- Magistrado rompe su silencio sobre sonado caso de los narcodólares
- Dice que facilitó la sentencia inconclusa para evitar que “magistrados gallo-gallina” se retractaran
Octavio Enrí[email protected]
El magistrado Rogers Camilo Argüello reconoció que participó en “una jugada” legal para liberar los 609 mil dólares incautados al narcotraficante José González Largo y su novia Leyla Bucardo, aunque alegó que no se trata de un robo ni un “recupere” del Frente Sandinista.
Éstas son las primeras explicaciones públicas que brinda el magistrado Argüello desde que estalló el escándalo de los narcodólares el 28 de septiembre pasado.
La participación del magistrado Argüello en este sonado caso se resume en lo siguiente: uno, fue él quien elaboró el proyecto de sentencia; dos, firmó a favor de la liberación de los presuntos narcos; tres, Argüello fue quien mostró a la notario el proyecto de sentencia a pesar que aún faltaba ser firmada por el magistrado Iván Escobar Fornos y el secretario de la Sala Constitucional, Rubén Montenegro, por lo que el proceso de legalización de la resolución estaba incompleto.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia aceptó que fue visitado por la notario Astrid Bracamonte, quien le pidió una copia de la sentencia elaborada por él y se la dio porque, según dijo a LA PRENSA, los documentos son públicos y para evitar “que magistrados gallo-gallina” se retractaran.
“Si te das cuenta que yo tengo una sentencia a favor tuya, esta jugada la podés hacer y es legal. Llevás cuatro firmas y hay dos firmas que están gallo-gallina que quieren y no quieren. Pueden recibir una orden y retiran la firma. Aquí todo el mundo viene a cabildear. ¿Cómo va mi caso? Muchas sentencias se han revertido, pero si aquél es inteligente, y esto a lo mejor va a servir para que mucha gente no haga jugadas de ese tipo, trae tres testigos para que vean las cuatro firmas y damos por notificada la resolución. Pasó el término de cosa juzgada y ¡pos! Carne”.
Sin embargo, Argüello aseguró que él no se robó “ni diez centavos” y que tampoco el dinero retirado servirá a la campaña electoral del FSLN, como acusó recientemente el diputado liberal Wilfredo Navarro.
Según él, si hay siete funcionarios involucrados y son 600 mil dólares, “no creo que por mil dólares se vayan a meter el cuchillo, mínimo son de diez mil para arriba y si supuestamente yo armé todo el paquete ¿no pido mis cien mil?”.
A partir de la denuncia pública, la CSJ inició una investigación por la que fueron sancionados jueces, abogados y la notario Bracamonte, quien dio pie a la liberación del dinero dando testimonio de la sentencia de Argüello.
En esa sentencia, la Sala Constitucional de la CSJ se pronunciaba sobre un recurso interpuesto por Javier Antonio López Poveda, que sostenía que los procesados estaban detenidos ilegalmente, porque supuestamente se les había juzgado en Managua, a pesar que los habían capturado en San Marcos, Carazo. En las investigaciones se probó al final que ni López puso el recurso y tampoco se detuvo a los implicados en Carazo.
¿IMPLICADO?
El magistrado sostuvo que hasta ahora no había querido hablar en los medios de comunicación para no implicarse en el caso, porque aún falta por resolver parte del mismo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la que también es miembro.
Hasta ahora, el caso judicial González Largo y Bucardo está dividido en dos acusaciones, una por lavado de dinero asentada en el Tribunal de Apelaciones que nació en una acusación de la Fiscalía a partir del decomiso de 609 mil dólares que la pareja llevaba en una llanta de repuesto. La otra es por falsificación de moneda y está en manos de una comisión de la CSJ.
En el caso del Tribunal de Apelaciones, la defensa de González Largo ya había desistido de la apelación del juicio principal por lavado de dinero, lo cual dejó firme la sentencia de prisión y evitaría que este caso llegue al conocimiento de la CSJ.
Un abogado explicó que lo que podría pasar es que el Tribunal de Apelaciones de Managua no acepte lo dicho por el abogado defensor y pase a la Sala Penal de la CSJ, de la que el magistrado Argüello es parte.
Pese a que nada de esto ha pasado, el magistrado adelantó parte de sus criterios y sostiene que se puede decir que el acusado cometió defraudación de dinero, pero no lavado. “Si yo sostengo que esa ley (285, de estupefacientes) es inconstitucional van a decir que soy pagado por el narcotráfico (…) Todos somos iguales ante la ley y no hay juicios de excepción. En ese caso no hay jurado, sólo un juez de derecho”, argumentó.
Argüello sostuvo que no importan los antecedentes de González Largo en el proceso que se le lleva, porque eso es cosa del Código de Instrucción Criminal y ahora se usa el Código Procesal Penal, en el que se establece la presunción de inocencia hasta el último momento.
Tampoco cree en las pruebas de la Policía. “A mí no me consta”, afirmó de una comunicación en la que el comisionado mayor Julio González, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), le había informado de detenciones del narco en otros países.
Argüello dijo que en una ocasión defendió a un juez que en la CSJ querían destituir por liberar a un narcotraficante en Bluefields. “Si vos ayudás a un narcotraficante es un pecado”.
LEA MAÑANA: MAGISTRADO BOXEADOR
LA PRENSA publicará este lunes un reportaje completo sobre el magistrado Rogers Camilo Argüello, quien salió del anonimato con el caso de los 609 mil narcodólares.
En este reportaje se habla de su malograda carrera de boxeador, su parentesco y relaciones con Daniel Ortega y su fulminante carrera judicial que le permitió pasar de defensor público, a juez de Distrito y luego magistrado de la Corte Suprema ¡en sólo dos días!