Editorial
Algunos sectores políticos independientes han presentado la propuesta de que en vez del fracasado “diálogo nacional” entre Gobierno, FSLN y PLC, se haga un diálogo de las fuerzas democráticas para impulsar un movimiento cívico en demanda de una asamblea nacional constituyente.
Se trata de una excelente propuesta. En realidad, el diálogo del Gobierno con el FSLN y PLC no ha servido para nada bueno, a pesar de la participación como testigos y garantes de la Iglesia Católica de Nicaragua y las Naciones Unidas, por medio del cardenal Miguel Obando y del Coordinador Residente de la ONU en Nicaragua, señor Jorge Chediek, respectivamente. De manera que lo mejor que puede ocurrir es que ese diálogo de cúpulas se termine, al haber la Asamblea Nacional escogido magistrados y contralores sin consenso con el Presidente de la República, como debió ser según el punto 8 del Acuerdo por el Diálogo Nacional que Daniel Ortega y el presidente Enrique Bolaños suscribieron el 12 enero pasado.
En realidad, de conformidad con el Artículo 138 de la Constitución, la Asamblea Nacional no necesita consensuar con el Poder Ejecutivo los nombramientos de los altos cargos estatales que le corresponde designar. Pero el mencionado acuerdo con el presidente Bolaños que firmó Daniel Ortega en nombre del FSLN y en representación de Arnoldo Alemán y del PLC, dice textualmente que: “El paquete de todos los servidores públicos nombrados por la Asamblea Nacional por el resto del período del actual gobierno atenderá el consenso de los tres principales actores políticos del país: FSLN, PLC y Gobierno Nacional”.
Cuando leímos este punto del Acuerdo pensamos que Ortega —en nombre propio y de Alemán y el PLC— había hecho esta concesión para que el presidente Bolaños aceptara la reforma constitucional, como en efecto la aceptó con la inclusión de una disposición transitoria acerca de su implementación. Y a pesar de que jurídicamente un compromiso político no puede estar por encima de la Constitución, lo cierto es que de acuerdos que contradicen la norma constitucional está plagada la historia política de Nicaragua, sobre todo en los últimos años. Además, si no iban a respetar el acuerdo, ¿entonces para qué lo firmaron? ¿y en qué situación de credibilidad quedan los testigos y garantes con este incumplimiento del FSLN y el PLC con lo que pactaron públicamente y con patética solemnidad?
Algunos analistas políticos consideran que Ortega y Alemán accedieron a dialogar con el Gobierno por la presión internacional, pero sobre todo para desmotivar la protesta cívica y democrática contra el afianzamiento de la dictadura bicéfala, libero-sandinista, desde la Asamblea Nacional.
Como sea, el hecho es que ha quedado plenamente demostrado que el tal diálogo nacional entre los tres “actores políticos” (Gobierno, FSLN y PLC) era una farsa. Y que lo mejor que se podría hacer para bien del país es que esa farsa termine de una buena vez, que se organice el diálogo alternativo y se impulse el movimiento cívico por el referendo sobre las reformas constitucionales y/o por la elección de una asamblea nacional constituyente.
Lo que Nicaragua necesita verdaderamente y de manera imperiosa es una nueva Constitución, pero que sea auténticamente democrática, que permita la despartidarización de las instituciones y la elección o escogencia de personas que sean verdaderamente dignas de ejercer los poderes públicos y administrar los recursos de la nación.
No cabe duda de que el diálogo es un instrumento democrático indispensable para buscar y alcanzar soluciones a los problemas de interés común, por muy difíciles que sean. Así lo ha demostrado la experiencia democrática mundial, como también demuestra que entre más personas y grupos sociales y políticos participen en la toma y ejecución de las decisiones de interés público, más funcional es el sistema de gobierno y de manera más rápida y efectiva se resuelven los problemas y se superan los obstáculos que impiden el desarrollo y el progreso económico de la sociedad.
Y ante todo se requiere que quienes dialoguen sean personas dignas y que tengan interés en resolver los problemas sociales, no en saquear o seguir saqueando el Estado que han convertido en botín.