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Absuelven a supuestos “tomatierras”

El caso ya había sido ventilado en otro juzgado capitalino Jorge Loáisiga Mayorga y Alejandro Flores [email protected] Roman, Times, serif»> Absuelven a supuestos “tomatierras” El caso ya había sido ventilado en otro juzgado capitalino Jorge Loáisiga Mayorga y Alejandro Flores [email protected] El Juez Séptimo de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir Ramos, rechazó […]

  • El caso ya había sido ventilado en otro juzgado capitalino

Jorge Loáisiga Mayorga y Alejandro Flores [email protected]

Roman, Times, serif»>

Absuelven a supuestos “tomatierras”




El caso ya había sido ventilado en otro juzgado capitalino

Jorge Loáisiga Mayorga y
Alejandro Flores Valle
[email protected]




El Juez Séptimo de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir Ramos, rechazó todas las acusaciones interpuestas contra un grupo de personas señaladas como las presuntas responsables del caso del “robo” de tierras al oeste de la Cuesta del Plomo, incluidas varias propiedades del Estado.

Los acusados eran Nery Poveda, Jorge Armando Ibarra Rivera, Yelba Barahona Venerio, José Ángel Vásquez Fonseca y Jannette Ortega Raudez a quienes se les imputaba el delito de falsificación de documentos públicos y auténticos en perjuicio del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y de la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo con la acusación presentada de forma autónoma por la Procuraduría General de la República (PGR), los acusados vendieron de forma ilegal unas 350 manzanas de tierras en la Carretera Nueva a León, afectando a particulares y al Estado.

Para poder hacer la venta ilegal de propiedades estatales, los acusados, según la Procuraduría, falsificaron documentos del Catastro, enjuiciaron a un muerto, falsificaron la firma de una hermanastra de la acusada, Yelba Barahona Venerio y habrían falsificado documentos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

Sin embargo, el juez Alvir Ramos dijo, al finalizar la audiencia inicial, que llegó al convencimiento, al examinar las acusaciones, de que esos hechos presentados por el Ministerio Público, por la PGR, por los acusadores autónomos y un acusador adherido a la acusación de la Fiscalía, son “atípicos”, “por lo que voy a rechazar todas las acusaciones formuladas e interpuestas por las instituciones antes mencionadas así como por el acusador particular del Ineter y el otro acusador adherido de la DGI”.

“Es obvio que esta autoridad tiene la potestad de rechazar cada una de las acusaciones cuando los hechos no encuadren en una figura penal, o sea, en caso de atipicidad dado que el proceso penal a como lo establecí al inicio de mi resolución tiene por finalidad solucionar los conflictos de naturaleza penal, así también debo señalar que las mismas razones que la ley establece en el artículo 224 CPP (Código Procesal Penal) como causales para que el fiscal desestime la denuncia asisten al juez para rechazar una acusación, esa es mi resolución de esta audiencia inicial”, indicó el judicial.

La causa judicial tuvo muchos tropiezos, pues la misma primero se había radicado en el Juzgado Octavo Penal de Audiencia de Managua, donde la juez Karla García Zepeda la mandó a archivar por encontrar inconsistencias en la acusación.

Los acusadores apelaron la decisión de García, pero dicha resolución fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones de Managua y luego los acusadores volvieron a presentarla radicándose esta en el juzgado de Alvir Ramos.

Este caso fue denunciado en junio del 2004 por LA PRENSA y fue conocido como el gran robo de tierras, de propiedades que se extendían desde la Cuesta del Plomo, sobre la Carretera Nueva a León, hasta la entrada de Ciudad Sandino, que incluían empresas privadas e inmuebles del Estado como la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Entresa), Banco de la Vivienda de Nicaragua (Bavinic) y de la Iglesia Católica, las cuales fueron vendidas a Urbanizadora Americana S.A., por Yelba Barahona Venerio en supuesta representación de su difunto padre Julio César Barahona.

ENJUICIAN A DIFUNTO

Todo empezó en 1999 cuando Barahona Venerio, fingiendo ser apoderada de su padre, Julio César Barahona Ruiz, enjuició al difunto Ofilio Mendoza Osorno por una falsa deuda de 600 mil córdobas.

Mendoza fue, en los años sesenta, dueño de parte de las tierras, pero al momento de su muerte ya no tenía ni un metro de la propiedad.

LA PRENSA intentó comunicación vía telefónica al número 8827010, con la procuradora Iris Valverde López para conocer su versión en cuanto al caso, pero la llamada se cortó.

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