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La sombra de la DGSE
Por lo general, siempre que se publica alguna información sobre asuntos de la historia reciente de Nicaragua, en los que estuvieron involucrados partidos y personajes políticos que siguen “dando guerra” actualmente —como los escandalosos actos de corrupción de la piñata sandinista o la huaca arnoldista—, los aludidos alegan que esas publicaciones se hacen por motivos electorales y sobre todo para perjudicarles su imagen.
Por supuesto que eso no es cierto. Y mucho menos que lo sea en el caso de la denunciada conexión de antiguos miembros de la extinta Dirección General de Seguridad del Estado sandinista (DGSE), con el caso de los 609 mil dólares que fueron decomisados al narcotráfico y luego retirados de una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia. Aquí no estamos hablando de un hecho histórico del pasado, como los asesinatos cometidos por el somocismo en abril de 1954 o los crímenes sandinistas de Tasba Pri en 1983. El escándalo de los 609 mil dólares es un hecho noticioso de mucho interés público y actualidad, la comidilla en todos los círculos sociales del país.
Ahora bien, es muy poco lo que se podría agregar a todo lo que ya se ha dicho sobre la deplorable situación en la que se encuentra el Poder Judicial de Nicaragua, como consecuencia del pacto libero-sandinista que subordinó la administración de justicia a los intereses de los dos partidos pactistas, el FSLN y el PLC . Pero la oportunidad es propicia para insistir en la necesidad de limpiar la administración de justicia de todos los elementos corruptos, incluyendo a los antiguos miembros de la seguridad del Estado sandinista que se infiltraron en el Poder Judicial después que el FSLN perdió las elecciones nacionales del 25 de febrero de 1990.
A propósito de la conexión de los antiguos miembros de la seguridad del Estado sandinista con el escándalo actual del Poder Judicial por los 609 mil dólares, la ciudadanía democrática debe reflexionar cómo y por qué es que la DGSE sigue proyectando su sombra siniestra sobre la sociedad y perjudicando el proceso de transición democrática.
Como es bien sabido, todos los Estados tienen organismos de inteligencia y seguridad. Estos son necesarios con el fin de proporcionar a los gobiernos la información que se requiere para prevenir cualquier riesgo o amenaza contra la estabilidad y la seguridad interna y exterior del país, así como para facilitar la represión a los criminales políticos, por ejemplo a los terroristas, cuando resulta imposible neutralizarlos antes de que causen daño a la sociedad.
Inclusive, la expansión del crimen organizado en sus diversas modalidades de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y de activos, tráfico de personas, etc., ha hecho ahora más indispensable la necesidad de tener vigorosos y eficientes aparatos de seguridad e inteligencia, que permitan evitar las actividades criminales en vez de esperar a que ocurran.
En los países democráticos estos organismos son controlados por comités parlamentarios especializados, y aunque de vez en cuando se cometen abusos en el desempeño de sus funciones, en términos generales operan de acuerdo con la legalidad y no representan una amenaza para las personas honradas, ni para las organizaciones políticas y sociales que operan con fines legales y legítimos .
Lo contrario ocurre en los Estados totalitarios, dictatoriales y revolucionarios, donde los órganos de inteligencia y de seguridad son instrumentos de espionaje y represión, inclusive criminal, contra las personas inconformes con el totalitarismo y en particular contra quienes expresan su inconformidad y luchan por una apertura hacia la libertad y la democracia. Ese fin represivo era el objetivo y la función que desempeñaba en la desaparecida Unión Soviética, la siniestramente famosa KGB; es lo que hacían la Stasi en la también extinta RDA y la DGSE del régimen sandinista; y es la función del tenebroso G2 de Cuba comunista y castrista .
En Nicaragua la temible DGSE fue disuelta en 1990, cuando comenzó la transición democrática pactada. Algunos de sus ex miembros se convirtieron en ciudadanos honorables; muchos otros pasaron al Ejército, la Policía y las estructuras electorales del FSLN, o se infiltraron en el Poder Judicial y otras instituciones así como en organizaciones sociales y gremios profesionales estratégicamente “apropiados”. Por eso es que la sombra ominosa de la DGSE se sigue proyectando sobre el Estado y la sociedad, y su nombre suena siniestramente cuando ocurren casos como el asesinato de Carlos Guadamuz o el actual escándalo del Poder Judicial.