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Golpe de Estado
A los golpistas no les gusta que los llamen por ese nombre. Aseguran que lo que ellos quieren es “sólo” desaforar, enjuiciar y destituir al Presidente de la República (que fue elegido en noviembre del 2001 por una gran mayoría de votos, para ejercer el cargo presidencial durante cinco años que se vencen el 10 de enero del 2007), pero que eso es constitucional y está en el marco de sus competencias.
Es evidente que los golpistas menosprecian la inteligencia de los ciudadanos nicaragüenses y de los representantes de la comunidad democrática internacional, o la miden con su propio rasero. ¿O será que ignoran, realmente, qué es un golpe de Estado?
Según los golpistas, un golpe de Estado es un pronunciamiento militar para abolir las instituciones e instaurar un gobierno de facto. Y lo que lo que ellos pretenden —dicen los golpistas— es “únicamente” procesar y destituir al presidente Enrique Bolaños.
Como todo el mundo lo sabe —o lo conocen al menos las personas informadas— la tecnología del golpe de Estado ha cambiado, igual que todas las otras tecnologías. Ahora el golpe de Estado no ocurre sólo cuando militares “gorilas” y machetones —como Somoza García en Nicaragua, en 1936, o Augusto Pinochet en Chile, en 1973— derribaron usando la fuerza militar a los gobiernos electos popularmente de Juan Bautista Sacasa y Salvador Allende, respectivamente. Ahora el golpe de Estado se lleva a cabo con asonadas de turbas en las calles (como ocurre frecuentemente en Suramérica), o por medio de juicios políticos impulsados por mayorías parlamentarias sectarias y tribunales politizados, que es precisamente como lo están haciendo en Nicaragua.
La señora Jennie K. Lincoln, una estadounidense experta en derecho internacional que vino a Nicaragua esta semana para dictar conferencias sobre la Carta Democrática de la OEA, mencionó en la Universidad Americana de Managua (UAM) cinco modalidades de atentar contra el sistema democrático de gobierno que están señaladas y rechazadas en dicha Carta: “Violación a la integridad de las instituciones centrales; elecciones que no cumplen requisitos internacionales; no respetar resultados electorales; sistemática trasgresión a las libertades básicas como la libre expresión, asociación y derechos de las minorías; suspender inconstitucionalmente el período de un funcionario público electo por la población; destitución arbitraria e ilegal en el nombramiento de los funcionarios de los poderes del Estado; interferencia de militares en la jurisdicción de los funcionarios electos; y usar sistemáticamente un cargo público para silenciar, acusar o interrumpir las actividades normales y legales de la oposición, medios de prensa y sociedad civil” (LA PRENSA, jueves 8 de septiembre, 2005).
Cinco de esos ocho elementos que mencionó la especialista estadounidense los están practicando los pactistas-golpistas del FSLN y el PLC, desde sus posiciones de control sectario del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el CSE, la Contraloría y la Fiscalía, con el fin de socavar al Gobierno y consumar el golpe de Estado mediante el sórdido proceso que está en marcha y que entrará en su recta final a principios de la próxima semana, cuando comiencen a desaforar en la Asamblea Nacional a varios ministros y al mismo Presidente de la República.
Es decir, los diputados, coordinados con los magistrados y dirigidos por los caudillos pactistas —Ortega y Alemán—, llevarán a su máximo grado de tensión la crisis institucional que ellos mismos han provocado, y lo único que les quedará por hacer es destituir al presidente Bolaños, o sea terminar de consumar el golpe de Estado contra un gobierno legal y legítimamente constituido. A menos que algo o alguien se los pudiera impedir.
John Locke, filósofo político británico de fines del siglo XVII, al que muchos consideran como padre de la democracia moderna, definió desde aquella época las características de la ingobernabilidad y la situación de golpe de Estado: cuando un tirano toma el poder; cuando todos o la mayor parte de los órganos del Estado gobiernan tiránicamente; cuando el Ejecutivo toma preponderancia y pretende dominar al Legislativo, o viceversa; y cuando todos los órganos del Estado están en conflictos recíprocos.
¿Acaso no es ésa la situación que hay en Nicaragua actualmente? ¿Y cómo pueden, entonces, los pactistas del FSLN y el PLC negar que están impulsando un golpe de Estado? Y, lo que es peor aún: ¿cómo es posible que la ciudadanía democrática se los permita?