Alfredo César A.
En su libro La difícil transición nicaragüense, Antonio Lacayo me menciona en 109 páginas, sólo superado por las menciones de doña Violeta de Chamorro. En la mayoría de ellas se distorsiona y a veces se falsea totalmente la realidad política que se vivió durante los años del Gobierno de doña Violeta. Por eso decidí escribir este artículo, para dejar constancia de la verdad histórica.
Al inicio del período constitucional de la señora Chamorro (9 de enero de 1991) fui electo Presidente de la Asamblea Nacional con 65 votos (92 Diputados la integraban) para un período de dos años. Mi mandato fue cumplir con el Programa de Gobierno de la UNO y así lo hice.
Durante los primeros 20 meses, la Bancada de la UNO (52 diputados) se mantuvo cohesionada aprobando las leyes que se necesitaban para poner en práctica el Programa de Gobierno ofrecido a los electores. Así se aprobaron las leyes económicas que permitieron el restablecimiento de los bancos privados en el país, el nuevo marco legal para la inversión extranjera y la eliminación del Servicio Militar obligatorio, entre otras.
En los últimos cuatro meses de mi mandato, empujados por “cañonazos” desde las oficinas del Ministro de la Presidencia se fueron 8 diputados que sumados a los 39 del FSLN le hicieron perder a la UNO la mayoría otorgada por el pueblo de Nicaragua en las elecciones de febrero de 1990. Se creó entonces una total separación entre el Gobierno de Violeta de Chamorro y la UNO.
Tres fueron las causas principales que originaron esa separación: 1) La devolución de la propiedad privada confiscada; 2) El reemplazo de Humberto Ortega en la Jefatura del Ejército; y 3) La Reforma Constitucional que prohibió la reelección presidencial continua y la sucesión de los familiares del Presidente de turno.
Con un enorme tesón y sacrificio (los líderes de la UNO fuimos secuestrados 5 días por un comando de ex militares) y con el poderoso Ministro de la Presidencia en contra, la UNO triunfó en lograr la salida de Humberto Ortega del Ejército y en aprobar la Reforma Constitucional que la UNO había ofrecido durante la campaña.
El esfuerzo por devolver la propiedad privada que había sido confiscada por el gobierno del FSLN, que inició con un proyecto de ley presentado por los diputados del Partido Conservador (miembro de la UNO) y aprobado por unanimidad por la bancada de la UNO, fue frustrado por el Veto Presidencial que no se pudo rechazar al faltar un solo voto para llegar a los 47 necesarios.
Ese Veto Presidencial y la falta de ese voto en la Asamblea Nacional le ha costado al pueblo de Nicaragua 1,700 millones de dólares (más del triple del costo de la quiebra de los bancos).
Se trataba de cumplirle al pueblo de Nicaragua lo que habían ofrecido los 14 partidos que integraban la UNO, dirigidos por líderes curtidos en la cárcel y por la tortura de las dictaduras, en los destierros y exilios; y se trataba también de impedir que un recién llegado a la política, que nunca había probado lo que es una cárcel o tortura o exilio y que nunca había sido electo por el pueblo de Nicaragua, frustrara las esperanzas de la mayoría del país.
En esos tiempos se especuló si el Ministro de la Presidencia estaba aliado con el FSLN; unos años después, en el 2001 se confirmó su compromiso con ellos, al aceptar ser Canciller de un nuevo gobierno de Daniel Ortega.
Así ocurrieron los hechos y la verdad no la va a cambiar un libro cargado de falsedades.
El autor es directivo nacional del Partido Conservador, fue Presidente de la Asamblea Nacional (1991-1993)