Danilo Arbilla
Buenos Aires.— Casi simultáneo con la Cumbre presidencial de Mar del Plata, tuvo lugar en Buenos Aires un seminario sobre leyes de Acceso a la Información Pública (AIP), organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Allí debatieron legisladores, abogados, profesores y periodistas.
Más de una tercera parte de los países del mundo (68) cuentan con este tipo de leyes. En los últimos dos años cinco países latinoamericanos sancionaron leyes de AIP: México, Perú, Panamá, Ecuador y República Dominicana. En otros ocho, proyectos sobre el tema están a consideración de sus respectivos congresos.
Las leyes de acceso son promovidas por organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos y que abogan por la transparencia pública. El objeto es obligar a los poderes públicos y a los funcionarios a abrir y facilitar a los ciudadanos, por su condición de tal, la información pública en manos del Estado y generada por quienes conducen y sirven a éste.
Hay quienes creen que son normas “contranatura”, porque la naturaleza y la esencia de la democracia consiste en que los gobernantes y los funcionarios, que son delegados y empleados de los ciudadanos, están obligados, sin necesidad que medie ley específica alguna, a dar cuenta permanente de sus actos a sus mandantes y a informarles veraz y oportunamente y sin ningún tipo de restricción de cómo manejan sus asuntos.
Se trata, ni más ni menos, que de garantizar los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión que implica también el derecho a la información y a la vez de que el pueblo pueda controlar efectivamente a sus representantes. En la materia, las únicas leyes que deberían sancionarse son aquellas que autorizan, como excepción muy fundada, mantener en reserva algunos temas públicos.
A los gobernantes, funcionarios y políticos eso no les gusta mucho. No son muy proclives a que los controlen y además no quieren perder el poder que le da la información y el mantener cosas en secreto. Pero como no se atreven a decirlo abiertamente, para frenar o limitar las leyes de acceso contraatacan tomando como blanco a la prensa y los periodistas, a los que reclaman autocrítica y códigos de ética, al tiempo que magnifican y cuestionan “su poder”.
Es curioso; y lo es porque las leyes de AIP son una competencia para el “negocio” periodístico. Los medios y los periodistas no necesitan ese tipo de normas para conseguir información. Pueden acceder a ella a través de múltiples vías e instrumentos.
En cambio, lo que permiten las AIP es que los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresas o instituciones privadas puedan acceder a la información sin depender de los medios e incluso hasta controlar cómo éstos cumplen su tarea y medir fehacientemente su nivel de credibilidad. En EE.UU., donde existen leyes de acceso desde 1966 —las FOIA (Freedom of Information Act)— el 90 por ciento de las peticiones de información son realizadas por ciudadanos e instituciones no vinculadas al periodismo.
En México el porcentaje baja al 82 por ciento, el que igual es elocuente para marcar a quiénes benefician esas leyes y quiénes las utilizan para ejercer su derecho a la información.
En Argentina, donde la actual administración al principio dictó un decreto de Acceso a la Información pública, ahora se ha empantanado un proyecto de ley en ese sentido que fue aprobado en diputados y contaba con el consenso de las organizaciones de la sociedad civil.
En el Senado la iniciativa fue modificada y desvirtuada por el propio oficialismo, con la senadora Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, lo que muestra una primera contradicción.
La segunda contradicción es que al proyecto lo haya malogrado un gobierno que dice ser defensor de los derechos humanos. Hay una tercera contradicción y es la que resulta de las existencias de trabas a una ley de acceso a la información pública, en un país que nació a la independencia cuando los criollos argentinos, en mayo de 1810 llenaron la plaza y se rebelaron bajo la consigna de que “el pueblo quiere saber de qué se trata”.
El autor es periodista uruguayo.