Danilo Arbilla
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Judicialización de la política
Danilo Arbilla
INDIANÁPOLIS, USA.— El chileno Miguel Ángel Insulza, Secretario General de la OEA, advirtió ante unos doscientos directores y editores de prensa convocados por la SIP, sobre el riesgo que implica para la región la “judicialización de la política”.
Más que debatir sobre ideas y programas, parecería que el mecanismo de muchos políticos y candidatos para acceder al poder, consiste en tratar de meter preso a sus adversarios y rivales, reflexionó Insulza al responder una pregunta sobre Nicaragua.
Mientras, a miles de kilómetros al sur de Indianápolis, en Buenos Aires, el diputado socialista Jorge Rivas reclamaba que se investigue si el presidente Néstor Kirchner, su jefe de Gabinete y su hermana, Alicia Kirchner , Ministra de Desarrollo Social, no están incursos en los delitos de “cohecho y malversación de fondos públicos”, por distribuir gratuitamente electrodomésticos en zonas periféricas de esa ciudad, en el marco de la campaña proselitista para las elecciones legislativas del próximo 23 de octubre, en las que la esposa del presidente, Cristina Fernández, es candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.
Está dentro de lo que señalaba Insulza, aunque eso de andar desde el gobierno regalando batidoras o licuadoras paras juntar votos, además de lo legal, ya desde el punto moral y ético es censurable y no se enmarca para nada en ese cada vez más olvidado debate de programa e ideas.
Pero Insulza tiene razón, la judicialización de la política, que deviene en el gobierno de los jueces, es una seria amenaza.
Ahora cabe una pregunta: ¿no habrá empezado todo con la “politización de la justicia”?
Recurrir al mas respetado poder del Estado y sus tribunales fue uno de los instrumentos a que recurrieron en Perú Alberto Fujimori y su escudero Vladimiro Montesinos para perpetrar y al mismo tiempo “sacralizar” todos sus abusos y tropelías. “Limpiar” la justicia y cambiar los miembros de la Suprema Corte —reconocidamente corruptos— fue una de las primeras medidas de Fujimori. Se cuidó de que los nuevos fueran amigos y mantuvo un régimen de “precariedad” para el 80 por ciento de los magistrados, lo que le permitía manejarlos más fácilmente. Las sentencias judiciales que importaban eran, previamente, revisadas en el Servicio de Información Nacional (SIN) de Montesinos.
Algo parecido pasó con Menem, que aumentó el número de miembros de la Suprema Corte e hizo algunos cambios transformándola en un órgano “simpatizante” de su gobierno. Eso es lo que da pie luego a una serie de cambios en la Suprema, empujados por Kirchner, quien aunque no ha conseguido ahí tanta simpatía, es notorio que ha sido favorecido por más de un juez que “archivó” investigaciones que directa o indirectamente lo involucraban.
Lo mismo con Chávez. Cambios y magistrados “amigos” en el Supremo y jueces “provisorios”. Y sin llegar a esos extremos, es notorio que el miedo o la propia complicidad de los jueces es la razón de la impunidad en países como México y que en muchos otros, magistrados y fiscales, “cobran al grito”, con la mirada atenta a lo que dice la tribuna, ya sea la propia opinión pública, los grupos de presión o el partido de gobierno. También han surgido los jueces “ingenieros sociales” que creen que su tarea es la de gobernar y se olvidan que sólo está limitada a hacer cumplir con la ley.
Esta politización de la justicia y judicialización de la política ha sido la última estación en el deterioro que sufre la democracia en el continente. Se trata nada menos que del poder encargado de dar “garantías”, de hacer respetar los derechos y libertades y de hacer cumplir con las reglas y los contratos.
Estos “vacíos” y “avances” judiciales generan consecuencias y la opinión pública cada vez iguala más a los tres poderes y los ata a los partidos políticos, hoy muy en baja.
Si la situación ya no era fácil; el hecho que la justicia cada vez sea menos ciega y menos sorda y que la balanza se parezca a un sube y baja sin control ni equilibrio, la hace aún mucho más difícil .
Es bueno que el Secretario General de la OEA lo tenga claro y lo vea como una de sus prioridades.
El autor es periodista uruguayo.