El seis por ciento, la génesis de un arma política

El debate, que lleva 15 años y que ha causado destrucción y muerte por las violentas protestas de la UNEN, radica en que mientras el Gobierno calcula el seis por ciento con base a los ingresos —antes de préstamos y donaciones— del Presupuesto General de la República, el CNU reclama, con base a una interpretación auténtica de la Ley 89 lograda en 1992, que manifiesta que la asignación es con base al presupuesto total, incluidos préstamos y donaciones.

Luis Sánchez Sancho, diputado ante la Asamblea Nacional en el período 1990-1996, recordó que el “seis por ciento” nace de la Ley 89 y es parte de unas 50 leyes, conocidas como “Leyes de la Piñata”, aprobadas entre marzo y abril de 1990 “como un mecanismo de castigo” del Frente Sandinista al nuevo Gobierno llamado de la UNO, presidido por doña Violeta B. de Chamorro.

“Antes de marzo de 1990 no había ni seis por ciento, ni cinco por ciento, ni cuatro por ciento, ni nada. Ni siquiera había autonomía universitaria”, recordó Sánchez.

LA LEY HABLABA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El doctor Alejandro Serrano Caldera, quien fue presidente del CNU a principios de los años noventa, recordó que la Ley 89 “Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior”, establece que las universidades tendrán derecho a un aporte mínimo del Estado del seis por ciento del Presupuesto General de Ingresos la República.

“En 1992 el Gobierno plantea que el Presupuesto General de Ingresos significa para efectos de calcular el seis por ciento y entregarlo a las universidades el presupuesto de ingresos ordinarios, es decir lo que el Estado percibe en diferentes modalidades, pero no incluye los ingresos extraordinarios (donaciones y préstamos)”, comentó Serrano.

Los universitarios salen a las calles, se dan negociaciones y se pide a la Asamblea Nacional una interpretación auténtica de la Ley 89.

El parlamento crea entonces la Ley 151 o Ley de Interpretación Auténtica de la Ley 89. Los diputados, de nuevo como mecanismo de castigo, establecen que la ley debe interpretarse de la manera que lo ve el CNU, o sea que el Presupuesto de Ingresos incluye fuentes ordinarias y extraordinarias.

Serrano recuerda que luego en 1995, cuando él ya no era presidente del CNU, la demanda era pasar a rango constitucional lo que la Ley 89 y la 151 establecían.

“En 1995 se plantea la elevación del contenido de las leyes a rango constitucional, pero de manera muy extraña para mí, la Asamblea de entonces le da a las universidades mucho más de lo que pedían. El artículo 125 de la Constitución establece el seis por ciento del Presupuesto General de la República, esto incluye (pagar) el seis por ciento (sobre) los egresos y del pago de la deuda”, explicó Serrano y al tratar de responder el porqué consideró que en ese momento pudo intervenir la guerra política.

LOS SANDINISTAS SE ECHAN PARA ATRÁS

De acuerdo a Sánchez, para la reforma de 1995 se tuvo la oportunidad de poner orden y establecer definitivamente el mecanismo de cálculo.

“Yo que era el negociador por la parte de la bancada de la UNO y el doctor Ernesto Medina, presidente del CNU en ese entonces, llegamos a un acuerdo razonable, racional, responsable, de estadistas, y era que el cálculo se iba a hacer sobre la base de los ingresos ordinarios del Estado y además quedaría en el artículo correspondiente de la Constitución la disposición que el Estado se comprometía a apoyar extraordinariamente otras necesidades de las universidades, como los servicios básicos y proyectos de investigación”, comentó Sánchez.

Sin embargo cuando se disponían a presentar el acuerdo ante la Comisión de Reforma Constitucional, hubo una “contraorden del Frente Sandinista” que no avalaba, que no apoyaba ese acuerdo. La Bancada Sandinista se echó para atrás y el artículo 125 de la Constitución quedó justo como está ahora, entregando el seis por ciento del Presupuesto General de la República —incluyendo préstamos, donaciones e incluso lo que se paga por el servicio de la deuda— a las diez universidades del CNU, más el pago de servicios básicos.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Sánchez manifestó que aunque se perdió la oportunidad en 1995, Nicaragua ahora tiene mejores condiciones para cambiar la base de cálculo del seis por ciento.

“No había un clima apropiado para sacar una fórmula de consenso adecuada y sobre todo de interés nacional. Curiosamente creo que en este momento hay un mejor ambiente político, después de la Ley Marco de los acuerdos políticos a los que se llegaron consecuencia de los auspicios de la OEA y personalmente de Dante Caputo hay una mejor oportunidad en este momento que en 1995 cuando se aprobó la reforma constitucional”, expresó Sánchez.

DONACIONES INCLUIDAS

Erick Gutiérrez, investigador de la Universidad Centroamericana (UCA), manifestó que uno de los problemas en el cálculo del seis por ciento es que en Nicaragua hay dos fuentes de ingreso: las donaciones y el recaudo público del Estado.

“El gasto o la asignación presupuestaria la toman no de las donaciones que ya tienen específicamente el uso, o si son de uso de acuerdo a la conveniencia del Estado. Dónde tendrá que echar mano como administrador de los bienes públicos es del tesoro. De los fondos del tesoro tendrá que trasladarlo a las diferentes asignaciones que tiene que cumplir”, manifestó.

Carlos Tünnermann, especialista en Educación, consideró que las críticas sobre las donaciones se deben a una mala apreciación de parte de los donantes, porque estos fondos se destinan para el propósito por el cual lo dan. “El seis por ciento es un factor de cálculo”, expresó.

Recomendó que para calcular el seis por ciento se vea el ejemplo de 1999, cuando Gobierno y CNU se sentaron a negociar un acuerdo por cuatro años. “Esos cuatro años hubo paz y tranquilidad en los recintos universitarios”, recordó.

Relató que en Costa Rica también hay un porcentaje constitucional para las universidades y cada vez que se inicia un nuevo gobierno se sientan los rectores del Conare (Consejo Nacional de Rectores) y negocian un acuerdo para los cuatro años del período.

“ARTIFICIOS PARA NO CUMPLIR”

Por su parte Telémaco Talavera, presidente del CNU, señaló que las discusiones con el Gobierno se deben a que éste usa “artificios para no cumplir”, como reformar el presupuesto y no recalcular el seis por ciento.

Señaló que luego del acuerdo de 1999 se dio una quiebra bancaria de 500 millones de dólares que equivalía a 70 años, lo que el CNU estaba reclamando.

“Uno de los argumentos que usó don Enrique para oponerse a las reformas constitucionales es que él había sido electo con esa Constitución y que él había jurado cumplir esa Constitución, pero esa Constitución dice que el seis por ciento hay que dárselo a las universidades”, expresó Talavera.

Según Talavera los donantes han apoyado a las universidades e incluso han realizado auditorías y han quedado satisfechos. “Lo que pasa es que hay desinformación que los funcionarios del Gobierno han transmitido a los organismos internacionales”, consideró.

ASUMIR SERVICIOS BÁSICOS

Actualmente el CNU está siendo criticado por diferentes sectores que piden que se modifique la base de cálculo, que se le elimine el pago de servicios básicos o que al menos inviertan mejor los recursos, mejorando la calidad de los profesionales.

Josefina Vannini, directora Ejecutiva del Foro Educativo Nicaragüense (Eduquemos), manifestó que no está en contra de la entrega de fondos a las universidades, pero sí se opone a la base de cálculo.

“No solamente es el seis por ciento del presupuesto sino sobre los gastos y las donaciones. Eso consideramos que hay que cambiarlo, hay que hacer un cambio en ese marco jurídico”, dijo.

Añadió que tampoco están de acuerdo en entregar a las universidades además del seis por ciento dinero para le pago de servicios básicos, más porque ahora la luz y el teléfono están en manos de la empresa privada.

Para este año se le entregó al CNU un monto de más de 90 millones de córdobas para pagar agua, luz y teléfono, y para el 2006 la demanda es de 103 millones de córdobas.

“Mientras no les cueste, eso va a seguir. Uno pasa por las universidades públicas y encuentra todas las luces encendidas, chorros de agua abiertos y no sé del teléfono, pero yo quisiera ver una cuenta de teléfono de una de las universidades”, argumentó Vannini.

OTRA PROPUESTA

Serrano Caldera señaló que ahora que el seis por ciento es indudablemente legal, existen tres caminos: se cambia el artículo de la Constitución, o se cumple o se negocia

Indicó que el Gobierno podría complementar el seis por ciento con proyectos, o las universidades podrían regresar esos fondos poniendo a la disposición del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y del Instituto Nacional Tecnológico, sus laboratorios, a través de convenios nacionales.

De acuerdo a Serrano otro trabajo que podrían realizar las universidades es fortalecer la educación en las áreas que se requieran, como la educación rural o con la capacitación de maestros. “Tiene que ser una política realista, patriótica y que parta de considerar una realidad”, dijo.

ARANA: “ES UN TEMA DE VIABILIDAD FINANCIERA”

Mario Arana, Ministro de Hacienda y Crédito Público, expresó que el seis por ciento no es un tema político, sino de viabilidad fiscal y financiera. “Hemos tenido reuniones con el CNU para con toda transparencia darles una explicación de básicamente qué es este presupuesto, cuáles son sus restricciones, cuáles son los balances con los que tenemos que trabajar”, expresó.

El ministro explicó que en el proyecto presupuestario para el año próximo hay un cambio de metodología debido a la Ley de Administración Financiera vigente desde hace cuatro meses, “hemos pasado de un esquema de clasificación económica (que permite déficit) a un esquema de clasificación presupuestaria, ahora ponemos todo lo que es fuentes, los usos y el balance es cero, en principio no hay déficit”.

Dijo que los recursos de los que disponían para distribuir (aumentar) entre las instituciones eran 1,600 millones de córdobas, gracias a mayores recaudaciones principalmente y al ajuste de medio punto del PIB.

“Pero estamos financiando las elecciones y eso es unos 800 millones de córdobas, entonces quedan 800 (millones) de eso le dimos 190 a Educación; 100 a Salud, 140 para las municipalidades, 130 para las universidades y 80 a la Corte Suprema de Justicia, si sumamos los números, ahí está el presupuesto, inclusive redujimos a un par de instituciones”, agregó Arana.

También se justificó diciendo que hay que mantener un gasto ascendente contra la pobreza, pues es parte de los compromisos con los organismos financieros internacionales que el próximo año dependen de la condonación de la deuda externa lograda al amparo de la iniciativa para países pobres altamente endeudados (HIPC en inglés).

“GANAR-GANAR”

Erick Gutiérrez, investigador de la UCA, manifestó que las discusiones del seis por ciento cada año, en que el CNU pide más de lo aprobado, obedecen a tácticas de negociación que en administración son de tres tipos: ganar-perder, perder-ganar o ganar-ganar.

“Al inicio entrás con la posición ‘ustedes pierden y yo gano’, después empieza el juego, depende como reaccionen los dos negociadores. Al final llegamos a un punto medio donde ganamos los dos, porque no pueden en este caso ir a ganar-perder, como una suma seria. Para tener armonía y desarrollar las actividades futuras del siguiente año tienen que quedar satisfechos, tanto el Gobierno como las universidades”, explicó Gutiérrez.

PROBLEMA ESTRUCTURAL

Carlos Tünnermann, ex rector y ex ministro de Educación, expresó que no se debe reducir el presupuesto a las universidades justificando problemas macroeconómicos, diciendo: “Comparto lo que dice Juan Somavilla: No es justo equilibrar las cifras macroeconómicas a cambio de desequilibrar la vida de la gente”.