- Enfrenta acusaciones por tres delitos, por haber vendido madera decomisada
Alina Lorío L.CORRESPONSAL / NUEVA SEGOVIA [email protected]
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Procuraduría Ambiental acusa a maderera
 | Enfrenta acusaciones por tres delitos, por haber vendido madera decomisada |
Alina Lorío L.
CORRESPONSAL / NUEVA SEGOVIA
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El Procurador Regional Auxiliar Ambiental, Aristeo Zeledón Rodríguez, interpuso ante la Fiscalía Departamental de Nueva Segovia acusación por los delitos de desacato a la autoridad, estafa en contra del Estado de Nicaragua y estelionato en contra de la señora Bertha Jiménez Padilla, empresaria de la madera en los municipios de San Fernando y Jalapa.
El pasado 1 de septiembre, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y la Procuraduría del Ambiente, acompañados por el Juez Único Local de San Fernando, Gonzalo Calero, realizaron una inspección y encontraron que la madera que decomisaron a Jiménez “por extracción y transporte ilegal” y que le había sido devuelta en calidad de depósito, la comercializó.
80 TROZAS DE MADERA
Las 80 trozas de madera, retenidas a Jiménez el 28 de abril por alteración y falsificación de documentos y decomisadas el 4 de julio por el Marena, fueron aserradas y vendidas, mientras que los dos camiones no se encontraban en el sitio acordado, sino en el aserradero San Nicolás, propiedad de la depositaria.
La madera fue cortada en áreas protegidas en un plan de manejo para el aprovechamiento sostenible, pero en la revisión de las guías (documento legal para el transporte de madera) aparecieron alteraciones que comprobaban que ya habían sido utilizadas un día anterior por la misma señora Jiménez, explicó la delegada departamental del Marena, Martha Virginia Rubio.
Jiménez reconoció haber reutilizado las guías, pero justificó que por la huelga en ese momento se había quedado sin guías y el chequeador mandó los camiones con las guías anteriores porque ya estaba finalizando el aprovechamiento y no querían desaprovechar la madera delgada tumbada, pero desconoce por qué no registraron su ingreso a la industria.
Los camiones y la madera habían quedado en depósito del Ejército de Nicaragua, pero el 13 de junio en horas de la mañana los vehículos y el producto fueron entregados a Jiménez por orden del juez de San Fernando.
La Procuraduría solicitó a la Fiscalía “allanamiento al aserradero de la empresaria, donde presuntamente se encuentran los camiones decomisados para hacer cumplir la resolución del Marena”.
JUEZ TAMBIÉN FALLÓ
Uno de los procuradores ambientales de la zona Norte y Central, que prefirió omitir su nombre, enfrentó al juez Gonzalo, a quien le dijo que invadió competencias del Marena, al devolver o decretar secuestro preventivo judicial , sobre un bien que además de ser ilegal estaba ya en poder del Estado de Nicaragua.
“La verdad que en este caso los procesados sorprendieron al judicial y aprovechando su autoridad, el juez decretó esa medida en contra del Estado”, dijo el procurador ambiental, representante de esta instancia que decidió informar del asunto a la Corte Suprema de Justicia y proponer la capacitación de los jueces alrededor de las leyes ambientales.
El judicial manifestó que la parte solicitante le escondió la existencia del proceso, pero que además no estaba en la obligación de solicitar información al Marena sobre el mismo.