezo podría ser la aprobación de la reforma al Presupuesto de la República, que todavía no ha sido enviado. Esto va a depender, según Hacienda, de negociaciones con transportistas y el sector energía.