Carlos Martínez Morán yJosué [email protected]
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, dijo ayer que como efecto de la nueva ley migratoria que aprobó Costa Rica, ya están sacando de los centros de trabajo a los nicaragüenses que viven en aquel país, aunque no presentó pruebas de sus afirmaciones.
“Esa nueva ley permite agarrar a extranjeros y no informar a las embajadas correspondientes, eso es un secuestro”, dijo.
Explicó que este problema podría afectar a unos 175 mil compatriotas que se han trasladado a esa nación en búsqueda de trabajo y que por diversas razones todavía no han arreglado su situación migratoria.
“Tengo todo el estudio de la Procuraduría de Costa Rica sobre el texto de esta ley y ahí se señalan los artículos violatorios de los derechos humanos. Costa Rica viola muchos convenios y acuerdos internacionales”, indicó Cabezas.
EX PRESIDENTE CRITICA LEY
El ex Presidente costarricense Óscar Arias (1986-1990), calificó esta ley como “demasiado represiva, draconiana, una reacción a la ola creciente de xenofobia. Me preocupa mucho eso, pues éste ha sido siempre un país de asilo”. En declaraciones al diario Al Día, Arias pregunta: “¿Qué sería de nuestra economía sin los nicaragüenses?”.
El Congreso tico aprobó anoche en segundo debate la Ley de Migración y Extranjería que faculta a la Policía Especial de Migración para revisar casas de alojamiento, centros de trabajo y medios de transporte internacional en busca de indocumentados.
Diputados como el social cristiano Ricardo Toledo, dijo que esta ley es necesaria para procurar que los extranjeros, principalmente nicaragüenses, puedan entrar a este país con sus documentos en regla.
“Esta ley lo que trata es de pedirle a un ciudadano extranjero que presente su documentación para ver si tiene expedientes penales. ¿Quieren que sigan matando a nuestros hijos y nuestras hijas y que las violen? ¿Quieren que sigan asaltando bancos? Costa Rica es de los y las costarricenses”, preguntó Toledo.
El director tico de migración, Johnny Marín Artavia, descartó una posible cacería de nicas, debido a las carencias económicas y de personal que tiene esta institución, pero aclaró que los extranjeros indocumentados se expondrán a las sanciones correspondientes establecidas “en esta ley o en otra”.