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Seguridad y turismo
La seguridad es una condición absolutamente indispensables para desarrollar el turismo. Los turistas deben tener la confianza de que al viajar a cualquier lugar para gastar su dinero en descanso, entretenimiento, compras y conocimiento de otros paisajes, culturas y gente, no corren el peligro inminente de ser asaltados y robados en la calle o en los centros turísticos, y mucho menos en los hoteles y albergues en los que se alojen.
La seguridad, según los expertos en la materia, “es un estado de confianza en la que el individuo percibe que sus bienes y su propia integridad física están protegidos de acciones destinadas a producir un sentimiento contrario”. Pero, además, la seguridad significa “un sistema de organización de la fuerza pública que cuida de manera eficaz de impedir o reprimir las agresiones de que pueden ser víctimas las personas honradas; y que infunde —sin excluir esporádicos ataques— la tranquilidad de poder circular sin preocupaciones especiales por cualquier punto del territorio nacional que sea de libre tránsito y el frecuentar o visitar cualquier lugar sin temor a atropellos, ultrajes o violencias”.
Eso es en general. Pero la necesidad de seguridad es todavía más necesaria para la persona que se encuentra en el extranjero, donde no conoce el terreno ni las costumbres, a veces ni siquiera el idioma, y por lo tanto se encuentra totalmente indefensa y depende mucho más de la seguridad ambiental e institucional.
De manera que los turistas necesitan seguridad en primer lugar. Y si se quiere desarrollar el turismo, que es una de las fuentes más factibles y rápidas de creación de empleos y promoción del desarrollo, hay que preocuparse por ofrecer mayor seguridad a los turistas, lo que significa hacer más segura también la vida de los mismos nicaragüenses.
Decimos lo anterior, a propósito de las protestas que se han generado en el Atlántico nicaragüense porque el Gobierno de Estados Unidos está advirtiendo a sus ciudadanos que viajan a Nicaragua, sobre los peligros que podrían correr en la zona del Caribe. Una advertencia que al parecer fue motivada por la noticia sobre el asalto que sufrió recientemente un matrimonio de turistas extranjeros, en la localidad turística de Little Corn Island o Pequeña Isla del Maíz, incidente durante el cual ella estuvo a punto de ser violada sexualmente y él fue herido en un brazo, por un machetazo que le asestó uno de los asaltantes.
Pero más que protestar y hacer política contra un gobierno extranjero que cumple el deber de advertir a sus ciudadanos que deben tengan cuidado al viajar a ciertos lugares que podrían ser inseguros, lo que tenemos que hacer los nicaragüenses —y ante todo los gobernantes nacionales y locales y los empresarios de turismo, pero también los ciudadanos en general— es crear mejores condiciones de seguridad para los visitantes en los lugares turísticos del país.
Todo gobierno tiene no sólo el derecho sino también la obligación de prevenir a sus nacionales, sobre los riesgos de visitar algún país o lugar determinado. El Gobierno de Nicaragua, por ejemplo, de conformidad con el espíritu del artículo 28 de la Constitución (“Los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado, los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares”), está obligado a advertirle a los nicaragüenses que viajan a las otras capitales centroamericanas —que son más inseguras que Managua—, sobre los peligros que pueden correr en ellas, pues la ayuda debe ser preventiva, no sólo hasta después de que a alguien le ocurre una desgracia.
Volviendo al caso de Little Corn Island, es irracional e inaceptable la explicación de que en un lugar turístico como ese la Policía sólo puede ofrecer presencia de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y que los policías únicamente pueden llegar si alguien los transporta gratuitamente. ¿Y por qué en vez de asignar tantos efectivos a la “protección” de políticos ociosos no se dota de una guarnición policial permanente a esa localidad turística? ¿Acaso no es para eso que el gobierno cobra los impuestos? ¿Y por qué los empresarios turísticos del lugar no cuentan con una efectiva vigilancia privada?
Esas y otras cosas se podrían hacer por mejorar la seguridad pública y turística, si hubiese más voluntad gubernamental y mejor sentido empresarial.