- Considera a los magistrados “muy corruptos” para consultarlos sobre la justicia
Jorge Loáisiga [email protected]
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AID tiene “en capilla” a la Corte Suprema de Justicia
 | Considera a los magistrados “muy corruptos” para consultarlos sobre la justicia |
Jorge Loáisiga Mayorga
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El Poder Judicial de Nicaragua está “en capilla” frente a la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de Estados Unidos. Dicha agencia prohibió a su equipo tener comunicaciones con los magistrados y jueces o cualquier otro miembro de la Corte Suprema de Justicia “porque creen que la justicia nicaragüense es demasiado corrupta”.
La prohibición de USAID a sus oficiales se produjo el año pasado cuando esa agencia de cooperación, a través de la empresa Booz Allen & Hamilton, realizaba una valoración para analizar las debilidades, fortalezas y oportunidades de cambio relativas a dos áreas críticas en Nicaragua: las reformas institucionales, las leyes comerciales y las facilidades de comercio de cara al Tratado de Libre Comercio (Cafta).
El estudio que encomendó la USAID a la empresa consultora Booz Allen y Hamilton, estaba relacionado a una evaluación de Derecho Mercantil de los países del DR-Cafta, entre ellos Nicaragua, para valorar el impacto que el tratado podría tener en Nicaragua y resto de países de la región centroamericana.
Uno de los miembros de ese equipo fue Omar García- Bolívar, presidente de la empresa BG Consultores, Inc., una firma de consultoría con base en Washington, D.C., especializada en políticas de desarrollo, desarrollo empresarial y conflictos de inversiones.
NO HAY TRIBUNALES IMPARCIALES
LA PRENSA contactó vía correo electrónico a García, para consultarle sobre los resultados del trabajo realizado con USAID y otro que él realizó para inversionistas sobre el estado de la justicia en Nicaragua, en el que concluye que el sistema judicial de Nicaragua no proporciona tribunales imparciales; es mucho peor que los del resto de países de América Central, incluyendo específicamente en relación a la falta de independencia judicial en el contexto de las leyes civiles.
García dijo que como miembro del equipo de especialistas regionales fue responsable de determinar el marco legal, el desempeño institucional, incluyendo el sistema judicial, soporte institucional y dinámica social de cada país, leyes de compañías, ley de propiedad y contratos legales.
“Con esta responsabilidad, en Nicaragua, personalmente conduje más de 50 entrevistas de abogados, gente de negocios, académicos y funcionarios de Gobierno. También examiné documentos, reportes, noticias y leyes locales. Adicionalmente, tuve extensas discusiones con otros miembros del equipo de consultores quienes tuvieron entrevistas con otras personas durante el proceso de valoración de USAID Cafta. En total, en Nicaragua, el equipo entrevistó aproximadamente a cien personas…”, expresó García.
PROHÍBEN COMUNICARSE CON JUECES
“En Nicaragua, contrario a otros países de Centroamérica, USAID prohibió al equipo internacional comunicarse con los actuales oficiales y jueces de la Corte Suprema de Justicia o con cualquier miembro del Poder Judicial, porque ellos creen que la justicia nicaragüense es demasiado corrupta para ser validada como fuente de información. Así nosotros validamos nuestros descubrimientos basados en reuniones con abogados, expertos locales y formadores (juristas) judiciales, en vez de los actuales jueces. En muchos aspectos esto dio lugar a que desarrolláramos una consideración más cuidadosa de la justicia y del sistema judicial de Nicaragua, de la que hicimos en otros países del área, en parte porque esto significó que realizáramos entrevistas adicionales. Esto fue el único aspecto con el cual nuestro trabajo en Nicaragua difiere de aquel que hicimos en los demás países”, aseguró García.
REFORMA JUDICIAL PRIORITARIA
El resumen ejecutivo de la Evaluación de la USAID sobre el DR-Cafta en Nicaragua, indica que: “La abrumadora necesidad de la reforma judicial en Nicaragua supera en urgencia a todas las otras iniciativas de reformas gubernamentales”.
“La falta de independencia judicial en el país, imparcialidad, y competencia sustantiva y administrativa, domina el paisaje legal de Nicaragua y de las instituciones económicas. Si la ausencia de voluntad política y compromiso para cambiar en esta área continúa negando el impacto de los efectos de reforma, casi no habría esperanzas para un desarrollo económico verdadero a largo plazo”, agrega el documento.
“La reforma judicial no sólo debe abarcar las iniciativas actuales en Derechos Humanos y Derecho Penal, sino también mejoras integrales en la parte que juegan los tribunales en Nicaragua tratando el Derecho Mercantil y las competencias institucionales”, precisa el estudio.
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