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CRISIS

Caputo rinde informe a puerta cerrada

El ex canciller argentino Dante Caputo, enviado especial de la OEA para Nicaragua, sostuvo ayer prolongadas reuniones a puerta cerrada, con el secretario general José Miguel Insulza para hablar sobre la crisis política en ese país que amenaza con el desafuero la próxima semana del presidente Enrique Bolaños.

A las reuniones realizadas en el despacho de Insulza les seguirá hoy un diálogo informal del Consejo Permanente, conformado por los embajadores de los 34 estados miembros, para analizar la posibilidad de una reunión de emergencia de los cancilleres americanos.

Caputo llegó de Managua el martes por la noche convocado de urgencia por Insulza, luego que los presidentes y sus representantes de siete naciones centroamericanas más República Dominicana pidieran analizar la convocatoria de los ministros que conforman la llamada Asamblea General.

La posición de los presidentes se basa en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, activada hace meses a pedido de Bolaños, quien luego de un pacto de opositores se encuentra prácticamente a merced de sus rivales en todas las instituciones de la nación.

Los pasos iniciales de ese artículo, como la convocatoria inmediata del Consejo Permanente, las gestiones diplomáticas y los buenos oficios, ya han sido ejecutados por la OEA pero sin éxito para Bolaños.

Lo único que quedaba pendiente era el paso final de la convocatoria de un período extraordinario de sesiones de los cancilleres para que se adopten decisiones que potencialmente incluirían la exclusión de Nicaragua del sistema interamericano en caso de que la destitución de Bolaños fuese considerada inconstitucional.

Caputo, cuya gestión para algunos diplomáticos ha sido discreta en el caso de Bolaños, no ha formulado declaraciones sobre su trabajo ni sus diálogos con Insulza. Éste, quien ya ha visitado personalmente Nicaragua, tampoco lo ha hecho.

En medio de la crisis, Bolaños cambió curiosamente de embajador ante la OEA nombrando a José Luis Velásquez Pereira en reemplazo de Carmen Marina Gutiérrez, quien había sido una ferviente defensora de Bolaños y la institucionalidad democrática en su país. (AP)

DIFERENDO

Temor aborta sesión legislativa en San Andrés

Atemorizados por una racha de accidentes aéreos, la mayoría de los diputados de la Cámara Baja rehusó viajar ayer en un avión oficial a San Andrés para celebrar una inusual sesión, con el fin de reafirmar la soberanía de Colombia sobre esta isla caribeña reclamada por Nicaragua.

Sólo 70 de los 165 congresistas llegaron al aeropuerto para viajar.

Quien prendió las alarmas fue el legislador Joaquín José Vives, al afirmar en la víspera en el Congreso que no es seguro viajar en aviones militares en Colombia, porque su mantenimiento no está certificado por la Aeronáutica Civil.

“No viajamos porque este avión ha reportado múltiples fallas y por eso fue retirado del servicio del Presidente. Y si no sirve para el Presidente tampoco sirve para los parlamentarios ni para los soldados de la República”, manifestó a la Radio W ayer, Carlos Piedrahita, uno de los congresistas que se quedó en Bogotá para evitar riesgos.

Por el contrario, el presidente de la Cámara de Representantes, Julio Gallardo, afirmó que es seguro viajar en los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, porque tienen un buen mantenimiento y pilotos de primer nivel.

Gallardo dijo a la AP, antes de abordar un viejo Boeing 707 que fue usado como avión presidencial durante más de 25 años, que a la isla se embarcaron 70 de los 165 miembros de la Cámara Baja.

Nicaragua ha interpuesto una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya reclamando la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en aguas del Caribe.

Es la primera vez en la historia que la Cámara de Representantes va a sesionar con un número importante de sus miembros para debatir los problemas del archipiélago de San Andrés y Providencia y así enviar un mensaje a nivel internacional de reafirmación de la soberanía colombiana sobre estos territorios, dijo Gallardo.

En Colombia, hay preocupaciones en el Gobierno y en el Congreso por la seguridad aérea.

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