- Sobrina de Lenín Cerna gestionó libertad de colombiano implicado en escándalo de 609 mil dólares
- CSJ “arrastró” expediente con firma de Lenina Cerna González, sobrina del ex jefe DGSE sandinista
Mirna Velásquez [email protected]
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DGSE en la trama de los narcodólares
 | Sobrina de Lenín Cerna gestionó libertad de colombiano implicado en escándalo de 609 mil dólares |
| CSJ “arrastró” expediente con firma de Lenina Cerna González, sobrina del ex jefe DGSE sandinista |
Mirna Velásquez Sevilla
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Lenina Krupskaya Cerna González, sobrina del ex jefe de la desaparecida Seguridad del Estado del Gobierno sandinista, Lenín Cerna Juárez, participó efímera pero efectivamente en la trama orquestada para “liberar” 609 mil dólares —que se presume provenían del narcotráfico— que se encontraban en una cuenta bancaria a nombre de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que hoy están “desaparecidos”, según constató LA PRENSA.
LA PRENSA buscó en dos direcciones y números telefónicos diferentes a Cerna González, para conocer su versión sobre este caso, pero en ambos lugares quienes atendieron las llamadas telefónicas dijeron que ella ya no vivía en esas casas.
El 27 de septiembre de este año, a las 11:50 de la mañana, Cerna González presentó un escrito ante el Juzgado Primero de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, solicitando la libertad del supuesto narcotraficante Luis Ángel González Largo, también llamado Jorge Eliécer González Hernández.
En ese juzgado, a cargo de la juez Roxana Zapata, se tramitaba la ejecución de la sentencia firme contra González Largo, su novia Leyla Bucardo y tres personas más, por los delitos de asociación e instigación para delinquir, falsificación de moneda, migrante ilegal, uso indebido de nombre y usurpación de títulos y funciones. En este caso los acusados fueron condenados a dos años y medio de prisión.
LENINA PRESENTA ESCRITO
El escrito de Bucardo presentado por Cerna González consta de dos páginas (folios) y solicita se “gire la inmediata orden de libertad de Jorge Eliécer González Hernández”, para lo cual adjuntó copia de una “falsa” sentencia supuestamente dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros documentos relacionados al procesado.
El documento aparece firmado por Leyla Bucardo y la rúbrica estampada difiere notablemente de la que ella misma usó en otros documentos. En la parte inferior izquierda del mismo escrito está impresa la firma de Lenina Krupskaya Cerna, quien se identificó con el carnet de la CSJ número 5680 para presentar el escrito.
Esta es la única y efectiva aparición que Cerna González hizo, según los documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA.
Aparentemente, después de darse cuenta de la “evidencia” que estaban dejando, Lenina Krupskaya no volvió a aparecer en el escenario y quien continuó haciendo las gestiones en ese juzgado para conseguir la libertad del reo, fue el abogado Israel Zelaya Rivas, quien asumió la defensa luego de desplazar al abogado Pánfilo Orozco.
El escrito fue introducido después que un grupo de abogados y jueces hizo el primer intento por sacar a González Largo, mediante un recurso de exhibición personal ejecutado por el juez Moisés Rodríguez Zelaya, pero que no pudo hacerse efectivo porque las autoridades del Sistema Penitenciario fueron alertadas de la existencia de otros procesos que impedían la salida del reo.
DESPUÉS DE LA “PIFIA”
Posterior a la aparición de Cerna González, Leyla Bucardo presentó el 5 de octubre de 2005, otro escrito en el que le informa a la juez Zapata sobre el cambio de abogado defensor de parte de su novio González Largo.
El mismo día, a las 2:50 p.m. el nuevo abogado defensor, Israel Zelaya Rivas, promovió un “incidente de libertad” a favor de González Largo. El argumento fue que el reo llevaba 16 meses en efectiva prisión, por lo tanto había cumplido más del 75 por ciento de la pena y podía ser beneficiado con una orden de libertad. La juez Zapata no se pronunció al respecto.
Al día siguiente (6 de octubre), Zelaya Rivas repitió la solicitud, recordando que existe una sentencia de la Sala Constitucional en la que declara la libertad del procesado, pero ésta se refiere a otro juicio abierto por lavado de dinero y que fue condenado a 10 años de prisión. Esta fue la última diligencia que se hizo en este caso, porque la comisión investigadora de la CSJ le ordenó a la juez Zapata que les remitiera el expediente en original relacionado al juicio en el que González Largo y Bucardo están condenados a dos años y seis meses de cárcel.
Zelaya Rivas pretendió obtener la libertad valiéndose de una sentencia que el magistrado Francisco Rosales había calificado de ilegal, ilícita e inexistente, porque no cumplió el procedimiento legal para que tuviese carácter de sentencia.
El plan para liberar el dinero se cumplió con éxito. Con dos poderes presumiblemente falsos, Sergio Ramón Meléndez se presentó al Banco de la Producción e hizo efectivo el cheque.
DOS JUICIOS DISTINTOS
González Largo enfrenta en la actualidad dos juicios. Uno, por lavado de dinero, que está en manos de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones, y otro, por asociación e instigación para delinquir y otros delitos con sentencia firme, el cual estaba bajo jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, pero pasó a manos de la comisión investigadora de la CSJ, integrada por cuatro magistrados.
Uno de estos magistrados fue miembro de la escuadra “caza-perros” que entre otras cosas tenía como función táctica eliminar a quienes denunciaran a los sandinistas ante el Gobierno de Somoza, antes del triunfo de la revolución de 1979, según un ex miembro de la extinta Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE) sandinista.
Pese a que la comisión investigadora, liderada por el presidente de la CSJ, Manuel Martínez (también implicado en el caso), arrastró el expediente original que registra la firma de Lenina Krupskaya Cerna, no ocurrió lo mismo con el caso que se encuentra en Apelaciones.
En este juicio, González Largo y su novia Leyla Bucardo son procesados por lavado de dinero y precisamente en este proceso nació un recurso de exhibición personal que empezó a tramitarse en el Tribunal de Apelaciones de Masaya.
En el Juzgado Sexto Penal de Juicio —donde inició el juicio por lavado de dinero— los procesados fueron condenados a 10 años de prisión. El caso fue apelado y llegó a la Sala Penal Dos de Apelaciones. Recientemente Israel Zelaya Rivas desistió de la apelación y la sentencia de los 10 años quedó firme.
EL ORIGEN DE LA TRAMA Y LAS MENTIRAS
La trama para liberar al reo en mención se originó en la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya, el 10 de agosto de este año. A las 3:15 de la tarde de ese día, el ciudadano Javier Antonio López (supuesto fantasma) introdujo el recurso de exhibición personal por detención ilegal de Bucardo y González Largo, año y medio después de ser arrestado.
La Sala, conformada por tres magistrados, entre ellos Antonio Alemán (hermano del ex presidente Arnoldo Alemán), envió un exhorto a la Sala Penal Uno de Apelaciones en Managua, para que se corroborara que los recurrentes habían sido sustraídos del juez competente. También ordenaron que se intimara a las distintas autoridades que estaban de una u otra manera involucradas en la detención de ambos reos.
Es así que a las 2:15 de la tarde del 11 de agosto, el magistrado sandinista Enrique Chavarría llamó a integrar la Sala Penal Uno, para hacer quórum, a la magistrada civil Juana Méndez, pese a que la Sala está integrada por tres magistrados y la magistrada Martha Lacayo que pertenece a la Sala Penal Uno, se encontraba trabajando ese día, pero no fue llamada. De la reunión Méndez-Chavarría surgió el nombramiento de Moisés Rodríguez Zelaya como juez ejecutor.
El 12 de agosto, Moisés Rodríguez Zelaya emitió un informe en el cual dijo que había comprobado que los recurrentes Bucardo y González Largo fueron detenidos arbitrariamente en la ciudad de San Marcos, Carazo, y al ser procesados en Managua fueron sustraídos de su jurisdicción. Rodríguez ordenó la libertad de ambos.
POLICíA DESMIENTE
Meses después la Policía Nacional, a través del comisionado Denis Tinoco, desmintió al juez Rodríguez y aseguró que la detención realmente ocurrió en un hotel de Managua.
González Largo, su novia Leyla Bucardo, Hilmar Norberto Barrera Sánchez, William Antonio Pérez Mejía y Marco Tulio Elizabeth Rodríguez, fueron capturados el 12 de abril de 2004 en el Hotel Morgut, de Managua, donde se les encontró 609,240 dólares en el interior de una llanta, para la supuesta compra de armas.
Con la sentencia de Moisés Rodríguez logró salir Bucardo, pero González Largo no, porque las autoridades penitenciarias fueron alertadas de la operación, puesto que el procesado tenía pendiente otro juicio.
Más tarde, la Sala Penal Uno de Apelaciones, presidida por Enrique Chavarría, cambió de opinión y declaró nulo todo lo actuado por el juez Rodríguez.
A finales de septiembre de 2005 reapareció el fantasma de Javier Antonio López e introdujo un recurso de queja en exhibición personal, contra los magistrados de la Sala Penal Uno, ante la CSJ.
El caso llegó a su punto culminante cuando fue extraído un proyecto de sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ, en la que se admitía el recurso de queja. La propuesta de fallo salió ilegalmente del despacho del magistrado Rogers Camilo Argüello, quien aún no ha dado la cara para explicar su participación en el caso.
Con esta “sentencia” el juez Julio Morales dictó una orden de libertad para los dos procesados recurrentes de amparo y finalmente ordenó la salida del dinero a las autoridades administrativas de la CSJ.
ORTEGA CONFIRMA
El magistrado de la Sala Constitucional, Rogers Camilo Argüello, el principal señalado de participar en la trama para sacar los 609 mil dólares, habría viajado hacia Venezuela, no sin antes pasar por Panamá, informaron a LA PRENSA fuentes cercanas al funcionario.
De acuerdo con la información, el magistrado Argüello se encuentra alojado en la residencia de un amigo suyo, en Venezuela y no en Cuba como han informado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega Saavedra, al ser consultado sobre el paradero del magistrado Argüello, aseguró: «Tengo entendido que Argüello anda en una conferencia en Cuba y en Venezuela, pero está por regresar».
COLOMBIANO CON ROSARIO DE ANTECEDENTES
La Oficina de Recepción y Distribución de Causas, en Managua, registra que Jorge Eliécer Hernández González y/o Luis Ángel González Largo (supuestamente de origen colombiano), Leyla Bucardo Chávez y otras tres personas que fueron detenidas en el 2004, han sido sometidos a varios juicios.
El 14 de abril de 2004 ingresó una causa al Juzgado Primero de Distrito de lo Penal por asociación e instigación para delinquir y otros delitos en perjuicio del Estado.
El 17 de abril 2004 la Dirección General de Servicios Aduaneros introdujo una acusación por contrabando aduanero.
El 7 de septiembre de 2004 el Estado de Nicaragua insta otra acusación en el Juzgado Tercero Local Penal por falsificación de moneda, usurpación de títulos y funciones, migrante ilegal, uso indebido de nombre y asociación e instigación para delinquir.
El 22 de abril se inicia otro juicio por lavado de dinero en el Juzgado Cuarto de Distrito de lo Penal.
El 12 de abril de 2003 González Largo fue acusado junto a dos personas más, por los delitos de plagio, daños y asociación e instigación para delinquir.
El 26 de febrero de 2004, Jorge Eliécer Hernández González (otra de las identidades de González Largo) es acusado en el Juzgado Tercero Local Penal por tenencia ilegal de armas.