- La hoja de vida de cada aspirante al cargo esconde su filiación política, pero al momento de la elección ese “pequeño dato” es determinante. Los criterios para los nombramientos de los jueces son políticos. “El dedazo”, le llaman los mismos magistrados; un método arcaico y antiprofesional que le ha permitido a algunos abogados de cuestionada honorabilidad entrar, ascender como la espuma dentro de las estructuras del Poder Judicial y ensuciar el nombre de la justicia, que urge dar muestras de cambios, de despartidización
Mirna Velásquez Sevilla yCarlos Martí[email protected]
¿Profesión? Abogado. ¿Filiación? FSLN ó PLC. ¿Experiencia? Ninguna. ¿Cargo al que aspira? Juez. ¿Fortalezas? Obediencia y lealtad al partido.
Las calidades y méritos profesionales no parecen importar a los magistrados que deciden quién impartirá justicia. Así ha funcionado en los últimos años la elección de los funcionarios que imparten justicia y, aunque la Ley de Carrera Judicial establece el concurso profesional para llenar las nuevas vacantes, lo cierto es que la falta de reglamentación hace indicar que las cosas no cambiarán y esa gran debilidad del sistema seguirá ahí, por un tiempo indefinido.
La partidarización y obediencia política de los jueces tiene su origen en el nombramiento de los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se realiza en la Asamblea Nacional. Estudiosos del tema coinciden en que por esa razón se cometen grandes desaciertos en la administración de justicia.
DESCOMPOSICIÓN MORAL
Para el abogado y ex juez Sergio García Quintero los desaciertos del Poder Judicial no se producen porque el sistema de elección sea malo, sino porque se ha llegado a un estado de descomposición moral y la politización es apenas una de las manifestaciones de corrupción en el país.
Para García Quintero lo que podría ser un excelente sistema de elección se ve empañado por la acción de los diputados que no eligen a los magistrados tomando en consideración los méritos de cada uno de los candidatos, sino teniendo como parámetro el grado de fidelidad a los líderes políticos. Y lo que es peor, a veces ponen en el cargo de magistrados a abogados que no tienen ni la menor experiencia ni han ejercido la profesión. Incluso, algunos llegan a la Corte en la completa ignorancia.
Según el ex funcionario judicial, la corrupción invade no sólo el terreno de los magistrados de la CSJ, sino también ha tocado a magistrados de los Tribunales de Apelaciones y a jueces.
“Cada magistrado tiene un pequeño feudo dentro del sistema judicial de Nicaragua y estos jueces sirven como verdaderos criados. Por esa razón es que se observa que muchos magistrados de la Corte litigan en sus juzgados por medio de interpósitas personas y los jueces están obligados a dictar fallos a favor de ellos”, argumenta García Quintero.
Este señalamiento, de acuerdo con el jurista, no es ningún invento pues la ciudadanía ha identificado con nombre completo a los magistrados que litigan “vergonzosa y delincuencialmente”, aprovechando que el juez no llegó a ocupar ese puesto por sus propios méritos.
VULNERABLES
Omar García Bolívar, presidente de la empresa BG Consultores, Inc., una firma de consultoría con base en Washington, D.C., especializada en políticas de desarrollo, desarrollo empresarial y conflictos de inversiones, realizó un estudio profundo de este tema en Nicaragua y concluyó que los jueces son nombrados únicamente sobre la base de la lealtad a un partido político y son, en última instancia, responsables de sus fallos ante sus jefes políticos.
Y así como son nombrados, los jueces pueden ser despedidos sin una causa justa, situación que arrastra la falta de imparcialidad, de acuerdo con el consultor.
“En la práctica, ellos pueden ser despedidos por voluntad de los magistrados de la Corte Suprema, quienes son ellos mismos nombrados por la Asamblea Nacional sobre la base de su lealtad política, y están sujetos al renombramiento sólo si satisfacen a sus jefes políticos. El sistema de control es tal que los jueces de la Corte Suprema tienden a dar responsabilidades sobre los departamentos para los cuales sus intereses personales son los más elevados, creando una situación en la que las decisiones de los jueces de los tribunales inferiores se basan en los intereses personales de esos que monitorean esas decisiones”, concluye García en su estudio.
El magistrado Francisco Rosales, en cambio, sostiene que antes de la aprobación de la Ley de Carrera Judicial los nombramientos se hacían en base a los currículos de quienes solicitaban a la Corte su contratación.
LA ESTRUCTURA Y LA ELECCIÓN
La CSJ la integran 16 magistrados que deciden sobre las remociones y nombramientos de jueces en los tribunales inferiores.
Los jueces son atendidos mediante la distribución geográfica de los magistrados. Es así que, antes de la aprobación de la Ley de Carrera Judicial, cada magistrado tenía su propio “feudo”.
Esto, según Rosales, produjo que cada magistrado tuviese “un cierto monopolio” de contratación de los nuevos jueces, así como en las propuestas de suspensión o destitución de cualquier juez en esas zonas.
En Nicaragua hay 21 tribunales sentenciadores para los asuntos civiles y comerciales. Estos son tribunales de un juez también nombrado y sujeto a remoción por la Corte Suprema. Hay también tribunales municipales para tratar casos en los cuales la pena máxima es menor de tres años de prisión. En total, hay 242 tribunales en el país. Estos incluyen, entre otros, 9 cortes de apelaciones, 21 tribunales sentenciadores civiles, y 24 tribunales sentenciadores penales, explica la tesis de García.
COMPONENDAS POLÍTICAS
La minuciosa investigación se remonta al año 2000, cuando Arnoldo Alemán, entonces Presidente de Nicaragua, y Daniel Ortega, líder del FSLN, opositor al gobierno, acordaron establecer un control partidario de instituciones claves, tales como la Corte Suprema y se dividieron el control. Este fue el pacto.
Con el pacto se amplió el número de los magistrados de la Corte Suprema de 12 a 16.
LA REGLAMENTACIÓN
La Ley de Carrera Judicial establece que el proceso de elección de funcionarios que administran justicia debe darse mediante un concurso de méritos, pero, como se mencionó antes, la ley carece de un reglamento que establezca la normativa para aplicar algunos artículos de la ley, pese a que desde hace un buen rato está elaborado.
“La normativa, lógicamente, lo que va a hacer es desdoblar lo que dice la ley en relación al desempeño. Es decir establecer los subparámetros y los procedimientos para hacer la evaluación, igualmente para el acceso de los jueces a los cargos que se saquen a ofertar porque están vacantes, la ley de parámetros generales para la admisión, los cuales son el concurso de mérito y los exámenes, pero los valores en detalle de cada uno de estos parámetros se tienen que dar en la normativa”, explica la magistrada Alba Luz Ramos.
La funcionaria agregó que hay algunos magistrados dentro del Poder Judicial que se han negado a aprobar el reglamento y que inicialmente en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, conformado por cuatro miembros, había total voluntad de aprobarlo.
“Sin embargo una vez que lo llevaron hacia otros miembros de la Corte, algunos se negaron. Las razones internas que ellos tengan yo no te las puedo decir. Me parece que creen que de esa manera no se va a aplicar ley o quizás no quieren que se aplique la ley, ese es mi parecer porque no le encuentro otra razón”, interpreta Ramos.
¿SE TERMINARÁN LOS DEDAZOS?
Ramos defiende la postura de aplicar la ley en cuestión aún sin el reglamento y hacerlo a través de procedimientos en forma de acuerdos de corte plena para cada caso.
“Si aprobamos la Ley de Carrera Judicial no podemos ahora estar con subterfugios tratando de evadir su aplicación y si vos no aplicás la ley, seguís eligiendo de dedo, que ha sido el gran problema”, destaca la funcionaria.
Esta posición es compartida por el magistrado Francisco Rosales quien piensa que aunque no esté reglamentada la Ley, debe aplicarse con el fin de elegir a profesionales con méritos suficientes, idoneidad y probidad.
La Ley establece que las vacantes se abren a concurso de mérito y también se hace un examen que será regulado por un comité que se encargará de la contratación de los nuevos jueces.
PARA MUESTRA UN BOTÓN
En la sustracción de 609 mil dólares a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, se vieron implicados los jueces Julissa Carolina Bonilla Martínez, Julio Morales, Benjamín Arriaza y Moisés Rodríguez Zelaya.
“Fueron nombrados de dedo. Alguien presentó su currículo y lo propuso. Todos ellos de origen liberal, ninguno de origen sandinista”, asegura la magistrada Alba Luz Ramos.
La propuesta fue hecha por un magistrado en concreto pero el nombramiento se tiene que someter al voto de nueve de dieciséis magistrados, por lo tanto los magistrados sandinistas tuvieron que haber aprobado sus nombramientos.
La explicación de la magistrada Ramos es que cuando fueron propuestos no sabían de quiénes se trataban.
“¡¿Cómo voy a saber yo cómo te vas a comportar vos si te nombro juez? No sé””, agrega.
“Pero si yo tengo un concurso tuyo, tengo un examen, tengo un concurso de mérito, puedo por lo menos hacerme una idea. Ahí también se puede colar un sinvergüenza, nadie puede garantizar que por el hecho que haya concurso, que haya examen de admisión (…) puede ser un sinvergüenza muy inteligente y entrar” , admitió la magistrada Ramos.
El jurista Sergio García Quintero opina que en este caso existe el delito de asociación ilícita para delinquir porque hay magistrados que se han coludido con jueces y con abogados para formar “verdaderas pandillas delincuenciales que trafican con la justicia”.
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