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Ejército avanza, Corte retrocede
Algunas personas se quejaron de que el presidente Enrique Bolaños fue duro con los magistrados y en general con la administración de justicia, en el discurso que pronunció el viernes de la semana pasada durante la celebración del 26 aniversario del Ejército de Nicaragua. Pero el presidente Bolaños sólo dijo la verdad. Y la verdad hay que decirla aunque se molesten quienes, ya sea por disciplina partidista, por servilismo caudillista, por venalidad o por lo que sea, han pervertido con alevosía y ventaja el fundamento más sagrado del Estado y la sociedad: la justicia que es “reina y señora de todas las virtudes” tal como la definió Cicerón (106-43 antes de Cristo) para todas las épocas y todas las naciones.
En realidad, lo que dijo el presidente Bolaños lo saben todos los nicaragüenses y lo conocen quienes en el extranjero están informados de la situación de Nicaragua: “Las encuestas dicen con elocuencia que la justicia está corrupta, que la justicia es parcial, que la justicia está politizada y que el origen de este mal lo incuba el pacto. El sistema judicial está, pues, enfermo y su enfermedad invade como un mal, como una epidemia”. Eso fue lo que dijo el Presidente, lo cual es cierto. Y lo malo no es denunciar la perversión de la administración de justicia, sino haberla pervertido, o callar ante eso.
Además, el escenario donde el presidente Bolaños hizo tal denuncia, es decir, la celebración del aniversario del Ejército, era el lugar apropiado para hacerlo. Pero no porque el Ejército tenga que intervenir en la crisis política, como dicen algunas personas que tienen la cabeza caliente y abogan por el surgimiento de un Chávez o un Pinochet para que ponga “en orden” al país mediante un golpe militar. O como quisieran otras personas a quienes les hastía la crisis sin fin que han provocado los políticos pactistas, que el Ejército interviniera sin derramar sangre, sólo para forzar una solución democrática del conflicto institucional.
Pero la función del Ejército no es resolver los problemas y las crisis que provocan los políticos. El Ejército tiene que mantenerse apegado a la institucionalidad, respetuoso a la Constitución, obediente a su autoridad civil superior que es el Presidente de la República. Y por el Ejército no debe atender órdenes arbitrarias que pretenda darle —con el cuento de que debe cumplir las órdenes judiciales, de cualquier clase que sean— una pandilla de políticos pactistas que conspiran para terminar con la democracia y abatir a la República, que quieren imponer una nueva dictadura que ahora sería bicéfala, bipartidista, libero-sandinista, de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.
El escenario de la celebración del Ejército de Nicaragua era el más apropiado para que el presidente Bolaños denunciara la perversión pactista de la justicia, porque había que remarcar el principio y norma constitucional de la subordinación del poder militar a la autoridad civil del Presidente de la República. Y además, para contrastar la imagen respetable de una institución militar que ha avanzado de manera consistente, visible e incuestionable en su despartidarización, profesionalización e institucionalización, con la figura desacreditada de un Poder Judicial que ha retrocedido y que ahora es más partidista, más dependiente, más corrupto y mucho más desprestigiado que en 1990, cuando comenzó la transición democrática de Nicaragua.
En efecto, mientras el Ejército rompió su carnet de partido —independientemente de la ideología que in pectore tengan los militares— y proclama orgullosamente su profesionalismo institucional, en la Corte Suprema de Justicia han llegado al descaro de organizarse en dos bancadas partidistas —del FSLN y el PLC—, y descaradamente dictan resoluciones sesgadas, contrarias a derecho, según las conveniencias de sus partidos y sus caudillos.
Esa es la trágica situación de Nicaragua en materia de administración de justicia. Por eso es imperativo que los dirigentes políticos democráticos que se han pronunciado contra el pacto corruptor de la justicia, y quienes cuentan con el respaldo mayoritario de la población, asuman desde ahora el compromiso de que al llegar al poder —presidencial y legislativo—, convocarán a una asamblea constituyente, la que entre otras cosas primordiales deberá reorganizar los órganos estatales e instituir un Poder Judicial independiente, justo, honesto y respetado tanto por la nación como por la comunidad internacional.